LOS JEFES DE ESTADO ORIUNDOS DEL TOLIMA

Por Augusto Trujillo Muñoz

Introducción

El 23 de junio de 1781, don Juan Gutiérrez de Piñeres, Regente Visitador de la Nueva Granada, se enteró de un espontáneo levantamiento popular ocurrido en la plaza de San Bartolomé de Honda, al conocerse informaciones según las cuales avanzaba sobre la villa José Antonio Galán, el comunero: “Honda debe ser defendida a toda costa porque es la garganta del reino”, exclamó, mientras ordenaba reforzar el puerto con tropas leales a la Corona.

En la explotación minera de Malpaso, Galán proclamó la liberación de los esclavos. Poco después se tomó a Ambalema y semanas más tarde llegó hasta las inmediaciones de San Bonifacio de Ibagué, en el valle de las lanzas, cuyos habitantes se sublevaron también contra las autoridades españolas, como sus paisanos de Honda lo habían hecho dos meses antes. De igual manera las gentes del común en el Llano Grande de Espinal y en la villa de las Palmas de Nuestra Señora de la Purificación convocaron a la protesta, mientras en la meseta de Chaparral de los Reyes se levantaban los indígenas, bajo la dirección de un caudillo aborigen, de cuya historia se sabe poco: el indio Simón Bernate.

En 1783 se radicó en San Sebastián de Mariquita don José Celestino Mutis, científico español que había llegado 21 años atrás a la Nueva Granada como médico del virrey don Pedro Messía de la Zerda. El sabio Mutis trajo consigo el acervo de conocimientos que, a la sazón, elaboraba Europa con los materiales del pensamiento moderno. Los principales ejes de su trabajo fueron la construcción analítica, la comprobación experimental, la reflexión conceptual en torno a las investigaciones más avanzadas de su tiempo en materia de ciencias naturales, filosofía, matemáticas, astronomía y medicina.

Mutis llegó a las tierras del norte tolimense con el encargo de estudiar la flora y la fauna de la región, dentro del marco de la Real Expedición Botánica. El ambicioso programa se desarrolló al amparo de las políticas del despotismo ilustrado proclamadas por la corona española en los tiempos del rey Carlos III. “Acompañado de Eloy Valenzuela ‘un hombre de inteligencia poco común’…empezó a explorar la región y a reseñar las investigaciones en su Diario de Observaciones” (Viana, p. 14).

También en Mariquita había nacido Francisco Antonio Moreno y Escandón, un brillante letrado que llegó a ser Fiscal Protector de la Real Audiencia. Moreno recibió el encargo de elaborar un plan de estudios que sustituyera “las cuestiones estériles y puramente especulativas por los sólidos conocimientos de las ciencias de la naturaleza”. La reforma fue aprobada por el Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero y Góngora, en cuya relación de mando está presente la orientación racionalista del nuevo plan y una nueva noción –orgánica y operacional- de universidad como comunidad académica abierta (García, p. 223). Aquellas innovaciones estimularon el pensamiento crítico y abrieron la puerta a nuevos cuestionamientos y debates.

La Nueva Granada vivió un proceso de cambios conceptuales verdaderamente revolucionarios, en el cual Mutis desempeñó un papel fundamental e insustituible. Su magisterio estimuló a algunos dirigentes de la rebelión comunera y casi todos sus discípulos –Francisco José de Caldas, Camilo Torres y Tenorio, Pedro Fermín de Vargas, entre otros- fueron grandes protagonistas de la generación precursora de la independencia.

La dimensión de la enseñanza de Mutis “no ha sido adecuadamente comprendida por quienes, en el confuso mundo de hoy, ven la ciencia –de la naturaleza, de la sociedad y del hombre- como una actividad puramente formal y descriptiva, que se refugia en una academia de invernadero –fuera del tiempo y del espacio- y que no se compromete con las grandes causas de transformación de la realidad y de la historia” (García, p.219).

El Acta de Independencia fue aprobada el 20 de julio de 1810 por el Cabildo de Santafé de Bogotá, cuya secretaría desempeñaba el ibaguereño Mariano Martín Melendro, quien como tal, la suscribe. En 1815 se promulgó la Constitución del Estado de Mariquita, dirigido por el Gobernador y Comandante General del Estado José León Armero, miembro también de la mencionada generación precursora.

Esa generación aprendió en Suárez que “el gobierno se funda y legitima por un contrato entre el pueblo y el gobernante”. En virtud de ese pacto el monarca contrae con la comunidad unas obligaciones, cuyo incumplimiento determina la resolución del contrato (Echandía, p. 133). Doscientos años después la tesis de Rousseau sobre el contrato social tendrá con las ideas de Suárez unas semejanzas sorprendentes.

Mutis recogió el viejo concepto hispánico de comunidad, propio del medioevo cristiano, expresado políticamente en los fueros locales y en los cabildos, para integrarlo con ideas de la modernidad, con la filosofía de Newton, con las concepciones de la Escuela Española de Jurisprudencia. Mariana, Vitoria, Suárez, Covarrubias, el iusnaturalismo y la doctrina del bien común, dieron sustento ético y político a quienes, tanto en Europa como en América, combatían el derecho divino de los reyes y proclamaban ideas libertarias.

Aquellas líneas de pensamiento, integradas por Mutis, conformaron la esencia de un ethos político-cultural de Iberoamérica y la raíz de un nuevo paradigma cuyo desarrollo, si bien precipitó la independencia, se vio frustrado por la Reconquista. Al no poder recuperarlo, la generación libertadora cedió a la influencia de la mercancía ideológica inglesa, francesa y norteamericana, generando un proceso de contradicciones históricas que, según la lúcida interpretación de William Ospina, hizo crecer a nuestros países con el centro de gravedad situado afuera.

Los tolimenses, pues, están vinculados a grandes sucesos desde los tiempos coloniales. A diferencia del Cid, que ganaba sus batallas después de muerto, el Tolima hizo presencia en la historia desde antes de su nacimiento. Ésta apretada síntesis que –en forma impropia- me permito incluir a modo de introducción, da testimonio de ello. Pero además ayuda a entender que el hilo conductor de la contribución del Tolima al devenir nacional, gira fundamentalmente en torno a las ideas progresistas y a la acción renovadora.

Las breves líneas que siguen enmarcan un escenario de actividad pública, cuyo eje central son las ejecutorias intelectuales y políticas de los ciudadanos tolimenses que, a lo largo de nuestra historia republicana, ocuparon la Presidencia de la República.

La Gran Colombia.-

Entre el Congreso de Angostura y la muerte del Libertador se vivió el experimento de la Gran Colombia. Organizada alrededor de la Constitución de 1821 expedida por el Congreso de Cúcuta, la nueva república asumió el liderazgo político-militar en América del sur y obtuvo el reconocimiento expreso de los Estados Unidos en 1822, de Gran Bretaña en 1825, y un reconocimiento tácito del Vaticano en 1827, cuando el Papa designó obispos en las diócesis vacantes, de común acuerdo con el general Francisco de Paula Santander, quien fungía como vicepresidente de la Gran Colombia.

Así mismo, en su condición de Presidente, el Libertador decidió convocar el Congreso Anfictiónico de Panamá, al cual fueron invitados todos los países de América. La idea era conformar una especie de Confederación, sin la presencia de Estados Unidos, cuyo gobierno finalmente fue invitado por Santander contra la voluntad de Bolívar. Más que un carácter panamericano, la Confederación debía ir desde México hasta el alto Perú, e incluir eventualmente a Chile, pues tanto Estados Unidos como Argentina y el imperio Brasilero, a juicio de Bolívar, tenían otros intereses.

Una nueva demostración de liderazgo continental hizo el propio Libertador cuando redactó la Constitución boliviana para aplicarla en todos los países andinos, con el propósito de conciliar opiniones y superar enfrentamientos. Bolívar veía en dicha obra constitucional la transacción de Europa con América, del ejército con el pueblo, de la aristocracia con la democracia y del imperio con la república (Safford, p. 252). La Constitución boliviana fue rechazada en medio del auge del constitucionalismo liberal, cuya coherencia teórica se impuso más allá de cualquier referencia contextual. Sin embargo aquella Constitución debe ser examinada como un experimento autónomo, que es preciso juzgar en los términos de su tiempo y de su espacio.

Por los días de la Constitución boliviana comenzó un período de gran inestabilidad política. Diferencias entre Bolívar y Santander, rebeliones en Venezuela, crecimiento de la deuda pública, en fin, problemas múltiples presionaron la convocatoria de la convención de Ocaña a principios de 1828. Su fracaso, seguido de la dictadura de Bolívar agudizó aún más los problemas hasta precipitar la disolución de la Gran Colombia. En 1830 el Libertador abandona el poder y decide viajar a Europa. El Congreso nombra como nuevo presidente al caucano Joaquín Mosquera Arboleda y como vicepresidente a Domingo Caicedo Santamaría. Caicedo nació en Bogotá, el 4 de agosto de 1783, pero mantuvo estrechos vínculos con el sur del Tolima y fundó una verdadera estirpe tolimense.

Retirado Bolívar la situación empeoró aun más. Mosquera y Caicedo eran partidarios de Bolívar pero su moderación política les impedía asumir posiciones de corte radical. Para reconciliarse con los liberales granadinos Mosquera designó como ministro del Interior al constitucionalista Vicente Azuero, uno de los más conspicuos miembros del grupo de amigos de Santander, quien prontamente derogó decretos que habían sido expedidos durante la dictadura de Bolívar.

En junio de 1830 estallaron disputas entre dos batallones acantonados en Bogotá. Tanto en la composición de la tropa como en la del alto mando uno de los batallones era de mayoría venezolana y el otro granadina. La situación dejo de ser difícil para tornarse conflictiva y comprometer la gobernabilidad del país. El presidente Mosquera y su gabinete renunciaron y el general Rafael Urdaneta asumió el poder como presidente provisional, mientras podía reasumirlo el Libertador, a quien le pidieron regresar.

Bolívar estaba en Cartagena y se disponía a partir para Santa Marta, rumbo a Europa, cuando recibió la invitación de Urdaneta. Delicado de salud decidió declinarla y continuó su viaje. Pocos meses después falleció en la Quinta de San Pedro Alejandrino, antes de poderse embarcar hacia el viejo continente.

La muerte del Libertador dejó sin fundamento al gobierno provisional de Urdaneta. A principios de 1831 las principales fuerzas granadinas, al mando de los generales José María Obando y José Hilario López, se rebelaron contra el presidente. En medio de un creciente malestar los sublevados reclamaron la presencia de Domingo Caicedo, vicepresidente constitucional, mientras Urdaneta comprendía que el país se encontraba al borde de una guerra civil. No tardó Caicedo en declararse en ejercicio del mando, a través de un decreto que promulgó desde la villa de Purificación, en el sur del Tolima.

La moderación de Caicedo y la claridad de Urdaneta resultaron fundamentales para superar el enfrentamiento. Luego de una serie de negociaciones las dos partes suscribieron el Convenio de Apulo, en medio de las críticas de los más radicales de ambos bandos. Urdaneta renunció a favor de Caicedo y éste le dio la garantía de no permitir persecución alguna contra sus partidarios. Al poco tiempo la mayoría de los militares venezolanos partieron hacia Caracas y en la Nueva Granada el cuerpo de oficiales se redujo notablemente. Aunque en el resto del siglo un gran número de generales accedió a la presidencia de la República, la mayoría lo hizo por la vía electoral. A pesar de algunos golpes de Estado y varias guerras civiles, Colombia tuvo durante el siglo XIX más gobiernos constitucionales que la mayoría de los demás países hispanoamericanos.

Caicedo –abogado del Colegio Mayor del Rosario, del cual fue más tarde vicerrector- vivió en España a comienzos del siglo XIX, donde se desempeñó como suplente de las Cortes o parlamento Español. Allí lo sorprendió la revolución del 20 de julio, por lo cual decidió regresar en compañía de Vicente Bolívar, hermano del futuro Libertador, y se alistó en los ejércitos patriotas. El 2 de febrero de 1815 casó en Bogotá con Juana Jurado y Bertendona, hija del oidor Juan Jurado y Laínez y de su esposa Concepción Bertendona, dama de elevada posición social, hija de Antonio Bertendona Dávila Ponce de León y Montero y de Juana O’Conrri, oriundos de Sevilla (Carrizosa, p. 50). La familia Caicedo Jurado tuvo siete hijos, en su mayoría nacidos en el Tolima.

Los Caicedo Jurado simbolizaron el conservatismo dinástico del Tolima, sostiene el historiador Hernán Clavijo. Por cierto, fueron ellos quienes, hacia 1865, vincularon a la actividad agropecuaria en Saldaña al futuro general Manuel Casabianca, quien se convirtió en importante hacendado, y más tarde en Gobernador del Tolima, Comandante del Ejército y ministro de guerra del Presidente Manuel Antonio Sanclemente. Casabianca fue otro gran símbolo del conservatismo dinástico.

Domingo Caicedo participó en las batallas de la Cuchilla del Tambo y de la Plata en 1816. Capturado por las fuerzas realistas, fue condenado a la pena capital. La circunstancia de ser yerno del Oidor Jurado le salvó de la muerte, sentencia que le fue conmutada por una multa onerosa y la abstención de actividades castrenses (Plazas, p. 55). Luego del triunfo de Boyacá fue nombrado Gobernador de Neiva y más tarde secretario del Interior y de Relaciones Exteriores.

Aun cuando nunca desempeñó en propiedad la presidencia, Domingo Caicedo es el colombiano que más veces la ha ocupado hasta ahora. Ejerció como encargado del poder ejecutivo en las siguientes ocasiones:

1. El 2 de mayo de 1830 cuando el Libertador le entregó el mando, hasta cuando el congreso eligió presidente a Joaquín Mosquera.

2. Elegido vicepresidente se posesionó de nuevo como presidente mientras el titular viajó durante un mes a Popayán.

3. Por enfermedad del presidente Mosquera volvió a encargarse del poder ejecutivo durante 15 días, a partir del 2 de agosto del mismo año.

4. El 14 de abril de 1831 ante el levantamiento armado contra el presidente Urdaneta se declaró en ejercicio del poder desde Purificación.

5. En octubre de 1840, siendo vicepresidente, ocupó de nuevo el solio presidencial mientras el titular José Ignacio de Márquez viajó a Popayán.

6. El 10 de abril de 1841 se encargó del poder, mientras su titular Pedro Alcántara Herrán, adelantaba operaciones militares en el sur del país, en desarrollo de la llamada “Guerra de los Supremos”.

7. El 20 de octubre de 1841 y el 13 de agosto de 1842 reemplazó de nuevo a Herrán, durante siete meses en la primera fecha citada y durante mes y medio en la segunda.

Domingo Caicedo Santamaría murió accidentalmente el 1º de julio de 1843 en Puente Aranda, cerca de Bogotá, cuando regresaba de la capital rumbo a su hacienda de Saldaña en el sur del Tolima.

Las sociedades democráticas y el radicalismo

Sobre la mitad del siglo XIX se produjo una gigantesca agitación política y social influida por los sucesos que venían ocurriendo en Europa. En 1847 Marx y Engels redactan el Manifiesto Comunista y en 1848 se produce en Francia la revolución contra Luis Felipe de Orleans. En la capital colombiana proliferan las sociedades de artesanos que agrupan a sus miembros según su actividad y terminan cobrando una gran importancia política. Se conocen con el nombre de Sociedades Democráticas, la primera del las cuales, que reunía a los maestros de Bogotá, había sido fundada desde julio de 1838 por Lorenzo María Lleras.

Desde el primer momento Lleras intentó movilizar al sector artesanal a favor de los liberales, pero ni en Bogotá ni en el resto del país los artesanos se identificaban con el liberalismo (Safford, p. 382). Sólo cuando Tomás Cipriano de Mosquera redujo el arancel para la importación de bienes terminados, se produjo un cambio en los artesanos: Comenzaron a luchar a favor de la adopción de medidas proteccionistas, lo cual los aproximó a José María Obando, mientras a ellas se acercaron jóvenes políticos y académicos en su mayoría liberales.

Los vínculos entre las sociedades democráticas y los liberales se convirtieron en un medio para intimidar a los conservadores en sitios donde antes habían predominado. Tal intimidación llegó a realizarse en forma violenta, sobre todo en el valle del Cauca, donde bandas armadas de campesinos y artesanos –enfrentados en torno al dominio o al usufructo de tierras comunitarias- atacaban las haciendas de los conservadores y a sus personas. A la queja de éstos por el abuso, los liberales calificaron las acciones violentas como “retozos democráticos” (Safford, p. 383).

En Bogotá la acción política de líderes artesanales como Ambrosio López, Miguel León, José Vega y otros, que trabajaban en sastrería, herrería, zapatería, etc., es enriquecida por jóvenes figuras intelectuales como Salvador Camacho Roldán y Manuel Murillo Toro, Joaquín Posada Gutiérrez y Manuel María Madiedo. Una conocida novela del escritor Eugenio Díaz Castro titulada ‘Manuela’, recrea muy bien la situación social de la época.

Llegó al país por primera vez la influencia del ideario socialista. Prouhdon, Blanc, Fourier, Sismondi y otros pensadores universales llegaron con su mensaje hasta la América del sur. El llamado socialismo utópico abrió escenarios políticos en las sociedades democráticas, en cuyo seno tuvo un amplio recibo. No fueron éstas únicamente organizaciones gremiales de artesanos. También sirvieron como vehículo de acción política a la ‘intelligentsia’ juvenil de las nacientes clases medias, unidas con los artesanos en comunes objetivos políticos.

En medio de la proliferación de las sociedades democráticas y del liderazgo de los artesanos, nació la Escuela Republicana. De ella hicieron parte los estudiantes más notables de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional y del Colegio de San Bartolomé. La Escuela Republicana fue la crisálida del partido o grupo Radical, el cual se conocería inicialmente con el nombre de “Gólgota”, por las constantes alusiones al mártir del gólgota, para fundamentar las ideas socialistas invocadas por algunos de sus miembros (Gaviria 2002, p. 125). En ese momento, “gólgotas” y “draconianos” fueron la expresión de dos vertientes del recientemente nacido liberalismo colombiano.

Dicha Escuela contó entre sus miembros y simpatizantes a los tolimenses Manuel Murillo Toro, Aníbal Galindo, José María Rojas Garrido y Francisco Eustaquio Álvarez. Éste último fue, por cierto, el presidente de la Asamblea Constituyente del Estado Soberano del Tolima, reunida en Neiva, la cual adoptó la primera Constitución del Estado, suscrita por Álvarez y sancionada el 31 de enero de 1863 (Mayorga, p. 154).

Las nuevas generaciones de esa época recibieron simultáneamente dos mensajes contradictorios. El de 1789, individualista, en el cual el hombre es titular de derechos imprescriptibles, y el de 1848 cargado de contenidos sociales y estimulados por los abusos del capitalismo. Ambos coincidían, eso sí, en la necesidad de asegurar la libertad (Molina, tomo I, p. 19). Aquella juventud armonizó como pudo sus tendencias dispares y se dispuso a participar en la solución de los tres principales problemas de la época: Era el primero de naturaleza política surgido entre federalistas y centralistas; otro de tipo económico expresado en las medidas de protección arancelaria frente al libre cambio; y otro de tipo social referido a la tenencia de la tierra.

Hacia la mitad del siglo XIX el general José María Obando era, tal vez, el líder más prestigioso del país. No sólo gozaba del respaldo de todos los que sostenían ideas liberales y tenían preocupaciones sociales sino, específicamente, de las sociedades democráticas. Desde 1849 se perfiló como candidato para suceder al general Tomas Cipriano de Mosquera, su gran adversario, pero por razones tácticas prefirió apoyar al general José Hilario López, quien resultó elegido el 7 de marzo en una agitada sesión del Congreso.

López nombró ministro de Hacienda –secretario, se llamaba entonces- al abogado Manuel Murillo Toro, quien años más tarde llegaría a ser Presidente de la República. Murillo había nacido en Chaparral el 1º de enero de 1816 e iniciado sus primeros estudios bajo el auspicio del párroco de Ortega, Nicolás Ramírez. Con la ayuda de Saturnino Ortiz, abuelo materno del intelectual tolimense Nicolás Esguerra, se hizo bachiller en el Colegio San Simón de Ibagué. En medio de limitaciones económicas muy severas Murillo viaja a estudiar a Bogotá y, como universitario, comienza a escribir artículos de prensa en los medios a su alcance. Uno de ellos, escrito contra la candidatura presidencial de José Ignacio de Márquez, impresionó al general Santander, quien sin muchas pesquisas identifica al autor del libelo, lo acoge y lo hace nombrar en un cargo menor de la secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Lino de Pombo (Gómez, p. 4). En esa forma Murillo costea sus estudios y logra hacerse abogado.

Entre tanto sigue escribiendo artículos de prensa que lo convierten en un periodista respetado y respetable. Murillo Toro manejó la pluma con maestría y a través de ella ejerció influencia pública durante casi su vida. En 1840 fue designado Oficial Mayor de la Cámara de Representantes y obtuvo una columna en los periódicos El Correo y Bandera Nacional. Algunos años después viaja a la costa caribe donde funda la Gaceta Mercantil y contrae matrimonio con Ana Romay Cabarcas, de cuya unión no hubo descendencia. Fue elegido entonces al Congreso, primero por la provincia de Mariquita y luego por la de Santa Marta.

Al asumir la cartera de Hacienda encontró un fuerte rechazo del notablato económico de Bogotá y del país no sólo por sus tesis sociales sino por su relación con las sociedades democráticas. La propiedad territorial era para él la institución de la cual depende la esclavitud o la liberación de los asociados, según que esté concentrada o distribuida. Su tesis central suponía la multiplicación de los propietarios (Molina, p. 73). Así mismo recogió el viejo principio español de la limitación de los intereses y condenó en forma vehemente la usura.

En teoría económica Murillo negaba que la tierra fuera susceptible de apropiación privada: ‘No tienen valor sino las cosas que son creadas por el trabajo; la tierra no es producto del trabajo, luego la tierra no tiene valor’. En ese silogismo puede resumirse su pensamiento. Sin embargo en el terreno político no preconizaba la tesis de la eliminación de la propiedad sobre la tierra, ni siquiera la de su socialización, sino la de la intervención del Estado en el régimen de su distribución, tenencia y empleo económico. Sin desdibujar sus ideas, sabía moverse en el terreno de la actividad pública con profundo realismo político.

Desde el enfoque liberal, Murillo coincidió en estos temas con un polémico pensador del conservatismo: Manuel María Madiedo, otra de las grandes inteligencias del siglo XIX, llegó a la conclusión de que la propiedad sobre la tierra nació del despojo, porque es un bien natural -como el agua o como el aire- dado por Dios a los hombres y por lo tanto no puede ser sometido a apropiación. Murillo y Madiedo coinciden en la formulación social de una política agraria partiendo, el primero, de la teoría clásica del valor, y el segundo de la doctrina cristiana del bien común.

Terminada su gestión en el gobierno de López, Murillo alternó el periodismo con la política y, rápidamente, se convirtió en uno de los más conspicuos voceros de lo que se conoció como el radicalismo liberal. Escribió en varios periódicos de Bogotá, en 1857 fue elegido presidente del Estado Soberano de Santander y en 1861 designado embajador en Estados Unidos. Mientras desempeñaba este último cargo fue sorprendido con la noticia de su elección como Presidente de la República, con el rerspaldo político de los Estados de Antioquia, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Se posesionó el 10 de abril de 1864. Ocho años más tarde fue elegido como Jefe de Estado por segunda vez.

Murillo Toro tenía un concepto activo del poder aún en medio del extendido criterio del dejar hacer que predominaban en su partido y en su época. A pesar de su profundo realismo –o quizás más bien gracias a él- terminó distanciándose de la tesis según la cual el buen gobierno es el que no se siente. Vinculó su nombre a decisiones como la de la libertad de los esclavos o a la adopción del telégrafo en Colombia. “Los maravillosos progresos técnicos pueden producir transformaciones sociales más hondas y persistentes que las que se hacen cambiando los preceptos legales o los sistemas políticos” (Echandía, p. 91). Murillo se movió con propiedad en los dos escenarios.

Cuando llegó al gobierno por primera vez encontró un alto déficit fiscal –principalmente originado en la abolición de los estancos y de otros impuestos de origen colonial- déficit que debía manejar la cartera de Hacienda, a su cargo. Murillo propuso trasladar a las provincias parte de las responsabilidades del gobierno central e inclusive algunos de sus recursos. Es el primer antecedente de descentralización fiscal que se encuentra en nuestra historia.

En opinión de Murillo aquella descentralización de ingresos no era simplemente una medida fiscal. Era también –y sobre todo- una forma de democratizar el país. Al otorgar una mayor responsabilidad a las provincias para crear impuestos y proveer servicios, se contribuiría a instaurar una democracia más vigorosa a nivel local (Safford, p. 389). Las preocupaciones por el municipio y la democracia local no fueron una prioridad del radicalismo, el cual centraba su interés en la autonomía de los estados, conforme a su vocación federal. Murillo Toro fue más municipalista que el promedio de sus contemporáneos.

Después de Bolívar, Murillo Toro y Rafael Núñez fueron los colombianos con mayor dimensión de hombres de Estado que gobernaron durante el siglo XIX. A Murillo se debe, por ejemplo la iniciativa de adoptar el impuesto directo, la primera ley de descentralización, la presentación de la ley de libertad de los esclavos, la ampliación de la red ferroviaria nacional, el establecimiento del sistema telegráfico, la reducción de la deuda externa, el incremento de la navegación por el Magdalena y la intervención del Estado en el régimen de tierras, al fijar en mil hectáreas la cantidad máxima que se podía adjudicar. Murillo presentó esta última propuesta siendo aún ministro de López, quien se abstuvo de respaldarlo, por lo cual se retiró de su cargo.

Profesaba un hondo respeto por los derechos de sus adversarios. Narran sus biógrafos que siendo Presidente se suscitó en Antioquia una rebelión conservadora, comandada por Pedro Justo Berrío, contra el gobierno de Pascual Bravo. A pesar de que la Constitución garantizaba la autonomía de los Estados soberanos, los liberales le pidieron a Murillo intervenir para sofocar la rebelión, deponer a Berrío y reimplantar el gobierno liberal (Eastman, p. 43). Murillo se negó a hacerlo. En otra ocasión el general Mosquera le solicitó expulsar al Obispo de Pasto por denigrar del presidente. Murillo le respondió: “El señor obispo está en su derecho”.

Murillo falleció en medio de extrema pobreza el 26 de diciembre de 1880. En el sepelio llevó la palabra su adversario el presidente Rafael Núñez, quien se expresó de la siguiente manera: “Durante un cuarto de siglo, el hombre cuya pérdida deploramos fue el heroico conductor de un partido político, cuyas huellas no se borrarán a pesar de sus errores…Murillo fue tolerante, defensor resuelto de los oprimidos, campeón indomable de la libertad de conciencia” (Arizmendi, p. 124). Murillo Toro influyó en la vida del país durante casi cuarenta años. Hombre de leyes, magistrado de la Corte Suprema, defensor de la civilidad y devoto del federalismo, paso a la historia como uno de los más grandes líderes colombianos del siglo XIX.

Cuando Murillo llegó al gobierno, por primera vez, en la administración de José Hilario López, se asomaba el radicalismo a la política nacional y sus protagonistas parecían empeñados en introducir el reino absoluto de la libertad humana. Sobre la mitad del siglo se comenzó a plantear la necesidad de una reforma constitucional, que finalmente se produjo en 1853. Sin llegar aún al federalismo, la Constitución dispuso la elección de los gobernadores provinciales y aprobó el sufragio universal masculino.

Es más, en desarrollo de la autonomía territorial la provincia de Vélez extendió el sufragio a las mujeres. Su legislatura fue la primera en adoptar semejante medida en el mundo (Bushnell, p.158). Como era de esperarse la Corte Suprema de Justicia procedió a anular aquella norma aprobada en Vélez, con el argumento de que ninguna provincia podía otorgar a nadie más derechos de los garantizados por la Constitución. Pero le cabe a Vélez un mérito universal, sólo igualado diez y seis años después por el Estado norteamericano de Wyoming, el cual adoptó la medida y pasó a la historia con merecimientos que deberían corresponderle a los veleños.

Mientras tanto las sociedades democráticas defendían la causa de los artesanos y debatían sobre las ideas socialistas. Los radicales abrazaron el romanticismo en el propósito de concluir la empresa fundacional de la república. Sus principales voceros en el Congreso pretendían desmontar privilegios que, a su juicio, permanecían en manos de estamentos como el clero y el ejército.

El general José María Obando, quien sucedió en la presidencia a López, se posesionó el 1º de abril de 1853. Asumió en medio de grandes expectativas de las sociedades democráticas y de no pocas reservas de los propietarios y comerciantes a quienes molestaba sus preocupaciones sociales. Éstos no sólo defendían en el Congreso las tesis antiproteccionistas –contra el interés de los artesanos- sino que con el ánimo de debilitar a Obando, reiteraban la idea de suprimir el ejército permanente. Hacía algún tiempo la tesis había sido expuesta por Florentino González y, de hecho, en ese año redujeron su número. Tales circunstancias hicieron que artesanos y ejército se aproximaran en la idea de formar un frente común para su defensa.

Durante el gobierno de Obando era comandante del ejército en Bogotá el general José María Melo, un antiguo soldado de la independencia que había sido retirado del servicio por su respaldo a Urdaneta cuando éste asumió el poder en 1830. Nacido en Chaparral el 9 de octubre de 1800, inició su carrera militar a los 19 años. Participó en las batallas de Bomboná, Junín y Ayacucho y recibió honrosas distinciones por su desempeño. Murió fusilado en el Estado mexicano de Chiapas el 1º de junio de 1860, donde luchaba, bajo las órdenes del general Ángel Albino Corzo, a favor de la causa de Benito Juárez. Al parecer, allí contrajo nuevo matrimonio con una hija de su jefe inmediato, pues actualmente existe en Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapateca, una familia Melo-Corzo, que desciende en forma directa del general.

Melo no era un hombre de ideas sino de sensibilidades. Carecía de una sólida formación doctrinaria, pero era dueño de una personalidad inteligente, vigorosa y audaz. “Hombre de violentas pasiones, dominado por el sectarismo, era de aquellos que se afilian a un partido político por razones de afecto y sentimiento, sin preocuparse demasiado por la doctrina, y sí mucho por el predominio de los amigos y los jefes. Militar desde la adolescencia y tan sólo militar, había cedido a la inclinación natural que tienen los guerreros hacia el autoritarismo y la disciplina, y apreciaba con criterio fanático los fueros y prerrogativas del ejército” (Lozano, 1980, p. 404).

Casó con Teresa Vargas Paris, cuya hermana Dolores era la esposa del general Rafael Urdaneta. De su matrimonio hubo dos hijos, José María y Bolivia, quienes crecieron con su madre en Caracas, a donde viajó la familia cuando Urdaneta dejó el gobierno, después del Convenio de Apulo. Melo abandonó a su esposa en la capital venezolana y partió en busca de aventura hacia Europa. Si bien el viejo continente era escenario de grandes agitaciones políticas, a las cuales no debió ser ajeno, su prioridad fue el contacto con academias militares para mantenerse actualizado en el oficio de sus preferencias. Durante mucho tiempo la familia no tuvo noticia suya. Cuando decidió regresar a Colombia estaba en su apogeo la guerra de los supremos. No obstante su vocación, consideraba concluida su carrera. Se instaló en Ibagué donde alternó la actividad comercial con la docente en el histórico Colegio de San Simón.

Mientras vivía en la capital del Tolima es buscado por su familia, según se desprende de una carta enviada por un sobrino de su esposa a un pariente común radicado en Bogotá:

“Me han asegurado que Melo está en Ibagué, hágame el favor de averiguar y avisarme su paradero para escribirle recordándole su conducta infame para con nosotros…” Cuando fue designado comandante general, Melo se puso en contacto con su familia en Caracas y pidió que le fuera enviado su único hijo varón para educarlo a su lado. Después de varias negativas, la madre decide enviarlo a Bogotá, pero cuando el joven va a embarcar en Maracaibo resbala, cae al mar y su cuerpo desaparece para siempre entre sus aguas (Ortiz, pp. 133 y 134).

Melo fue llamado de nuevo al servicio activo en 1848, por el gobierno del general Tomás Cipriano de Mosquera. Décadas atrás ambos habían servido bajo las órdenes del Libertador. Reincorporado al ejército se comprometió en la campaña presidencial de José Hilario López y cuatro años después en la de Obando. Aquel lo promovió a general y lo nombró comandante del Departamento de Cundinamarca. Durante esos años mantuvo una cordial relación con su paisano Manuel Murillo Toro.

Los hechos políticos se encargaron de aproximar al ejército con los artesanos. Aquel y éstos se sintieron amenazados por el Congreso, en cuyo seno se debatía la supresión del fuero militar y la apertura hacia el libre cambio. Melo y otros militares ingresaron a la Sociedad Democrática de Bogotá, en medio de la alarma de la mayoría parlamentaria y del notablato capitalino. En defensa de la institución castrense Melo fundó un periódico denominado “El Orden”, cuyo nombre denota bien el pensamiento de su inspirador. Sin embargo nombró director al periodista Joaquín Pablo Posada, apodado “el Alacrán”, defensor de las sociedades democráticas, en virtud de la cercanía entre militares y artesanos.

Obando llegó al poder en medio de un entusiasmo de los artesanos, como nunca antes se había registrado frente a líder alguno. Sin embargo se fueron decepcionando en la medida en que el nuevo gobierno se alejaba de sus promesas proteccionistas y se comprometía con las tesis del liberalismo económico. En medio de las continuas vacilaciones del presidente proliferaron contra él las críticas, mientras el Congreso estudiaba medidas contra la protección artesanal y contra el ejército permanente

Pronto comenzaron a aparecer disturbios callejeros e inclusive fuerzas de choque que enfrentaban a la gente con agresividad e incluso con violencia y en términos de clase. En junio de 1853, dentro de una masiva celebración religiosa, se produjo un violento enfrentamiento en el cual los “democráticos” atacaron físicamente a los notables, en medio de vivas a Obando y a Melo. Los enfrentamientos se volvieron cotidianos y en varias ocasiones terminaron en la muerte de ciudadanos de ambos bandos. La situación se tornaba insostenible. Mientras decrecía el prestigio de Obando entre los artesanos, crecía el de Melo, contra quien aumentaba la hostilidad en el seno del Congreso.

A comienzos de 1854 un grupo de congresistas pidió la disolución del ejército regular. Ante la negativa del presidente, el Congreso optó por disminuirlo de 1.500 a 800 efectivos. Ya en el pasado había ocurrido lo mismo. Mosquera lo redujo de 3.400 a 2.500 y López lo disminuyó a 1.500. Ahora éstos 800 estarían bajo el mando de un coronel y unos cuantos oficiales más. Al suprimirse el cargo de general, la medida afectaba directamente a Melo, cuya cercanía con los artesanos se expresó en la solidaridad de éstos con el comandante que, al mismo tiempo, formaba parte de su organización. El enfrentamiento llegó a un punto de no retorno.

Melo era el más visible paladín de los intereses militares (Safford, p. 404), pero no reaccionó contra la decisión del Congreso, pues fue vetada por el presidente Obando, quien le prometió al comandante un puesto en su gabinete, en caso de que se llegara a aprobar. Sin embargo el Congreso, cada vez más temeroso de las coincidencias entre los militares y los artesanos, propuso crear guardias municipales y autorizar el libre comercio de armas, para que las élites pudieran defenderse, e inclusive actuar contra el ejército permanente en caso de necesidad. En lugar de debilitar aquella alianza, las medidas del Congreso terminaron reforzándola.

Antes del golpe de Estado, Melo resultó implicado en unos hechos confusos en los cuales perdió la vida el cabo del ejército Pedro Ramón Quirós, subalterno suyo. Como consecuencia del incidente, el general no sólo sintió caer sobre sí la ofensiva política, sino también la judicial. Fue acusado de propinarle una herida con su sable a Quirós, por el sólo hecho de encontrarlo una noche fuera del cuartel sin permiso. Como aquella herida le causó la muerte, se levantaron unas diligencias sumarias, dentro de un proceso que no prosperó, cuyas copias desaparecieron el 9 de abril de 1948, en el incendio de la gobernación de Cundinamarca.

A mediados de abril de 1854 Melo visita a Obando pero su diálogo no trascendió nunca a la opinión. Probablemente aquel se sintió prisionero entre la hostilidad del Congreso, el respaldo de los artesanos, la incertidumbre sobre su situación personal, y concluyó que no podía cruzarse de brazos. El 17 de abril da un golpe de Estado en medio de la complacencia de los artesanos, quienes salen a la calle a respaldarlo. Tanto los militares como los artesanos le piden a Obando que asuma la dictadura, pero el presidente no acepta el ofrecimiento ni hace nada para sofocar la rebelión. Melo se ve obligado a tomar las riendas del poder, mientras el país se polariza entre los débiles que se rebelan y los notables que pasan a la clandestinidad.

Melo no estaba preparado para manejar la complejidad de semejante escenario. Más que líder de revolución alguna, era un hombre llevado por los acontecimientos. El papel protagónico en todo ese proceso estuvo a cargo del pueblo mismo, dirigido por artesanos en Bogotá, por soldados en Palmira, por indígenas en Cienaga, por sacerdotes en Popayán. En distintos sitios se rebeló la gente por las desigualdades sociales que trajo consigo el esquema propio de la división internacional del trabajo y la primera apertura del país hacia el desarrollo capitalista. Pero en aquellos momentos estelares les faltó un guía, un conductor, un dirigente.

No obstante, es preciso señalar que la agitación social y política del medio siglo XIX tuvo dimensiones comparables con la de 1780, cuando se produjo el levantamiento comunero, y con la de 1810 que culminó en el movimiento del 20 de julio. Ahora la acción política llevaba consigo una carga inmensa de romanticismo. Si bien se pregonaba la razón como sustento del proyecto moderno, también se privilegiaba el sentimiento sobre la inteligencia. La sensibilidad romántica impregnó por completo la actividad política de estos tiempos y sus líderes fueron ejemplo de confusión intelectual.

No es fácil definir el romanticismo. Al mismo tiempo, “es un fenómeno teorético y especulativo, y uno sentimental y práctico. Es la rebelión contra el academismo literario y el intelectualismo filosófico. En arte es el primado de la fantasía sobre las reglas; en ética, la espontaneidad, la pasión, el individualismo anarquizante; en historia el predominio del factor local y temporal que permite resucitar integralmente la vida pretérita. En filosofía, el idealismo, engendrado por la crítica Kantiana, que tuvo en Alemania su espléndido florecimiento desde Fichte hasta Hegel; en derecho es Savigny y la escuela histórica; en política es, acaso, la declaración de principios del ochenta y nueve” (Echandía, p.137). Toda esa carga de posibilidades y de contradicciones estaba detrás del suceso del medio siglo XIX, estimulando la lucha del pueblo en función de alcanzar con la mano un punto de remanso situado más acá del horizonte.

Lejos estaba José María Melo de ser el dirigente indicado para semejante momento histórico. A pesar de tener un corazón romántico él no era un líder político sino un comandante militar. En cambio la personalidad de Murillo Toro sintetizaba al agitador político y al hombre de gobierno. Por eso se convirtió en la figura más importante de su generación, del radicalismo y, en un momento dado, del país.

Entre 1850 y 1870 proliferó la literatura política animada por los autores románticos de moda en Europa, la cual tocó a dirigentes de ambos partidos. A los conservadores cautivaba el papel generoso y poético de Lamartine, mientras los liberales se dejaban arrebatar por las arengas de Blanc a los obreros de Luxemburgo (Jaramillo, p. 158). Camacho Roldán, los hermanos Samper, Anibal Galindo, entre otros liberales, fueron al mismo tiempo actores y cronistas de los principales acontecimientos políticos. Pero quizás nadie como Murillo Toro recogía aquella influencia con la visión del estadista que sabe distinguir entre la utopía y la opción revolucionaria ahora y aquí.

Infortunadamente Melo y Murillo Toro se distanciaron tanto, que la persecución desatada contra los radicales por el nuevo gobierno, desde el mismo 17 de abril, cobijó a éste último. La comisión enviada por el general rebelde no encuentra a Murillo en su casa, como lo corrobora José María Samper: “Al llegar a la casa encontré a la señora de Murillo en vela en su salita enteramente sola. Desde algunos días antes Murillo, muy amenazado y poco animoso para los lances peligrosos dormía lejos de su casa y enteramente oculto” (Ortiz, p. 210). Cuando Melo llegó al gobierno los liberales venían proclamando la libertad de cultos, la descentralización y la derogatoria del fuero militar, como ejes centrales del programa de su partido. El general revirtió la política en los tres frentes. Bajo su régimen los gobernadores serán nombrados y no elegidos, el catolicismo será de nuevo la religión oficial y el ejército disfrutaría de fuero especial.

Sin embargo a Melo le fue prácticamente imposible gobernar. A sólo un mes de haber asumido el poder, el dictador se vio en la necesidad de salir de Bogotá para ponerse al frente del ejército y sortear una situación de guerra que cada día se tornaba más crítica (Ortiz, p. 238). Su influencia más allá de Bogotá era mínima. Su nombre era apenas conocido en los sectores más próximos a la actividad política. En cambio sus adversarios, Mosquera, Herrán, López, quienes se pusieron al frente de los ejércitos llamados “constitucionales” tenían prestigio nacional y suficiente respaldo económico para desafiar el poder del Estado.

Simultáneamente con el enfrentamiento bélico, los constitucionalistas convocaron en Ibagué al Congreso. Se trataba, por supuesto, del mismo que había sido cerrado por Melo. Se reunió el 22 de septiembre bajo la presidencia de Pedro Fernández Madrid y Salvador Camacho Roldán. Sus sesiones tuvieron lugar en el histórico colegio de San Simón. A instancias de Manuel Murillo Toro, el general Obando fue enjuiciado por su actitud frente al cuartelazo del 17 de abril. El 27 de octubre se encargó del poder al vicepresidente José de Obaldía.

Mientras tanto los generales López y Mosquera avanzan sobre Bogotá, a donde llegan a principios de diciembre. El 4 de dicho mes se sella la victoria de los constitucionales y Melo es hecho prisionero. Los militares victoriosos piden para él la pena capital, pero Murillo Toro se opone con argumentos jurídico constitucionales y sugiere amnistiar a los rebeldes. Así mismo exigió un trato humanitario para los artesanos encarcelados, con quienes los constitucionalistas victoriosos fueron especialmente severos. Muchos de aquellos fueron enviados a Panamá como prisioneros en circunstancias penosas y duras. De algunos no volvió a saberse nada jamás.

Melo fue dejado en libertad y obligado a salir del país en el término de un mes después del pago de una fianza cuantiosa. Otra vez es Murillo quien constituye una hipoteca sobre su patrimonio para pagar la fianza de su paisano en desgracia, y garantizarle su viaje oportunamente (Ortiz, p.309). Melo viaja a Santa Marta, desde donde se embarca rumbo a América central el 23 de Octubre de 1855. Un lustro después es fusilado en México.

Transcurrieron casi cuarenta años entre el nacimiento de las sociedades democráticas y el ocaso del radicalismo. El propósito de defensa gremial de las primeras se desdobló en vocación política con el estímulo de la juventud granadina y la llegada de las ideas socialistas a territorio colombiano. El radicalismo se comprometió a ultranza con la defensa de las libertades y le apostó al sistema federal. Simultáneamente las clases altas fueron adoptando actitudes “un tanto más burguesas”, según el aserto de Safford, y el país se orientó cada vez más al comercio exterior.

Hacia la mitad del siglo la Nueva Granada quiso romper los vínculos que aún quedaban de su pasado hispano colonial. Los liberales se plantearon como el partido de la anticolonia. Por eso su decisión de acabar con la alcabala, los estancos, los mayorazgos y otras instituciones coloniales. Si en la colonia hubo un Estado omnipresente, era tiempo de un gobierno con primacía de las fuerzas espontáneas (Molina, tomo I, p.36). La mano invisible trae equilibrio social, luego la actividad económica no tendrá restricciones.

Había un notablato conservador en ambos partidos que defendía el legado español porque con él defendía sus privilegios. Pero, también en ambos partidos, hubo pensadores cuyo enfoque era bien distinto. Madiedo fue un utopista que pretendió unir socialismo con cristianismo, recordando a Saint Simon y un poco a Lamennais, mientras planteaba en términos políticos el problema de la concentración de la propiedad territorial y de la miseria campesina. Madiedo, por cierto, vivió en Ibagué, donde se desempeñó como redactor del periódico “La Imprenta” y como profesor del Colegio de San Simón (Uribe, p. 118).

Sergio Arboleda planteó el problema de la constitución de la nación a partir de su realidad histórica, resaltando la influencia de la ética en el proceso económico. El mismo Caro mantuvo una fidelidad a la tradición española ante todo porque tenía una comprensión de la historia que daba a su pensamiento mayor realismo, mayor vigor, y un aire de perennidad que no se encuentra entre sus contemporáneos (Jaramillo, p. 77). Para él la independencia política era necesaria pero la ruptura cultural con España era una equivocación histórica.

Por su parte Murillo Toro suscribía las políticas anticoloniales y solía repetir que a su generación le había correspondido la fundación de la república. Sin embargo sabía que ningún Estado sobrevive sin los impuestos que sus copartidarios deseaban abolir. De esa contradicción surgió su idea de la descentralización fiscal, contenida en la ley de 20 de abril de 1850, presentada al Congreso en su condición ministro de Hacienda. En Murillo había dos dimensiones: “La del reformador económico y social, que lo llevaba con frecuencia a posiciones temerarias, y la del hombre que se había constituido en guardián de las libertades públicas y de los fueros políticos del individuo, dimensión ésta última que lo hacía parsimonioso y contemporizador. Un liberalismo socializante parecía ser el suyo” (Molina, tomo I, p. 81).

Murillo sería sucedido por Mosquera, quien al momento de su elección se encontraba fuera del país. Entre tanto ocupó la presidencia José María Rojas Garrido, nacido en El Agrado, actual departamento del Huila, profesor universitario, fogoso orador y consumado dialéctico, quien hizo fama por ser un brillante sofista. En el decreto de creación del Estado Soberano del Tolima por parte de Mosquera, Rojas Garrido estampó su firma como ministro, pero desde mucho antes quiso unir las provincias de Mariquita y Neiva en el Estado del Alto Magdalena o del Tolima (Moreno, 1995, p. 307). Mientras Murillo era el símbolo de la fracción liberal conocida como ‘gólgotas’ y, después del radicalismo, su paisano y adversario lo fue de los ‘draconianos’. Rojas se convirtió en el gran ideólogo del general Mosquera.

En general el pensamiento colombiano del siglo XIX miró con desdén no sólo las instituciones sino la misma cultura española, en una actitud que contribuyó a desplazar hacia afuera el centro de gravedad del país. Sobre aquel ethos espiritual que hundía su raíz en Mutis, se produjo una fractura que, ahora, se tornaba irrecuperable. El desplazamiento del eje de lo hispano al eje de lo sajón significó nuestra adhesión al dictado de los intereses políticos, económicos y culturales de ingleses, franceses y norteamericanos, sin reparar con atención que nuestros pueblos seguían profesando una ética ibérica.

España quiso mantenerse fiel a su idiosincrasia, a su sentimiento religioso, a su vocación de hidalguía, a su particular sentido de la vida. Pero contra España se levantaron todas las protestas. La tradición era medieval y católica; la revolución era protestante y burguesa. Nada tan distinto al sentimiento capitalista, al ánimo burgués de acumulación de riqueza, al manejo pragmático de la vida como el modo de ser español. En él está la raíz de su personalismo, que en forma tan lógica conduce a ese otro rasgo típico de su espíritu, el igualitarismo, que no es, como el francés o como el socialista una ideología de lucha política basada en una concepción de la sociedad como suma de unidades iguales, sino una noción de raíces metafísicas muy diferentes (Jaramillo, p. 8).

En la muy particular historia medieval española, cuyo eje fue particularmente religioso, la idea de igualdad se expresaba a partir del concepto cristiano de justicia. Pero la justicia no se conseguía igualando sino diferenciando. Esta antigua noción española aparece ahora como nueva, en forma de un aporte del pensamiento democrático al siglo XXI (Trujillo, p. 84). Todos esos principios, inherentes a la cultura granadina, fueron asordinados por el pensamiento dominante entre los intelectuales decimonónicos.

Así mismo desecharon el estudio de la legislación colonial española y de las leyes de indias, en donde habrían encontrado documentos de utilidad para enfrentar problemas como el del latifundio. Prefirieron la literatura política francesa y aplicaron a la realidad americana categorías como la de feudalismo y señor feudal, que no existieron en América ni durante la colonia ni durante la república.

En las relaciones de mando de Caballero y Góngora, por ejemplo, están perfectamente configuradas la idea de la explotación económica de la tierra como título de propiedad, y sus sugerencias a favor de una política agraria contraria al latifundio improductivo. En instituciones coloniales como el cabildo, el resguardo y el ejido, había un espíritu solidario que estaba ausente en las nuevas instituciones liberales del Código civil francés (Jaramillo, p. 195). Nada de aquello sirvió de materia prima para el análisis o para la toma de decisiones en este contradictorio período histórico.

Así y todo el radicalismo colombiano suscita hondo respeto, anota Gerardo Molina. Su individualismo los llevó a desconfiar del poder público, aun cuando fueran ellos mismos los que accionaran las palancas de comando. “Escritores, catedráticos juristas, su obsesión era defender la intangibilidad de los principios. De ellos, sólo Murillo Toro fue un político de pura sangre. A los demás les faltaba el sentido de la transacción y del repliegue oportuno” (Tomo I, p. 121). Subraya además su honradez intelectual, su fe en el hombre, su noción altiva de las prerrogativas del poder civil y sus realizaciones en el terreno de la educación pública.

La hegemonía conservadora

Colombia ingresó al siglo XX en medio de la guerra de los mil días, del golpe que depuso a Sanclemente y de la pérdida de Panamá, estimulada por la aleve intervención del gobierno de los Estados Unidos. En 1904 llegó al poder el general Rafael Reyes, quien había sido miembro del movimiento de La Regeneración, el cual bajo la guía de Rafael Núñez, reconstituyó a Colombia en forma de República unitaria, después del polémico período federal.

Reyes era un hombre prestigioso dentro del conservatismo, pero se propuso conseguir una relación pacífica entre los dos partidos. Por lo demás el país no estaba ya para dictaduras, así fueran moderadas y constructivas como la suya (Bushnell, p. 225). Durante su quinquenio no fue claro si quienes promovían el entendimiento lo miraban como una simple tregua entre dos batallas, o si eran concientes de la necesidad construir niveles de concordia capaces de superar el cansancio de un largo camino bélico.

El general Rafael Uribe Uribe, máximo líder liberal de la época reclamaba a nombre de su partido la representación política de las minorías y Reyes, para emplear una expresión de Gonzalo Restrepo Jaramillo, supo descubrir en ella una especie de piedra filosofal capaz de superar definitivamente la sinrazón de las guerras y el dolor de quedarse atrás en la marcha humana del progreso. Este fue, sin duda, el más importante logro político de esa época, con el cual se demuestra, como en la frase de William Ospina, que la guerra termina donde comienza la política.

La caída de Reyes no produjo mayores traumatismos. Fue reemplazado por el General Ramón González Valencia. Luego se convocó una Asamblea Constituyente que redactó la reforma de 1910, la cual estuvo presidida por el dirigente conservador antioqueño Carlos E. Restrepo, quien se había convertido en la cabeza de un nuevo partido, de vida corta, conocido como la Unión Republicana.

El referido golpe que depuso a Manuel Antonio Sanclemente se sucedió el 31 de julio de 1900 y estuvo a cargo de su propio vicepresidente José Manuel Marroquín, quien alegó que él había sido elegido por una mayoría de electores superior a la que eligió al presidente. Penoso argumento este, al cual agregó otro similar, que pone en evidencia las características de su psicología: Él había sido elegido para que efectivamente gobernara, mientras Sanclemente sólo lo había sido para que no fuera elegido otro: “Sanclemente fue un cero que se puso para que yo quedara en segundo lugar” (Villegas, p. 11). Al asumir el poder Marroquín nombró un nuevo gabinete al cual ingresó Miguel Abadía Méndez, en calidad de ministro de Instrucción Pública, cargo en el cual reemplazó a Marco Fidel Suárez. Ambos serían más tarde Presidentes de la República.

Abadía nació en La Vega de los Padres, entonces municipio de Piedras y hoy Coello, el 5 de junio de 1867, en una finca de propiedad de su familia, y fue bautizado en el municipio de Ricaurte, al otro lado del río Magdalena. Después de vivir un tiempo con sus padres en Cartago, fue enviado a Bogotá donde ingresa al Colegio mayor del Rosario y se gradúa de abogado con honores en 1889. Desde su ingreso a dicha institución trabó estrecha amistad con Carlos Martínez Silva, quien la regentaba. Se inició en las cátedras de derecho constitucional e internacional público en las Universidades Nacional y del Rosario, las cuales mantuvo durante casi toda su vida. Mientras se desempeñó como Jefe del Estado, Abadía dictaba religiosamente a sus alumnos su cátedra en el propio palacio presidencial.

El 2 de junio de 1891 casó con Elisa Santamaría Restrepo, hermana de la esposa de Carlos Martínez Silva, quien también fue miembro del gabinete de Marroquín, en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Enviudó el 22 de diciembre de 1921 en Barcelona y, años más tarde, siendo presidente electo, contrajo segundas nupcias con Leonor Velasco Álvarez, en ceremonia oficiada por el nuncio apostólico Paolo Giobbe.

En 1894 es designado secretario de Hacienda de Cundinamarca y un año después ministro del Tesoro, en la administración de Miguel Antonio Caro. Desempeñó luego varias carteras ministeriales y durante los gobiernos de Ramón González Valencia y de José Vicente Concha, estuvo encargado de las funciones presidenciales (Carrizosa, p. 18). Fue además embajador en Chile, Consejero de Estado y Consiliario del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Elegido, sin contendor, presidente de Colombia en 1926, desempeñó el cargo hasta 1930. Murió en su finca del municipio de Fómeque, Cundinamarca, el 15 de mayo de 1947, a los 80 años de edad.

Durante los años de la hegemonía conservadora el país vivió una especie de democracia monástica, sostiene Antonio García. En efecto las relaciones entre la Iglesia y el partido de gobierno eran tan estrechas que los prelados respaldaban candidatos conservadores desde los púlpitos. A los parroquianos que leían la prensa liberal les prometían castigos espirituales (Bushnell, p. 232). El arzobispo de Bogotá Bernardo Herrera Restrepo intervenía directamente en la selección de los candidatos conservadores a la presidencia de la República.

Fue, sin embargo, una época rica en sucesos políticos. El país vivió la influencia de los miembros de la Unión Republicana y el surgimiento de núcleos socialistas que, bajo la luz de las revoluciones mexicana y rusa, reivindicaban las luchas populares. En 1914 el jurista tolimense Nicolás Esguerra, candidato presidencial a nombre del republicanismo, fue derrotado por José Vicente Concha por sólo 400 votos. Esguerra devino años mas tarde hacia el partido liberal e influyó en las decisiones de la famosa Convención de Ibagué de 1922.

Pero también en esa época aparecieron núcleos socialistas que, bajo la influencia de las revoluciones mexicana y rusa, reivindicaban las luchas populares. Hacia 1920 un dirigente indígena llamado Manuel Quintín Lame se comprometió no sólo con la defensa de la causa de las gentes de su raza sino con todo intento de reclamo social. Un poco después surgieron María Cano, Ignacio Torres Giraldo, Augusto Durán quienes terminan creando el partido socialista, mientras el líder sindical tolimense Raúl Mahecha funda en Barrancabermeja la Unión Obrera, directo antecedente de la actual Unión Sindical Obrera, U.S.O.

Aquella agitación va creciendo en la medida que avanzan los años veinte. A finales de 1926 estalló una huelga de los trabajadores de la Tropical Oil Company en Santander que se convirtió en la primera protesta obrera que debió sortear Abadía como Jefe del Estado. La situación se repitió con mayor dramatismo en octubre de 1928 con la explosiva huelga de los trabajadores de la United Fruit Company en Santa Marta, la cual generó graves enfrentamientos entre los huelguistas y la fuerza pública.

Cuando se inició la huelga las exigencias de los trabajadores cubrían desde el aumento salarial hasta el reconocimiento formal del sindicato que habían creado. La compañía fue inflexible y el gobierno de Abadía la respaldó sin reservas, preocupado por la presencia de agitadores sociales. Las cosas subieron de punto el 6 de diciembre cuando, en la población de Cienaga los soldados dispararon contra la multitud de huelguistas (Bushnell, p. 246). En su novela “Cien años de soledad” Gabriel García Márquez inmortaliza el suceso en el cual muere una cifra indeterminada de trabajadores. La historia registra al general Carlos Cortés Vargas como el oficial que ordenó a la tropa disparar contra los huelguistas.

Al año siguiente la agitación aparece en Bogotá, cuando una nutrida manifestación estudiantil protesta contra medidas del gobierno. El deterioro de la situación se hizo más evidente por la crisis económica mundial de 1929. La fuerza pública sale al encuentro de la manifestación y da muerte al joven estudiante Gonzalo Bravo Pérez, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Ese grave hecho puso al presidente al borde de su renuncia.

Mientras tanto en Ibagué, ante la detención del líder sindical Julio Ocampo –compañero de Pedro Narváez el líder del movimiento de los Bolcheviques en el norte del Tolima- condenada por “El Cronista”, el gobernador Félix María Reina envía un pelotón de soldados para sellar las puertas del periódico.

La hegemonía conservadora coincidió con el auge de los Estados Unidos en medio de un relativo estancamiento de la influencia europea sobre Latinoamérica. Aparte del desembolso norteamericano que sirvió como indemnización a Colombia por el raponazo de Panamá, los años veinte vieron llegar la Misión Kemmerer, que reorganizó el sistema bancario, la contabilidad nacional y la administración pública en cuanto al manejo de la economía.

Un poco después de Kemmerer vino el profesor suizo Hausermann, cuyo informe fue archivado porque aconsejaba medidas proteccionistas que podían afectar las relaciones de Colombia con Estados Unidos. Kemmerer, en cambio, coincidió con la línea del gobierno norteamericano y formuló propuestas inspiradas en el liberalismo económico y en las grandes líneas de los intereses capitalistas. Por la misma época nació la primera empresa aérea Scadta, que más tarde cambió su nombre por el de Avianca.

Con la crisis del año 29 las teorías del librecambio se vinieron en picada. Una oleada intervencionista se extendió por el mundo y facilitó la consolidación del sindicalismo. La década de los treinta fue generosa en legislación protectora del trabajo. Pero su origen se sitúa aún antes de los años veinte, al amparo de los socialismos europeos y de la misma doctrina social de la Iglesia Católica. En esos tiempos también hubo inversiones importantes en materia de infraestructura física, originadas en los recursos recibidos por cuenta de Panamá.

La República Liberal

En 1910, cuando se encuentra en pleno auge el republicanismo, ingresa a la actividad pública una generación que va a marcar grandes hitos en la historia colombiana. Se la conoce como generación del centenario, precisamente porque su aparición coincide con los cien años de la declaración de independencia. Pertenecieron a ella figuras como Alfonso López, Eduardo Santos, Laureano Gómez, los tres presidentes de la República años más tarde.

La década de los veinte vio llegar un equipo de intelectuales más jóvenes, preocupado por la creación y el debate de las ideas en términos capaces de incorporar al país en toda la dimensión del universo de su tiempo. Fue el grupo de los Nuevos. Aun cuando su ejercicio giró fundamentalmente en torno a la literatura y al periodismo, no eran para nada ajenos a las preocupaciones políticas. Por extensión se incluyen en los Nuevos otras figuras próximas a su generación que, durante los años treinta, se convirtieron en protagonistas de la República Liberal.

Todo aquello se gestaba en el tiempo de la hegemonía conservadora, pues el grupo nació hacia 1925. Sucesores y críticos de la generación del centenario, se iniciaron alrededor de una revista que les dio su nombre. Con la aparición del primer número de “Los Nuevos” se presentó el grupo en sociedad, pues como dice el propio Alberto Lleras, hasta entonces nadie sabía que lo fueran, ni “a nadie le importaba una higa qué tan nuevos fuéramos”.

Los Lleras, Echandía, Gaitán, Gabriel Turbay, Germán Arciniegas, Jorge Zalamea, Eliseo Arango, Hernando Téllez, Rafael Maya, Luis Vidales, entre otros, vivían atentos a la caldera que se venía recalentando, sin prisa, pero con el mensaje de que se avecinaban grandes cambios. “Yo supongo que a todas las generaciones les pasa algo semejante pero la nuestra, vista en perspectiva, tenía alguna razón para sentirse en la onda de algo nuevo y desconocido” (Lleras 1997, p. 243).

En efecto, desde comienzos del siglo el general Uribe Uribe venía insistiendo en que liberalismo debía beber en las canteras del socialismo. En esa línea la famosa Convención liberal de Ibagué, reunida en 1922 bajo la orientación política del general Benjamín Herrera, proclamó sus compromisos con la igualdad civil de los colombianos y la extinción de los fueros militar y sacerdotal; con una reforma electoral que garantizara la representación proporcional y equitativa de los partidos; con la descentralización política y la elección directa de los alcaldes; con la reforma del concordato y la autonomía universitaria. Consecuente con ésta última propuesta la Convención se comprometió con la fundación de la Universidad Libre de Colombia.

Semejante carga conceptual convirtió la convención de Ibagué en un suceso histórico. Está inscrita como uno de los más grandes capítulos en los anales del liberalismo. A la adopción sus acuerdos contribuyó un memorial suscrito por un grupo de liberales, encabezado por Nicolás Esguerra, antiguo miembro del republicanismo. Entre los firmantes de aquella carta se leía también el nombre de Alfonso López, hijo de un importante banquero bogotano que también suscribía el documento enviado a la Convención.

López nació el 30 de Enero de 1886 en Honda, a donde su padre Pedro Aquilino López –empleado de la Casa de Comercio de la familia de Silvestre Samper Agudelo- había sido trasladado desde 1878. Pedro A. era hijo de Ambrosio López, el sastre que en las sociedades democráticas, lucho a favor de la protección para los talleres artesanales y contra las medidas de libre cambio adoptadas por los gobiernos liberales de su época. Al llegar a Honda conoció a María del Rosario Pumarejo, descendiente de una rica familia de terratenientes oriunda de la provincia de Valledupar, con quien contrajo matrimonio.

Pedro A. López se convirtió en un próspero hombre de negocios y decidió trasladarse a Bogotá para educar mejor a su familia, pero conservó sus negocios en Honda. En la capital matriculó a su hijo Alfonso en el colegio de los Hermanos Cristianos y más tarde en el Liceo Mercantil, dentro del propósito de inculcarle una formación comercial. Durante la guerra de los mil días son clausurados sus colegios y el joven López Pumarejo continúa su educación con profesores que van directamente a su casa. Antonio José Cadavid, Juan Manuel Rudas, José J. Camacho, Miguel Antonio Caro son, entre otros, sus preceptores, y le imparten formación en castellano, filosofía, economía y retórica respectivamente.

Con sus preceptores López habla frecuentemente de política y cada día se interesa más por el tema. En 1900, a los 14 años de edad, es detenido con un pequeño grupo de amigos, por editar clandestinamente un periódico liberal, en medio de la hegemonía conservadora. Para evitar nuevos problemas su padre lo envía a Londres donde vive cerca de cinco años. En 1905 regresa a Colombia y se encarga de algunos negocios de su familia. En 1911 contrae matrimonio con María Michelsen Lombana y comienza a intervenir cada vez más en la actividad pública. En 1917 es elegido Diputado en el Tolima y desde entonces permanecerá en el ejercicio político.

López atacó en forma permanente a los representantes de su partido que colaboraron o intentaron colaborar con los gobiernos conservadores. Mientras tanto ascendía su prestigio y establecía puentes con el general Benjamín Herrera y otros dirigentes políticos. Piensa que el liberalismo debe interpretar el sonido de su época y prepararse para darle un vuelco al país, que debe ser dirigido por una generación nueva, de espíritu civilista, desconectada de los dolores producidos por las guerras civiles y que es necesario entrar en contacto con los nuevos vientos que, en materia tanto económica como política, soplan en el escenario internacional.

Por su parte el conservatismo se erosiona. Para las elecciones de 1930 divide sus fuerzas entre el poeta Guillermo Valencia y el general Alfredo Vázquez Cobo. El presidente Abadía no sólo no sorteó bien los conflictos sociales que se le presentaron, sino que se dejó enredar en problemas internos. El ministro de Hacienda Esteban Jaramillo tenía cercano contacto con los banqueros de Estados Unidos, pero el de Industrias José Antonio Montalvo se empeñaba en torpedear a los empresarios norteamericanos y a sus posibles inversionistas en Colombia. Tal situación se entiende en administraciones distintas, pero resulta absurda bajo el régimen de un mismo presidente. En esa misma óptica el ex presidente Lleras Restrepo recuerda que el ministro Jaramillo obtuvo en condiciones favorables unos empréstitos externos que otros ministros invirtieron con poca prudencia (p. 38).

En medio de ese escenario López proclamó que el liberalismo debía prepararse para recuperar el poder. La Convención del Teatro Municipal reunida en 1929 eligió un triunvirato que, al lado de los generales Leandro Cuberos Niño y Antonio Samper Uribe, designó a Alfonso López Pumarejo. En 1930 el partido liberal triunfó en las elecciones con su candidato Enrique Olaya Herrera, mientras en el horizonte las nuevas elecciones esperaban el triunfo de López, quien se había convertido en la figura más prestigiosa del liberalismo y del país.

Con el ascenso de López al gobierno en 1934 se inició la república liberal. Liderada por el propio presidente, tuvo dos grandes protagonistas jóvenes, que más tarde llegaron también a la jefatura del Estado: Darío Echandía y Alberto Lleras. Ambos fueron ministros de López, se empinaron hacia el liderazgo en medio del respeto general y consolidaron una cercana amistad que los unió para toda la vida. Sus nombres están asociados en forma estrecha no sólo a la república liberal sino a más de medio siglo de la historia colombiana.

La figura de Darío Echandía está íntimamente ligada a la historia del Tolima. Nació en Chaparral el 13 de octubre de 1897 y murió en Ibagué el 8 de mayo de 1989. El 2 de agosto de 1936 casó con Emilia Arciniegas Castilla. Pocos tolimenses como él tan parecidos a su tierra y pocos colombianos con tanta capacidad para definir en frases cortas y simples los más abstrusos conceptos. Abogado del Colegio Mayor del Rosario, fue juez, magistrado, embajador, gobernador, senador, profesor universitario, ministro y presidente. Con sincero respeto intelectual sus conciudadanos lo llamaron “el maestro”.

Al iniciar su gestión López designó a Echandía como ministro de Gobierno. Desde allí se convirtió en la conciencia jurídica del régimen y en el gran motor de las reformas inspiradas por la república liberal (Bernal 1997, p. 364). Pero además fue el eje de una especie de “concilio de jurisconsultos” que, en el decir de Alberto Lleras, se caracterizaba por su falta de codicia pero también por su devoción por la controversia y, sobre todo, por una sed inextinguible de creación. En ese concilio se formó el maestro para el servicio público, desde el cual se convirtió en un verdadero constructor de instituciones.

El 10 de septiembre de 1934 el ministro Echandía presentó al Congreso el proyecto de reforma constitucional propuesto por la administración del presidente López. En la exposición de motivos se explica que el propósito de la reforma es poner a tono los derechos con las concepciones modernas sobre el Estado en la regulación de la economía y en la protección del trabajo. López fue el primer presidente de Colombia que centró el debate político alrededor de los temas sociales y el primer liberal que se comprometió con el fortalecimiento del Estado y con su intervención en la economía para impulsar el desarrollo.

Los historiadores coinciden en aceptar la influencia del presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt y de su política del New Deal en la personalidad y en las decisiones de López. Sabía éste que su país no podía continuar ignorando agudos problemas de desigualdad social, desinterés por la suerte de los trabajadores y abandono de sectores pobres. Semejante situación no sólo era injusta sino peligrosa y era preciso corregirlas desde el gobierno.

Así mismo recibió influencia del presidente mexicano Lázaro Cárdenas. López propuso reformas en la educación, en el sistema electoral, en la tenencia de la tierra, antes de que la situación se volviera crítica y adoptó un programa que denominó la revolución en marcha, no para desmontar el sistema sino para incorporar a los colombianos más pobres en sus beneficios (Bushnell, p. 258). Además modificó la tendencia a alinearse con los intereses de los patronos, que había sido tradicional en el Estado colombiano. En esas innovaciones contó con el invaluable concurso de Echandía, un jurista devoto de lo que comenzaba a llamarse en la vieja Europa Estado social de Derecho.

El maestro fue un socialdemócrata que supo equilibrar, en ese ideal difuso denominado justicia social, la influencia que ejerció la doctrina tomista del bien común, durante su formación en el Colegio Mayor del Rosario, con los socialismos que conoció la Europa de su tiempo. Él entendía la política accionada por dos postulados, el de la libertad y el de la igualdad, sometidos siempre a un difícil equilibrio, en el cual habría de sustentarse la vigencia de una institucionalidad democrática. El liberalismo debe garantizar los derechos de todos, especialmente de quienes militan por fuera o en contra del gobierno, pero no basta estipular en los códigos que los hombres son libres para que realmente lo sean (Molina, tomo III p. 108). Es preciso evitar que en nombre de la libertad unos grupos opriman a otros. Ese es el sentido de la democracia, que debe garantizar igualdad, en una síntesis dialéctica que le dé contenido material a las políticas públicas.

La reforma constitucional de 1936 fue aprobada en medio de la fuerte oposición del conservatismo. Su más conspicuo dirigente Laureano Gómez, un ingeniero de talante autoritario y sólida formación intelectual, arremetía desde las páginas del periódico “El Siglo” contra las decisiones oficiales con una virulencia verbal digna de mejor causa. En razón de tales actitudes Gómez comenzó a ser llamado entre los liberales “el monstruo”.

López culminó su período en 1938 pero fue elegido de nuevo en 1942 por un margen estrecho, pues los conservadores apoyaron abiertamente al candidato liberal disidente Carlos Arango Vélez. No tuvo el presidente, en su segundo período, el buen viento que lo acompañó en el primero. Trastornos originados por la guerra europea que hacían escasear bienes importados, se agregaron a problemas administrativos y políticos que no sólo afectaron la confianza del país en su gobierno, sino que finalmente precipitaron la renuncia presidencial.

Entre el 9 y el 19 de octubre de 1942 López viajó a Venezuela y fue sustituido por Carlos Lozano y Lozano. No obstante haber nacido en Fusagasuga, descendía de una antigua familia tolimense. Lozano, hijo de Fabio Lozano Torrijos, hermano de Fabio y de Juan, suficientemente conocidos en la historia del Tolima y del país, nació el 31 de enero de 1904 y murió trágicamente el 13 de febrero de 1952.

Fue Gobernador del Tolima, embajador, ministro de Relaciones Exteriores, y en la fecha indicada asumió la jefatura del Estado ante el Presidente del Congreso Jorge Eliécer Gaitán. Lozano es otro ejemplo del intelectual de buena ley extraviado en la maraña de la vida pública, anota Gerardo Molina. Como Echandía, Lozano fue un hombre muy bien dotado parea la política que, sin embargo, acabó siendo esterilizado por la cultura. Sostuvo la necesidad de fusionar liberalismo con socialismo. El primero, para Lozano, suponía la idea de emancipar al pueblo de las castas. El segundo obraba como el desarrollo de su amor sentimental por el pueblo (Tomo III, p.111). Por eso fue un romántico de la política: Se movía entre la razón y el sentimiento.

Reincorporado a la presidencia, López se ve obligado a abandonarla de nuevo al año siguiente. Debido a la mala salud de su esposa se instala en los Estados Unidos por más de seis meses, durante los cuales lo reemplaza Darío Echandía, quien ejerce como Designado a la Presidencia, función que en la Carta Política colombiana equivalía al cargo de vicepresidente. El maestro ocupó la jefatura del Estado desde el 17 de noviembre de 1943 hasta el 16 de mayo del año siguiente.

En julio de 1944 López es puesto prisionero en Pasto por un grupo de militares a órdenes del coronel Diógenes Gil. El maestro Echandía asume de nuevo el poder en Bogotá, se hace reconocer por las fuerzas armadas, se dirige al país por todos los medios de comunicación y, con la estrecha colaboración del ministro de Gobierno Alberto Lleras, devela la conspiración en actitud valerosa, que le valió el calificativo de salvador de las instituciones.

Finalmente López abandona el poder de manera definitiva el 19 de julio de 1945, cuando el Congreso le acepta su renuncia. Sin embargo sigue jugando un papel importante en la vida del país hasta su muerte. El 6 de mayo de 1959 la Universidad Nacional de Colombia, regentada por Mario Laserna, le otorga el título de Doctor Honoris Causa. Poco después, el 20 de noviembre, fallece mientras desempeña el cargo de embajador en Londres.

Retirado López del gobierno, salen a la palestra Jorge Eliécer Gaitán y Gabriel Turbay para disputarse la jefatura del Estado a nombre del liberalismo. Algunos liberales promueven el nombre de Echandía, pero el maestro, alegando que no va a dividir por tres lo que ya está dividido por dos, se abstiene de intervenir y termina viendo no sólo el fin de la república liberal sino el regreso del conservatismo al poder en la persona de Mariano Ospina Pérez, quien gana las elecciones de 1946.

Alfonso López fue el gran conductor del liberalismo durante casi veinte años. Echandía y Lozano fueron ideólogos de la revolución en marcha. Con ellos estuvieron otros dirigentes, también oriundos del Tolima que, sin llegar a la jefatura del Estado, desempeñaron roles de particular importancia en aquella empresa política. Fueron José Joaquín Caicedo Castilla, Antonio Rocha Alvira y Rafael Parga Cortés. Por supuesto, la república liberal tuvo, además, otros protagonistas, pero estos seis tolimenses formaron un equipo que, como tal, se comprometió en la construcción de una nueva expresión institucional para Colombia.

No se trata simplemente de un listado de tolimenses ilustres. Era, más que un equipo, una verdadera escuela, que merece ser reconocida como tal: La Escuela del Tolima. López fue su inspirador, Echandía el maestro, Rocha el jurista, Caicedo el diplomático, Lozano el ideólogo del liberalismo social, Parga el economista del agro. Conformaron una auténtica escuela de pensamiento al servicio de un país dispuesto a superar la democracia monástica, para incorporarse al universo de su tiempo. Su riqueza doctrinaria convierte a aquellos dirigentes, oriundos del Tolima, en precursores de una fórmula que sigue siendo políticamente válida para los demócratas del siglo XXI: Estado social de derecho y economía social de mercado.

El común denominador de aquel equipo humano fue la acción política para el servicio público pero, sobre todo, su compromiso con las reformas sociales. No todos eran hombres de leyes, pero todos eran hombres de Estado. En la “Escuela del Tolima” hunde sus raíces la concepción social del Estado y del derecho en Colombia, es decir, en ella están sus precursores.

En 1946 se inició el gobierno de Ospina en medio de buenos augurios, pero pronto las nubes del conflicto oscurecen el horizonte. El rostro del fenómeno conocido como la violencia del medio siglo se asoma en enfrentamientos políticos que el presidente no resuelve. El 9 de abril de 1948 a la una de la tarde Gaitán, que se había convertido en el líder máximo del liberalismo, cae asesinado en el centro de Bogotá, mientras se reúne la IX Conferencia Panamericana.

Después de acuerdos frustrados y promesas incumplidas por parte del gobierno, los liberales intentaron promoverle un juicio político al presidente. Jugaron con las fechas (Alarcón 1999, p. 199): Si el presidente era suspendido antes del 7 de agosto de 1948, tendrían que realizarse elecciones. Si la suspensión se producía después, el ex presidente liberal Eduardo Santos, en su condición de designado, ocuparía la presidencia por el resto del período. Al enterarse de las intenciones del liberalismo Ospina cierra el Congreso. Por decreto del 9 de noviembre de 1949, en el cual se declara turbado el orden público en todo el país, los colombianos estrenan una dictadura civil.

Muerto Gaitán el liberalismo lanzó la candidatura del maestro Echandía, quien une a su partido para enfrentarlo al candidato conservador Laureano Gómez. No existen, sin embargo, las garantías para un debate electoral civilizado. Echandía reclama por la paz y por la seguridad de sus copartidarios, perseguidos en medio de la indiferencia y, a veces, por la agresión directa de autoridades oficiales.

El 25 de noviembre de 1949 en una manifestación improvisada y pacífica sucedida en Bogotá, el maestro es atacado por una patrulla de la Policía Militar en la plazoleta de San Martín, con un saldo de tres muertos, entre ellos su hermano Vicente (Santa, 1964, p. 62). Para evitar mayores derramamientos de sangre Echandía renuncia a su candidatura y Gómez es elegido, sin contendor, como presidente para el período comprendido entre 1950 y 1954.

Gómez instaura un régimen de partido hecho a su imagen y semejanza: fuerte, rígido, autárquico. Cuando se posesionó, el liberalismo se negó a reconocerlo como gobernante legítimo, por lo cual el gobierno encontró válido sospechar de la conducta de cualquier liberal. En julio de 1951 la Convención del liberalismo designa un triunvirato integrado por Alfonso López, Eduardo Santos y Carlos Lleras, el cual reitera la oposición al gobierno y decreta la abstención en las elecciones parlamentarias de ese año, al persistir la falta de garantías para el ejercicio político de los liberales. La violencia entre los dos partidos no sólo se intensificó con la llegada de Gómez al gobierno, sino que se mantuvo sin tregua durante toda su administración (Bushnell, p. 282).

Corresponde a esa época el desplazamiento de grandes masas campesinas hacia las ciudades, huyendo de la violencia, y el surgimiento de grupos guerrilleros liberales que se organizaron en los campos para defenderse. El conflicto, aunque generalizado en casi todo el país, tenía características fundamentalmente rurales.

Frente al autoritarismo del gobierno de Gómez, el partido comunista colombiano proclamó una política de “autodefensa armada contra el falangismo oficial”. De inmediato estableció dos enclaves en el Tolima: uno en su extremo oriente, sobre la región del Sumapaz, encabezado por Juan de la Cruz Varela, y otro en el extremo sur dirigido por Jacobo Prías Alape o Fermín Charry Rincón, conocido como “Charro Negro”, cuyos partidarios, en razón de su origen político, fueron llamados los comunes.

El gobierno conservador se empeñó en identificar con los propósitos del partido comunista toda expresión crítica y acusó de cómplices del comunismo a los guerrilleros liberales. Éstos, por su parte, no sólo rechazaron aquella identificación sino la propia organización de los comunistas en las montañas del sur. Gerardo Loaiza –apoyado por otros como Leopoldo García, Jesús María Oviedo y Ernesto Caleño, conocidos como ‘General Peligro’, ‘General Mariachi’ y ‘General Canario’ respectivamente- a la cabeza de las guerrillas liberales, se enfrentaron a “Charro negro” y para establecer distancias con él se autodenominaron los limpios. Con el advenimiento del Frente Nacional, como lo anotaré más adelante, buena parte de los grupos guerrilleros retornaron a la vida civil.

El Frente Nacional

Laureano Gómez sufrió quebrantos de salud que lo obligaron a convocar el Congreso para elegir Designado. El asunto era urgente para el gobierno conservador, pues quien ocupaba tal dignidad era el ex presidente liberal Eduardo Santos. A instancias del Presidente Gómez, el Congreso eligió a Roberto Urdaneta Arbeláez, quien reemplazó al jefe del Estado por largo tiempo. A finales de 1951 Gómez presentó al Congreso, homogéneamente conservador, un proyecto para integrar una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de redactar una Constitución conservadora. Dicho proyecto se convirtió en el Acto Legislativo nº 1 de 1952.

En ese proceso jugaron importante papel Álvaro Gómez Hurtado, hijo del presidente, y Jorge Leyva, uno de sus hombres de confianza. Mientras tanto la violencia persistía y la posibilidad de un diálogo entre los dos partidos aparecía más lejana. La voz solitaria del jurista conservador Emilio Robledo Uribe fue insuficiente para que su colectividad tendiera puentes de comunicación. La Constituyente, conocida como Anac, se dedicó a redactar la nueva Carta con criterio de partido, mientras algunos de sus miembros dejaban notar simpatías por los fascismos europeos de la segunda preguerra.

El Acto Legislativo excluyó todo procedimiento democrático para la conformación de la Asamblea Constituyente. En efecto, su composición sería la siguiente:

1. Los ex presidentes de las República.

2. Seis miembros elegidos por el presidente de la República.

3. Cuatro miembros elegidos por la Corte Electoral.

4. Dos ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y dos del Consejo de Estado, elegidos por las mismas Corporaciones.

5. Diez miembros elegidos por los gremios, las asociaciones nacionales de sindicatos y la prensa hablada y escrita del país

6. Uno por cada Departamento elegido por el Senado y otro por la Cámara de Representantes.

En una decisión de tanta importancia para la vida republicana, quedó excluida tanto la participación popular como la de los partidos políticos. Semejante posición niega toda expresión democrática y se acerca a las propuestas de los autoritarismos de entreguerras y, en particular, del corporativismo de Francisco Franco que sobrevivió, de lejos, a sus homólogos políticos del resto de Europa.

El 9 de junio de 1953 el gobierno publicó su proyecto, el cual “fue recibido con notorio rechazo por la opinión de todos los partidos, ya que él, en su espíritu, acababa con la democracia, establecida en Colombia desde el primer día de su emancipación” (Tascón, p. 263). La “Anac” no logró a aprobar la nueva Constitución pero el gobierno la tuvo lista para ser presentada en la primera sesión, prevista para el 15 de junio de 1953. Así lo anunció al país el ministro de gobierno Luis Ignacio Andrade, en medio de la dura crítica de destacados constitucionalistas, de dirigentes del liberalismo y de los editoriales de los principales periódicos del país.

El tono pesimista del diario “El Tiempo” da testimonio de la impotencia ciudadana para evitar una reforma claramente antidemocrática. En su editorial del 10 de junio escribió: “La cuestión es demasiado grave y hasta donde nos sea permitido procuraremos la crítica del proyecto, pues no nos parece inútil que queden, al menos, como constancias históricas los conceptos de eminentes juristas colombianos sobre la monstruosa deformación de la índole republicana del país que va a intentarse (sic)”.

Según el proyecto de nueva Constitución la prensa deberá actuar en función del servicio público, los concejos municipales se integrarán a partir del voto conyugal y el Congreso podrá ser clausurado por el ejecutivo en caso de turbación del orden público. El vicepresidente de la República sería el presidente del Senado y el presidente de la República sería absolutamente irresponsable de sus actos u omisiones violatorias de la Constitución o de las leyes. El artículo 13 de la Carta quedaría así: “El que de palabra o por escrito atente al prestigio de las autoridades y de las instituciones del país, será juzgado y penado como traidor a la patria”. Cualquier comentario sobra. La situación del país era, en extremo, delicada.

El 13 de junio del mismo año la dictadura civil se trocó en militar en virtud del golpe de cuartel dado por el general Gustavo Rojas Pinilla, con el respaldo del sector conservador que se conoció como Ospino-alzatismo, en referencia a sus dirigentes Mariano Ospina Pérez y Gilberto Alzate Avendaño. El proyecto de Constitución fue archivado, pero el régimen militar mantuvo la “Anac” y gobernó sin Congreso.

Al comenzar aquel día Gómez reasumió la presidencia y llamó a calificar servicios a Rojas, quien dado su prestigio dentro del ejército, había recibido insinuaciones para que se tomara el poder. Inicialmente Rojas quiso abandonar el país, pero fue persuadido por no pocos notables de que aquí se necesitaba su presencia. Estimulado por adversarios de Gómez, Rojas asumió el poder en las horas de la tarde. Alfonso López expresó regocijo del liberalismo por las promesas del nuevo gobierno y Darío Echandía, haciendo eco de la desesperada situación que vivía su partido, se atrevió a calificar el suceso como “golpe de opinión”.

El nuevo jefe de Estado designó un gabinete integrado en forma homogénea por conservadores, pero inicialmente obtuvo el respaldo de casi todo el país, agobiado en medio de una “guerra civil no declarada”. Sin embargo a unos meses de paz siguió un recrudecimiento de la violencia partidista, tan fuerte como antes.

El Presidente depuesto y sus amigos más cercanos nunca aceptaron a Rojas ni le reconocieron legitimidad a su gobierno. Exiliado en España Laureano Gómez enviaba cartas y documentos que suscribía como “Presidente de Colombia”, en una especie de alegato sobre la legalidad de su título. No obstante la división de su partido y el hecho de ser un hombre tan controvertido, Gómez se mantenía como la figura más prestigiosa del conservatismo. Ni el ex presidente Ospina, ni Alzate que irrumpía con inusitada fuerza en el liderazgo conservador, alcanzaban a eclipsarlo. No resultaba extraño que los liberales, sus eternos adversarios, miraran hacia él en un momento dado, cuando se sintieron perseguidos por el gobierno militar.

Hacia 1956 Rojas hizo conocer la decisión de un grupo de oficiales de las fuerzas armadas en el sentido de que el Jefe del Estado continuara en la presidencia hasta el año 1962. El hecho precipitó la unión de casi todos los sectores vitales del país contra el gobierno. Alfonso López anticipó la necesidad de un acuerdo bipartidario, y Alberto Lleras visitó a Laureano Gómez en la localidad española de Benidorm. Allí suscribieron un documento fechado el 24 de julio de 1956, que pedía el retorno a la normalidad jurídica.

A ese documento siguió un manifiesto de los dos partidos con la consigna de “luchar sin pausa, para restablecer el imperio de la Constitución en Colombia”. Finalmente Gómez y Lleras firman los principales acuerdos bipartidistas, que van a constituir la esencia del Frente Nacional. Se trata del “Pacto de Sitges”, suscrito el 20 de julio de 1957. Al perder el apoyo de las fuerzas políticas y de la Iglesia, Rojas trató de conseguir, sin éxito, un apoyo activo del pueblo, para lo cual acentuó el tono populista de su gobierno.

El Frente Nacional se montó para recuperar la paz política. Su vigencia se acordó en 16 años con paridad en los cargos públicos y luego se adicionó con la alternación de los dos partidos tradicionales en la presidencia de la República. El objetivo de la pacificación se obtuvo en muy buena medida. De las guerrillas existentes en el Tolima, los “limpios” regresaron a la vida civil, mientras los “comunes” permanecieron en armas, Estos últimos constituyeron el germen de las “Farc”, cuyo estímulo ideológico se incrementó con el triunfo de la revolución cubana. La ausencia de factores estabilizantes para la paz, en medio de un progreso económico y un desarrollo cultural producto de la urbanización del país, hizo más difícil ignorar los problemas todavía no resueltos (Bushnell, p. 307).

Aún viven muchos tolimenses que recuerdan las historias épicas conocidas, de primera mano, por Rafael Parga Cortés, Severiano Ortiz Nieto e Ismael Castilla Alvira quienes, por encargo de Alberto Lleras y de Darío Echandía se comprometieron en la empresa de la rehabilitación, en los albores del Frente Nacional. Los comunistas siempre intentaron impedir que los guerrilleros liberales entregaran sus armas y se reinsertaran en la vida civil, mientras éstos se negaron a seguir respaldando la lucha armada. Gerardo Loaiza fue el primer guerrillero tolimense que hizo la paz con el gobierno.

Finalmente los vientos del Frente Nacional abrieron puertas hacia la convivencia. El dirigente liberal Rafael Caicedo Espinosa expresó: “Vamos a declararle la paz al Tolima”. El futuro era esperanzador y la paz estaba al alcance de la mano. Por esos días, uno de los segundos de “Charro Negro”, conocido como “Tiro Fijo”, escribió en sus Cuadernos: “La lucha popular armada no fue derrotada por la lucha armada, sino por la política”. El horizonte hacia la convivencia estaba despejado. Montado sobre dos ejes fundamentales, la paridad entre los dos partidos en los cargos públicos y la alternación de los mismos en el ejercicio del poder, el Frente Nacional terminó cerrándose sobre sí mismo. Neutralizó el proceso hacia la paz que inicialmente había abierto.

En medio de esas contradicciones surgió el Movimiento de Recuperación Liberal, transformado, a poco andar, en Movimiento Revolucionario Liberal. M.R.L., bajo la dirección de Alfonso López Michelsen. El grupo estuvo orientado en el Tolima por unos hombres de ideas y de acción que luego le prestaron valiosos servicios al país. Felipe Salazar Santos, uno de los discípulos de la Escuela del Tolima, y Saúl Pineda Correa fueron, sus principales dirigentes. Diez años después, éste Movimiento regresó al seno oficial del liberalismo.

El Frente Nacional no hubiera sido posible sin la Junta Militar de Gobierno, que reemplazó a Rojas el 10 de mayo de 1957. Su presidente fue el general Gabriel París Gordillo, un militar de carrera que había nacido en Ibagué el 8 de marzo de 1910. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en la capital del país y cumplió los ascensos rigurosamente. El 28 de septiembre de 1936 casó con María Felisa Quevedo Paris en la ciudad de Bogotá. En 1953 llegó a brigadier general y en 1956 fue ascendido a mayor general. Se desempeñó además como representante de Colombia en la Comisión de Desarme del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y como ministro de Guerra –nombre que se daba al actual ministerio de Defensa- durante el gobierno de Rojas.

Los cinco miembros de la Junta tuvieron la condición de jefes de Estado. Era la segunda vez en la historia colombiana que un organismo colegiado tuvo a su cargo el gobierno. En la primera ocasión lo ejercieron Santos Gutiérrez, Froilán Largacha, José Hilario López, Tomás Cipriano de Mosquera y Eustorgio Salgar, designados por la Convención de Rionegro, mientras se convocaba a elecciones. Ahora, en circunstancias no menos excepcionales le correspondió a la Junta Militar que, designada por el propio Rojas, conformaron, además de París, los generales Deogracias Fonseca Espinosa, Rafael Navas Pardo, Luis Ordóñez Castillo y al contralmirante Rubén Piedrahita Arango.

Como París, Fonseca también es tolimense. Nació en Ibagué el 21 de marzo de 1908, e ingresó al Colegio de los Hermanos Maristas y luego al de San Simón en donde obtuvo el grado de Bachiller. En 1933 Fonseca participa en la batalla de Güepí, en la guerra contra el Perú, donde resulta herido. Luego asciende a lo largo del escalafón militar hasta el grado de Mayor General, en cuya condición es designado Director de la Policía Nacional. Mientras desempeñaba este cargo –y quizás por el hecho mismo de ocuparlo- fue señalado para formar parte de la Junta Militar. Fonseca había contraído matrimonio con Ana María Iragorri Castro, con quien tuvo diez hijos. Vivió sus últimos años en Cali, donde murió en 2006.

La Junta Militar ejerció el poder hasta el 7 de agosto de 1958, día en que todos sus miembros pasaron a retiro y se posesionó de la presidencia Alberto Lleras Camargo, el primer presidente del Frente Nacional. Vale la pena mencionar que el 2 de mayo anterior hubo un intento de golpe de cuartel contra la Junta Militar, encabezado por el coronel Hernando Forero Gómez, nacido en Cunday, al oriente del Tolima, quien se desempeñaba como comandante de la policía militar y pretendía devolver el poder al general Rojas Pinilla. Forero fue más tarde Senador de la República por la Alianza Nacional Popular, movimiento organizado por el general cuando quiso regresar a la presidencia por la vía electoral en 1970.

Después de Lleras fue elegido presidente Guillermo León Valencia, para el segundo período del Frente Nacional. Valencia gobernó entre 1962 y 1966. Fue su Designado José Antonio Montalvo, quien ejerció el poder por un día, mientras el presidente viajó a Venezuela. Montalvo es bogotano pero está emparentado con el Tolima. Fue miembro de la Asamblea Departamental y luego del Congreso, elegido por sus copartidarios, los conservadores tolimenses. Abogado del Colegio Mayor del Rosario y conservador radical, fue profesor en la Universidad Javeriana y del mismo Colegio del Rosario.

En julio de 1957 Montalvo suscribió, en unión de Carlos Lleras Restrepo, un documento dirigido a la Comisión de Reajuste Institucional, en el cual analizan la situación jurídica de la “Anac”. En efecto ésta, que había sido creada por el Acto Legislativo nº 1 de 1952, mediante un nuevo Acto Legislativo, el nº 1 de 1957, sienta las bases para la conformación de un nuevo organismo constituyente, aún más sumiso al gobierno de Rojas. A nombre de cada uno de los dos partidos Lleras y Montalvo piden declarar la inexistencia jurídica de todos los actos realizados por ese organismo.

Nacido el 22 de febrero de 1892, fue Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, embajador ante el Vaticano, ministro de Abadía Méndez y de Ospina Pérez. En el gobierno de Valencia sirvió en la Cartera de Relaciones Exteriores y el Congreso lo nombró Designado. El 6 de Agosto de 1963 se encargó del poder ante el presidente del Congreso Julio César Turbay Ayala.

Durante los años del Frente Nacional el tolimense de mayor influencia y respetabilidad siguió siendo el ex presidente Darío Echandía. Volvió a ocupar la primera magistratura como Designado de Carlos Lleras Restrepo en 1967, pero fue además Presidente del Senado y miembro de la Comisión de Reajuste Institucional conformada para preparar el retorno a la legalidad en 1957. En 1975 presidió la Comisión Echandía, integrada por el presidente López Michelsen para estudiar algunas reformas constitucionales relacionadas con la administración de Justicia y la organización territorial, consideradas urgentes por el gobierno.

Desde el seno de las dos Comisiones mencionadas, el maestro Echandía sugirió la creación de una Corte Constitucional, propuesta que lo proyectó como un hombre del siglo XXI. En el caso de la primera Comisión lo acompañó en la iniciativa el jurista José Fernando Isaza y en la segunda el constitucionalista Carlos Restrepo Piedrahita. Echandía no alcanzó a ver el nacimiento de la Corte, pues falleció antes de la adopción de la Carta del 91, pero ahí están los antecedentes que lo convierten en su precursor.

Epílogo

Después del Frente Nacional el Tolima perdió protagonismo en el escenario político mientras las formas de hacer política se modificaron de manera sensible. El desgaste de los partidos se desdobló en auge de los medios de comunicación como voceros de la comunidad y la crisis de los esquemas de representación desplazó el interés de lo público hacia formas participantes. El clientelismo se apoderó de la política y el narcotráfico permeó casi todas los sectores de la vida colombiana, generando una serie de cambios muy grandes en la cultura nacional que no corresponde examinar aquí.

En ese proceso la sociedad tolimense se fragmentó en términos que incidieron negativamente en el desarrollo regional. No se trata de un fenómeno aislado, pues la fragmentación social parece ser algo común dentro la llamada sociedad postmoderna, pero en el caso del Tolima reviste características preocupantes.

En el último cuarto del siglo XX el Tolima tuvo en Alfonso Palacio Rudas su figura más valiosa. Dirigente cafetero, gobernador del Tolima, alcalde de Bogotá, ministro de Hacienda, senador de la República, miembro de la Asamblea Constituyente del 91, Palacio fue un presidenciable que no encontró opciones presidenciales. Era, sin duda, el mejor discípulo de la “Escuela del Tolima”: Hondano y polémico como López, dialéctico como Echandía, jurista como Rocha, diplomático como Caicedo, polígrafo como Lozano y economista como Parga. Alguna vez le pregunté a Palacio por el origen de su “Cofradía de los que no tragan entero”. Tiene que ver con mi formación y con mi temperamento –repuso- pero también con lo que aprendí de mis mayores y asimilé de mis maestros. Solía referirse a Echandía, a Caicedo y a Parga como a sus grandes preceptores.

El único tolimense que tuvo opciones presidenciales durante ese período fue Alberto Santofimio Botero, uno de los grandes oradores del país, carismático y brillante, quien se desempeñó como ministro de Justicia en 1975 y ocupó durante varios períodos una curul en el Senado de la República. Por desgracia, él mismo se encargó de dilapidarlas. Sus propios errores sepultaron las posibilidades que lo hubieran convertido en el undécimo miembro de la lista que he relacionado a lo largo del presente texto. En el comienzo del siglo XXI apareció la figura de Alfonso Gómez Méndez, ex parlamentario, ex procurador y ex fiscal general de la Nación, con algunas posibilidades que aún no se concretan y que resulta prematuro perfilar.

Casi todos los ex presidentes de la República de origen tolimense fueron ejes centrales del suceso nacional. Se desenvolvieron en escenarios que permiten tejer un hilo conductor sobre la contribución del Tolima al devenir nacional y apreciar la impronta política dejada por figuras sin las cuales la historia colombiana hubiera sido distinta. Por eso no me limité a recoger datos biográficos de cada uno. Quise resaltar su presencia dentro de un contexto que dimensiona su figura histórica y permite entender el significado de su vida pública. No pocos de ellos constituyen un verdadero ejemplo para la juventud actual. Las nuevas generaciones tendrán que indagar sobre el pasado para enriquecer la historiografía y conocer la proyección de sus mejores valores humanos. Sin eso les será imposible preparase bien, para construir la historia de un futuro que resulte mejor que el presente.

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