LA EDUCACIÓN EN EL TOLIMA
Por razones de espacio pretendemos, tan sólo, ofrecer el registro de un perspectiva general que ojalá suscite verdaderos estudios sobre la educación en el Tolima a lo largo de su historia. Y todo porque ni en la región ni mucho menos en el país existe un texto que la presente en forma global, aunque sí se encuentran, para el caso de Ibagué, y en forma aislada, monografías editadas por algunas instituciones que descriptivamente muestran la evolución histórica de la Universidad del Tolima, del colegio San Simón y el Conservatorio de Música, pero no se ha intentado un conocimiento histórico de la educación con todas las implicaciones que surgen de la elaboración de este concepto. Debemos hacer aquí la salvedad de la realizada por Hernán Clavijo en su libro Educación, política y modernización en el Tolima, amplio ensayo investigativo que realizara con motivo del centenario Salesiano en la ciudad musical de Colombia: 1904-2004 1 y los continuos documentos que produce el investigador y pedagogo Luis Eduardo Chamorro, los que mucho han servido de base para este trabajo y cuyos textos se encuentran citados en su debido momento.
De todos modos, la evolución en sus ámbitos o zonas geográficas, la urbana y la rural, sus diferentes modelos y modos, su operacionalización pedagógica, las formas y las técnicas utilizadas para su administración y las características de sus agentes pedagógicos, entre otros, aguardan estudiosos. Pero no sólo eso sino que se ingrese a un territorio que parecería destinado a los narradores si se mira cómo ha definido esa educación la vida cotidiana que sería lo mejor, aunque no sobren los recorridos de análisis socioeconómicos o de qué manera cuantitativa o legislativamente hemos evolucionado y si, como puede observarse en esa génesis, de qué forma la alfabetización y la escolarización caminó lenta pero segura y ver al final, ya profesionalizados, en qué terminó todo el asunto.
Si se examina la legislación escolar de diversos períodos y la confrontamos con las insuficientes estadísticas de varias épocas, se verá con claridad la distancia entre la teoría y la práctica, mucho más cuando factores de orden social, económico y político intervienen en su proceso, a veces en su involución y no pocas con su desarrollo, puesto que no se trata tan sólo de un hecho aislado sino de un fenómeno cultural amplio que le ofrece a cada sector una particularidad, trátese de la distancia, la intensidad de los enfrentamientos políticos, el tipo de vida si se está habitando la montaña o el plan, las creencias mismas y hasta la utilización de un presupuesto generado por el gobierno, la municipalidad o los vecinos. Si bien es cierto la legislación escolar para cada gobierno y las mismas teorías pedagógicas que ellos movieron forjaron conductas particulares uniformando en parte comportamientos de docentes y estudiantes, la gestión y el resultado de la educación en el Tolima puede rastrearse en los cronistas coloniales, en novelas de autores no necesariamente tolimenses y en diarios de viajeros que estamparon cuadros de costumbres para ver reflejado un momento especial de nuestra historia. Inclusive, fuera de los informes oficiales de secretarios y gobernadores, también se encuentran en cantidades de artículos, columnas y entrevistas que dan el termómetro de lo que se pensaba era y debía ser un educador y cómo debería ser un estudiante. Al mismo tiempo, las entrevistas con pedagogos de diversos ciclos generan la conducta del maestro y un retrato de época, lo mismo que se recepciona la de la comunidad.
Marcan la variedad de grados frente al tema educativo, en un principio las cifras que van mostrando los cambios frente al aumento de la población, pero en otros la mudanza que va operándose de un departamento esencialmente rural a uno urbano con concentración en la capital o los municipios importantes, el mismo desarrollo de las vías, los niveles de escolarización y en mucho el factor violencia. Si bien es cierto en una perspectiva histórica se notan los avances entre lo que existía y lo de hoy como para ver que se ha saltado un gran abismo, podríamos señalarlo en lo cuantitativo y lo cualitativo como un abrumador paso de éxito. Sin embargo, el número de alumnos que empieza la primaria y el que termina su bachillerato, nos da la medida dolorosa de una frustración cuando apenas la tercera parte lo alcanza. De todos modos si se mira el resultado final en relación al número de estudiantes que pueden ingresar a la Universidad y al progreso de culminar una carrera, también las estadísticas nos muestran cómo esa es una condición calificada para ingresar irónicamente al estadio de los desempleados. Así las cosas, la política educativa tendría tanto de conquista como de fracaso.
Somos y hemos sido siempre un reflejo de lo que ocurre en el país. En mayo de 2006, un informe de la Procuraduría General de la Nación sobre el sector educativo,*2señala que sólo el 34.1% de la población entre 5 y 17 años disfruta del derecho pleno a una educación de calidad. El investigador Pedro Pinilla, segundo decano de la Facultad de Educación en la Universidad del Tolima, asesor del informe citado, advierte que en Colombia se ha trabajado durante 30 años con los mismos indicadores, lo que convierte el hecho en una desafiante y urgente necesidad de cambiarlos porque sólo miden la matrícula, pero no si los niños aprueban el grado y ante todo si la educación es de calidad.
Un recorrido por las diversas declaraciones rendidas a los medios por gobernadores y secretarios de educación, deja ver sus buenas intenciones e inclusive sus medidas concretas para mejorar el servicio, pero a renglón seguido las noticias resaltan de qué manera en buena parte de los municipios desde hace ya varios años, se tienen por lo menos entre 20 y 30 mil niños que están por fuera del colegio. Para sumar a esta calamidad, también se indica que relativamente pareciera que las cosas no hubiesen cambiado mucho o avanzaran muy lentamente, pues como se ha comprobado ya, desde principios del Siglo XX, en 1912, si el hecho desalentador era “que más del 80% de la población continuaba bajo el flagelo terrible del analfabetismo”*3, ahora, en el 2006, 94 años después, las cifras alcanzan entre el 11 y el 13% que en pleno Siglo XXI y bajo el auge de la tecnología, el espinoso tema no deja de causar vergüenza.
La diferencia entre los resultados ofrecidos por la educación pública y la privada, entre la educación rural y la urbana, saltan no sólo a la vista frente a las pruebas de Estado sino frente a la posibilidad real de sus profesionales en el campo social, empresarial y político. Pero esto no es lo grave sino que las instituciones privadas son las que logran la calificación de muy superiores, mientras que las oficiales conservan, salvo contadas excepciones, el señalamiento de corrientes. Las cifras que se verán adelante son más que locuaces.
En contraste de esta época con las anteriores, resulta aleccionador que en el libro Protagonistas del Tolima Siglo XX*4, buena parte de las personalidades que han logrado trascender en el país y fuera de él, tengan por lo menos en su educación primaria y secundaria su origen en las instituciones públicas. Sin embargo, en el Tolima no únicamente por razones económicas al estar incapacitados para pagar los costos del sector privado, el 96% de la matrícula total en el departamento para el año 2005 está inscrita en las instituciones educativas oficiales. En Ibagué el caso es diferente por cuanto ya el sector privado cubre cerca del 30%.
Antes de la existencia de tanta oferta en el nivel superior de enseñanza, era sobre todo Bogotá y otras grandes capitales quienes recibían a nuestros bachilleres, los que en un principio regresaban para visitar a su familia o encontrarse con los amigos, pero ante la escasa oferta de trabajo terminaban quedándose por fuera, considerando inclusive que volver era un signo de fracaso. De otro lado, si no se tendían puentes con los dirigentes políticos, era casi imposible conseguir un lugar en la nómina por lo que buena parte de los profesionales bien capacitados y con actitud de riesgo, no sólo crecieron con un talante de desprecio frente a los directorios políticos y sus miembros, sino que terminaron con la intención agotada de servir a su tierra. Si bien algunos finalizaron afiliados a sectores de oposición, en general adoptaron una conducta de apatía y se concentraron a buscar otro modo de vida y a soñar con otro tipo de cultura. Durante los últimos nueve años entre 1997 y el 2006, la convocatoria a concursos genera un grado de confiabilidad que antes no existía, pero sin embargo muchas de esas conquistas se ven frustradas por la intervención de concejales, diputados, parlamentarios, los mismos altos funcionarios del gobierno y hasta las organizaciones sindicales, contribuyendo y de qué manera,- por hacer favores personales y políticos, a un insoportable caos en la organización educativa. Y lo curioso es que ellos mismos, tirios y troyanos, salen a los medios de comunicación y lo dicen en sus discursos, que debe acabarse la politiquería y el clientelismo en la educación. Se da el caso de detectar mediante estudios que inclusive tienen los supervisores, de cómo son suficientes los maestros con que cuenta el Tolima en la actualidad, (7.500) pero siguen muchas escuelas sin ellos por estar concentrados en establecimientos donde no se les requiere, encarnándose además como inamovibles por los respaldos políticos e inclusive sindicales.5
Pareciera que nos encontráramos como en el Siglo XIX, aunque para aquellos años las luchas eran ideológicas. Porque no estuvo ausente la educación de las luchas políticas ni de los enfrentamientos partidistas a lo largo de esa centuria ni de las preocupaciones de quienes ostentaron el mando durante este período y de los que siguieron. La historia de la educación en el Tolima o en cualquier otra parte del país está indisolublemente ligada a la historia política. A lo largo de la evolución nacional o regional, los puntos de vista doctrinarios tanto de los liberales como de los conservadores, llevaron al país a un permanente enfrentamiento que produjo guerras y reformas con sus naturales consecuencias. Tanto unos como otros tuvieron a la educación dentro de sus principales inquietudes y proyectos y siempre quisieron dejarlas plasmadas en leyes que desafiaban al perdedor. Su orientación entonces estuvo marcada por el conflicto que iba por una parte dirigida a que la iglesia estampara sus pautas con principios católicos dictados desde la Constitución o por una actitud laica de los liberales. Fue la iglesia en la cual se sentían representados en particular los conservadores partidistas o no, la que tuvo a lo largo de casi todo el tiempo la responsabilidad de la educación en sus manos. Pero no se trataba desde los comienzos de una simple voluntad de las comunidades religiosas sino que tuvieron respaldo constitucional como en la de 1886 donde se ordenaba que la instrucción pública debiera hacerse de acuerdo a los principios católicos. Parte de nuestros grandes conflictos partieron de ese hecho por cuanto la orientación laica de los liberales aspiraban a lo contrario y los enfrentamientos partidistas fueron más que frecuentes. La iglesia arremetía tanto en toda la vida cotidiana estudiantil que decían cómo ser liberal era pecado. Así las cosas, dada la importancia social del tema educativo, su periplo la deja como campo experimental y campo de batalla. Pero antes de ingresar a otros puntos de vista ya no con generalidades, vayamos a los antecedentes de nuestro asunto desde la llegada de los españoles en época de conquista.
Los primeros tiempos
El arribo de los Ibéricos sustituyó, y de qué manera, gran parte del acervo cultural y educativo que tenían los indígenas. De allí que la primera gran escuela informal que tuvieron los habitantes del Tolima fuera encarnada en la campaña masiva de religión enseñada por orden de la Colonia Española, a más de ofrecerles, paralelamente, los elementos del aprendizaje de la lengua castellana como primer jornada de entendimiento y de dominación.
Aquellos curas doctrineros llevaron su misión con tan grande eficacia, que lograron dividir a los indígenas en una guerra que, los españoles, con la cruz y la espada, irían a ganar salvajemente a nombre de la civilización y la cultura. Lo que hoy se llamaría la educación formal, fue instaurada como una empresa educativa del entonces, buscando evitar a los europeos una pequeña torre de Babel. De esta manera izaban la bandera del poder despótico unos conquistadores que ofrecían, altivos, no sólo el deseo de borrar del mapa la organización y costumbres de nuestros indígenas, sino su propia vida. Y todo, al no dejarse sojuzgar o no aceptar, plenamente, la imposición de una educación y una cultura como parte del plan natural de sus acciones, vinculando al territorio, como ocurriría en toda América, a la civilización occidental. Luego de consolidada la conquista cuando emprenden la fundación de poblaciones, los regidores o alcaldes, a cuyo alrededor estaban los centros del poder local, desempeñaban funciones civiles y criminales, todo en el final de una época colonial donde ya se ofrecían escuelas públicas demandadas por los vecinos. Igualmente se nombraban maestros con bajos salarios, recibían pagos irregulares, en su mayoría, y eso, gracias a la contribución de algunos miembros de la comunidad. En medio de las naturales dificultades alcanzaban a sobrevivir los educadores de aquel tiempo que, en general, no portaban tampoco una preparación adecuada.
La educación y la cultura, predominio y exclusividad de la iglesia como parte importante de su monopolio, tenía para la expansión de sus ideas y normas no sólo las iglesias sino por supuesto los conventos. De allí que haya sido el de Santo Domingo, fundado por Fray Lucas de Osunna y Fray Juan de Chávez, el primer centro educativo formal organizado en el territorio de Ibagué por el año de 1565. En Honda y Mariquita a través de sus conventos en estas poblaciones, tal como lo afirma Roberto Velandia,*6 los doctrineros franciscanos y dominicos, los primeros en Colombia y luego los jesuitas, mercedarios, agustinos, contribuyeron con un papel fundamental como agentes civilizadores, cristianizadores, instructores y aglutinantes de los indios desde cuando corría el año de 1565 a 1620, en esencia al entrar los jesuitas a Honda e inclusive después de 1767 cuando fueron expulsados del país.
El Historiador Josué Bedoya nos refiere, sin embargo, cómo, el año de 1733, es el de la fundación del primer centro escolar de la ciudad. Dice el fallecido Presidente de la Academia de Historia del Tolima que: “Desde los albores de la colonia funcionó en la ciudad de Ibagué el célebre Convento de Santo Domingo, más tarde convertido en el colegio de San Simón, y en el cual se le impartía instrucción religiosa a reducidos grupos de indígenas, por allá a fines del año de 1580 y el cual perduró mucho tiempo”.*7
Puntualiza que “El día dos de enero de 1733, el señor Procurador General don Nicolás de Borja Espeleta y Montenegro, de singular memoria, elevó un extenso memorial al cabildo de la ciudad exponiéndole las más urgentes necesidades existentes, solicitándole a los regidores adecuadas soluciones y la expedición de normas de gobierno que favorecieron el progreso público”.*8 Entre otras cosas importantes decía: "Así mismo se de providencia por VS para que haya escuela de niños donde aprendan la doctrina cristiana, leer y escribir, y que se les obligue a todos los padres de familia a que precisamente pongan sus hijos en ella por ser en bien público y común a toda esta república para la buena crianza de los niños y que en ella consiste que cuando grandes no consientan ni cometan absurdos perjudiciales ".*9
El Cabildo, tomando atenta nota de este sabio reclamo, dio cortés respuesta al señor procurador quien cumplió algunas de sus proposiciones, pero dejó sin efecto lo relativo a la creación del centro escolar. Desde luego tal conducta indignó a don Vicente Navia, vecino muy prestante, quien resolvió tomar como cosa propia dicha iniciativa y reclamó por escrito a los cabildantes su preocupación.
El citado alegato, suscrito el siete del mes de enero de 1733 y que se dirigía a los "Ilustres Señores de Cabildo y Justicia y Regimiento de esta ciudad de San Bonifacio de Ibagué.-”*10, por parte de don Vicente Navia, vecino de la ciudad, “tesorero de la Santa Cruzada en ella”*11, manifestaba que “en justicia debían darle a algunos de sus hijos de menor edad y capaces algunos de ellos de poder entrar a la escuela a aprender la doctrina Cristiana, leer y escribir, y todo lo más que profesa la buena crianza en el santo temor de Dios y buenas costumbres; y porque en esta ciudad se padece el desabrigo al no haber persona que se dedique a este ministerio”.*12 Señalaba, así mismo, que “se experimenta que todos lo vecinos que tienen hijos y otros niños de su cargo, unos y otros padecen de este mismo desabrigo de la enseñanza a causa de no haber escuela y porque no se me anote falta de enseñanza a los míos, me obligo a dar al maestro que por V.SSas fuera servido, poner en dicha escuela, y en pago para ello, la cantidad de veinticinco patacones en cada un año y de que si fuere necesario otorgaré escritura de seguro, pagando por tercios o en cada un año, como dicho llevo y sin otro gravamen alguno”.*13 Una posdata advierte que tiene noticia de otros vecinos que pretenden enviar a sus hijos a la escuela como el mismo señor alguacil, mayor Bernardo Bonilla, “quién ha dicho dará otros veinte y cinco patacones en cada un año por los que fueren de su cargo”*14 y así mismo Pedro Carlos de Medina quien ofrece veinte ptes por los suyos, y don Luis Cabrejo diez ptes por los suyos”.*15 La lista se agrega con don Juan Gutiérrez por uno que está de su cargo contribuyendo en seis ptes, todos los cuales “son los nominados que se obligan y dan noticia que están pronto a dar las cantidades referidas”. *16
De igual manera señalan que ajustarán el premio de dicho maestro en cada año y darán la misma educación a los demás vecinos que tienen hijos en esta ciudad. Obligado de esta manera, el Cabildo procedió a consultar al señor procurador general sobre el asunto, quién respondió “Al Ilustre Cabildo. Don Nicolás de Borja y Espeleta, vecino y procurador general de esta ciudad de Ibagué”*17, que fueran servidos en petición presentada por el Capitán don Vicente de Navia en tan justo pedimento y para el propósito propone a Dn José Henríquez de Orduña y a Francisco Bustos Martínez de Lara, según consta en documento firmado en Ibagué, el siete de enero de mil setecientos treinta y tres.*18
Por fin el dichoso nombramiento de maestro de escuela se produjo el día catorce de aquel mismo mes, habiendo resultado elegido don José Henríquez de Orduña, lo cual se publicó a son de pregones y constituyó el comentario de toda la provincia. Fue así como Ibagué contó con su primer centro escolar. Henríquez de Orduña había contraído matrimonio en la ciudad el nueve de marzo de 1727, con doña Manuela de Castro y diez años después de su nombramiento figura en el cargo de Notario Eclesiástico, en 1743 y en 1745 como alcalde de segunda vara.
Este establecimiento de enseñanza se extinguió con los años, y en 1793, es decir 60 más adelante, el señor gobernador de la Provincia, don Francisco Navarro de Amaya, bajo una providencia ordenada por el Fiscal de Su Majestad, dispuso en el gobierno del Virrey Espeleta crear escuelas de primeras letras en todos los lugares del reino, creó de nuevo la que correspondía a esta ciudad, para cuyo sostenimiento dispuso que: "los dueños de los ganados que pastaban libremente en los ejidos contribuirán con un real por cabeza, en cada un año, ya que "el establecimiento de escuelas públicas es uno de los objetos más interesantes del Estado ".*19
En el año de 1802, don Joaquín Julián de Buenaventura, Alcalde del Valle de San Juan Bautista del Chaparral, solicitó, con fecha once de marzo al entonces gobernador de la provincia, doctor Manuel Santiago Vallencila, la creación de un centro escolar. Manifestaba que aquel vecindario se encontraba dispuesto a contribuir para su sostenimiento con cuotas voluntarias, y se observaba además que existía en vigor el decreto de 1791 que asignaba 200 pesos fuertes anuales a los maestros que ejercieran su profesión. Afirmaba en su escrito que: "hay bastantes sujetos de calidad y muchos mestizos a quienes conviene enseñar a leer y escribir correctamente”.*20
A los españoles les interesaba la difusión y conservación de sus valores culturales mediante la transmisión sistemática y unívoca del repertorio de sus conocimientos, desde luego hasta donde les fueran útiles como su mirada del mundo natural y humano. La esencia se enfocaba, necesariamente, en la formación de un carácter social que fuera un poco su imagen y semejanza. La vigencia de sus normas les darían, como era de esperarse, una solidaridad social que contribuía al sometimiento. Esta educación daba como resultado, entre los que accedían a ella y los que no, diferenciaciones de status social y ubicación de los individuos para legitimar las desigualdades, las fuerzas sociales y su política de cambio frente a una cultura y una lengua que cambiaba el ritmo y la naturaleza del tenido por los indígenas. La educación y la cultura dieron al traste con la determinación de fenómenos económicos, políticos y culturales que explican bien a la sociedad de entonces en forma general y particular.
Examinada la educación a través del tiempo y el espacio, vemos cómo ella contribuye a perpetuar el orden social establecido, en primera instancia, y de qué manera, cuando por las mismas vías de la educación y la cultura se obtiene otro tipo de informaciones tendientes a dar las herramientas que puedan cambiar el orden imperante que a muchos no les gusta por injusto y subyugante, crean conflictos internos y ya por las instituciones educativas imperantes no terminan reproduciendo sino modificando la estructura social externa a ellas.
Ibagué sería, a la postre, al igual que otras ciudades, el reflejo de su acción educativa y cultural mediante el implemento de normas dictadas a nivel central como parte de los planes de desarrollo, ya en los tiempos de la colonia o de la república. Su legislación, desde luego, regada en los documentos oficiales de las distintas épocas, determinarían, sin cauces salidos de este rumbo, las de conductor en el comportamiento de todas las variables del desarrollo de la educación en nuestro territorio bajo los diversos nombres adoptados. De todos modos, lo que sí está claro, es de qué manera los grandes conflictos socio-políticos han influido en su desarrollo o en su atraso y, particularmente, los conocidos bajo el común denominador del período de la violencia, trátese de la efectuada a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX con las guerras y a mitad de él los que se desprendieron por el enfrentamiento de los partidos tradicionales en los años cincuentas. Finalmente, tras los pactos de paz, vemos cómo los proyectos de rehabilitación en las zonas del conflicto la tocan directamente con algunas medidas que deben ser objeto de un estudio especial y cómo, a la postre, el enfrentamiento de las corrientes ideológicas predominantes tomaron la educación como el mejor campo de batalla para imponer concepciones, métodos, disciplinas, asignaturas y sistemas a los cuales se sometió a toda la población estudiantil y profesoral.
Desde el comienzo de la llegada de los españoles, hasta hoy, la influencia de la iglesia y el sector privado han sido notorios en el desarrollo educativo. Los que podrían llamarse los grandes momentos coyunturales, dan material abundante para emprender otro importantísimo estudio. El nacimiento en el siglo XX de las organizaciones sindicales del magisterio, las causales de su origen y evolución, los motivos de los diversos conflictos, la determinación de sus huelgas más notorias, el número de sus paros, ofrecen factores para mirar un panorama y la temperatura exacta de sus voces.
En Ibagué, al igual que lo realizado como tope mínimo en los habitantes de la Colonia y asumiendo la educación como nivel de status, sus gentes medias se preparaban para salvar el alma, conocían el latín y algunos clásicos y mantenían una mentalidad secular. Es un autor nacido en Mariquita, don Francisco Antonio Moreno y Escandón, quien elabora, hacia 1774, un plan para fundar la universidad pública que nunca termina, concretándose, a pesar de sus positivas intenciones de todo orden, a criticar la educación tradicional e incorporar las denominadas ciencias útiles. Ese primer experimento de reforma educativa en la Nueva Granada que emprende Francisco Antonio Moreno y Escandón, como su director de Estudios, dejó al mismo fundador de la Biblioteca Nacional con la preocupación esencial de orientar su plan hacia la enseñanza secundaria y superior. Pero no únicamente a través de superficialidades, sino a partir de una concepción más práctica a la existente hasta entonces, puesto que se basaba en las ciencias experimentales y preconizaba, tal como lo afirma Aline Helg *21 “el papel dirigente del Estado en la educación y la organización de una instrucción primaria pública”. En forma desafortunada, al igual que lo dice la autora, el plan fue sometido a “ataques virulentos de los dominicanos-los jesuitas habían sido expulsados del reino en 1767- y fue finalmente revocado por el Consejo de Indias”*22.
Por los comienzos de la república
Luego de la independencia de la Colonia en 1819, la educación termina convertida en una hamaca donde cada sector pretende descansar sus conceptos y en su ir y venir se afecta su estructura. Si bien es cierto que las relaciones entre la iglesia y el Estado cambian, llegan influencias británicas y francesas rompiendo el monopolio español y ofreciendo nuevas aperturas. Es en 1820 cuando el general Santander ofrece una interesante reforma puesto que “decretó el establecimiento de escuelas elementales para varones en las ciudades y pueblos de más de 100 familias y la apertura de una escuelita para hombres o mujeres en cada convento religioso”.*23 La enseñanza que debía preparar a los alumnos para ser honestos ciudadanos, buenos católicos y diestros trabajadores, comprendía lectura, escritura, aritmética y gramática, así como religión, moral e instrucción cívica. Sin embargo, si bien la legislación introducía por primera vez la noción de instrucción elemental pública, no ordenaba que fuera gratuita ni garantizaba financiamiento por parte del Estado. “El gobierno confió a los habitantes de las localidades la carga financiera de las escuelas, lo que puso en desventaja a las regiones económicamente débiles”.*24 En 1835 según Frank Safford, el 8.7% de la población en edad escolar iba a la escuela.
Dentro del trabajo de Santander que estuvo interesado en la educación secundaria, se tuvo el establecimiento de colegios en Ibagué, Medellín, Cali y Pamplona. Lejanos parecían los tiempos de la fundación del Convento de Santo Domingo en 1565, a partir del cual se enseñaba particularmente la religión. Y lejanos también los del abandono final por aproximados 160 años cuando se reconstruye tras el examen de su pobreza absoluta para que surgiera, luego, la creación, en 1722, hecha por el cabildo, de un establecimiento privado de enseñanza. Después, las noticias de época nos dicen de una nueva reconstrucción hacia 1800 y la creación del colegio de San Simón en 1822 con un pénsum orientado hacia el latín, la retórica, la gramática española, filosofía, matemática y mineralogía, partiendo de un presupuesto de cincuenta y ocho mil pesos, resultado de los conventos suprimidos en Mariquita.
Deben registrarse, con fortuna, el año de 1877 cuando por la ley 20 se crea la Escuela Normal; 1880 que inicia con nuevo plan de estudios; 1886 que otorga la secundaria gratuita; 1892 cuando se clausura el San Simón por reconstrucción y finalmente 1911 cuando la ordenanza 14 de este año, firmada por el gobernador Maximiliano Neira, reconstruye ampliamente un colegio que estaba físicamente en decadencia.
Un momento crítico en la ciudad de Ibagué es el de 1801, cuando definitivamente no hay un sólo establecimiento educativo abierto. Al igual que en Europa, la peste invadía con su olor y sabor de muerte a poblaciones enteras, diezmándolas en forma inevitable. Así ocurre en Ibagué cuando la peste de la viruela hace su entrada triunfal ante la impotencia de sus gentes y la medicina, dejando sin vida a dos terceras partes de los Ibaguereños. Desolados, sin planes distintos a sobrevivir como pudieron, con la única enseñanza pública de remedios caseros, soportaron esta orfandad hasta 1804, cuando se aplica masivamente la primera vacuna en el país. Veinte años más tarde, en 1824, Simón Bolívar visitaba a Ibagué repuesta de sus dolencias colectivas y oyendo en las conversaciones de qué manera, Humboldt, en 1800, un año antes de la peste, había pasado por aquí investigando los nevados y volcanes, dirigiéndose a Icononzo y Chaparral. Nadie imaginaba para entonces sino una especie de paraíso descrito por el visitante extranjero y que provocaba a sus contertulios, entre ellas a una hermana del sabio Caldas, donde se alojó, en una esquina del que hoy es el parque Manuel Murillo Toro, la sensación de que por encima de todo castigo estábamos rodeados y adornados de maravillosas bellezas naturales que viejos y jóvenes deberían gozar y aprender de ellas.
Debe subrayarse la fecha referida por los historiadores en la organización de un sistema de educación pública el 6 de octubre de 1820. Y recordarse que el general Santander, como Vicepresidente de Colombia, ordenaba, por decreto, la fundación de escuelas donde las primeras letras fueran ofrecidas en todas las ciudades, villas y lugares, al igual que el establecimiento de ellas en conventos, en pueblos indígenas y referidos su currículo a la lectura, la escritura y la aritmética, junto a los dogmas de la moral cristiana.
Jaime Jaramillo Uribe, en su ensayo sobre "el proceso de la educación"*25, cita cómo, la orden del decreto expresaba la instrucción en "los deberes y derechos del hombre en sociedad y les enseñarán el ejercicio militar todos los días de fiesta y los jueves en la tarde".*26. Para tal efecto, en su artículo octavo se decía cómo "los niños tendrán fusiles de palo y se les arreglará por compañías, nombrándose por el maestro los sargentos y cabos entre los que tuvieren mayor disposición, siendo el maestro comandante".*27. Por supuesto que todo su ambicioso plan educativo era practicado al pie de la letra y, además de las normas acordadas en el Congreso de Cúcuta en 1821, el tres de octubre de 1926, se redacta el Plan General de Estudios Superiores donde se creaban, entre otras, escuelas normales, cobijando los centros fundados en Mariquita e Ibagué, lo que beneficia ampliamente en su arranque definitivo la vida cultural y educativa de la región.
Consolidada la República luego de las reformas de Santander, durante el gobierno de Herrán y pasada la guerra civil de los Supremos-1839-1841-, cita Jaime Jaramillo cómo “el sistema educativo sufrió otro cambio radical como fue frecuente en el siglo XIX, y todos los problemas sociales se explicaron por fallas en la educación, de manera que después de un período conflictivo o de una guerra civil, los gobiernos procedían a efectuar una reorganización en los planes y contenidos de la educación pública”.*28
Mariano Ospina Rodríguez orienta esta política como Ministro del Interior, defiende la enseñanza de las Ciencias útiles y ve en las profesiones tradicionales (derecho, teología, medicina) uno de los obstáculos del progreso nacional, previniendo, alguna vez, a sus hijos, sobre los peligros de un gusto excesivo por la literatura porque según su información "nadie había encontrado minas de oro en el Parnaso"29
Con su gestión regresaron los Jesuitas, reglamentó la enseñanza en las escuelas, por ejemplo, niñas y niños separados, y tenía un plan balanceado entre el contenido humanístico y técnico. Para aquellos tiempos se infringía castigo a través de la regla y la burla y el país todo tenía 491 escuelas públicas y 712 privadas, una población escolar de 26.924 alumnos, entre ellos 19.161 varones y 7.763 niñas. De este período hasta la reforma radical del 1870 donde la consigna de paz, caminos y escuelas constituyen el programa, crea el gobierno del general Salgar un decreto orgánico que da a la educación una administración unitaria, fundando la dirección general o nacional de Instrucción Pública, organizándola jerárquicamente hasta en los municipios a partir de los “ciudadanos más ilustres del distrito ".*30 De allí que hasta más o menos 1950 no se llamara a los encargados de dirigir la educación Secretarios sino directores. Por primera vez en la historia política y legislativa del país se impone la instrucción obligatoria que antes era gratuita pero no obligatoria y cambian las relaciones del Estado y la Iglesia en lo referente a la educación, aunque para el caso del Tolima y en particular Ibagué, lo aceptaron pero imponiendo la enseñanza religiosa obligatoria que no era de la ley general, siendo imitados apenas por el Cauca.
Desde esa reforma educativa radical de 1870 que declara a la escuela pública obligatoria y gratuita y compromete a los Estados Federales y a todas las instituciones a su avance, no sólo se ofrece un importante paso hacia el desarrollo, sino florecen los conflictos porque la iglesia “mediante pastoral de 1872 prohíbe a sus fieles matricular a sus hijos en las escuelas públicas oficiales bajo amenaza de excomunión y dos años después, en 1874, excluía a los estudiantes de las escuelas normales de cualquier participación en los ceremoniales de Semana Santa” 31. Con la Regeneración una década después y bajo el mandato de Rafael Núñez, la educación sufrió cambios notorios en su orientación, puesto que como lo cita Renán Silva*32 según el artículo 41 de la Constitución, “la instrucción primaria sería gratuita pero no obligatoria” dándose un gran retroceso.
La guerra civil de 1876 hace que se cierren escuelas y universidades, convirtiéndose muchas de ellas en cuarteles. Se hace luego una política conciliadora hasta que llega el período de la regeneración entre 1880-1900, uno de los más conflictivos de la historia nacional. Cuatro guerras civiles: 1876, 1885, 1895, 1899, dejan al país empobrecido en lo económico, dividido en la opinión y victimada la educación por la anarquía política y la desorganización administrativa. En San Simón, por ejemplo, los estudiantes se alistan de las aulas a los batallones, y el caso del poeta Martín Pomala referido en su autobiografía,*33, es ejemplo patético.
Llegado Rafael Núñez a la presidencia, se traza una política de reconciliación con la iglesia y se firma el Concordato entre el gobierno y la Santa Sede en 1887. La iglesia asume entonces el control de la educación, por lo menos hasta 1930, cuando los gobiernos liberales inician una recuperación de las prerrogativas del Estado en materias educativas. Todo ello, afectando la conducta de lo realizado en Ibagué y el Tolima.
Durante la vigencia del Estado Soberano del Tolima (1863-1885), Jairo Ramírez Bahamón* 34 dice que la “idea de construir una escuela pública que respondiera por la formación de personas capaces de reconocerse como ciudadanos y como miembros activos de una institucionalidad civil, rondó por la mente de varios gobernantes de la región, durante buena parte del siglo XIX”. Señala que “dicha idea cobró mayor fuerza durante la vigencia del Estado Soberano del Tolima (1863-1885) pues los gobiernos de los últimos diez años de dicho período, más cercanos al radicalismo liberal, enfilaron sus esfuerzos no sólo a la construcción de la escuela pública, sino también y con especial énfasis hacia una escuela laica sin relaciones ni ataduras con el poder eclesiástico. Pero aquellos gobiernos impulsaron con tal vehemencia su proyecto laico que alertaron e hicieron que se levantara en su contra la más abierta oposición por parte de los poderes locales, el gamonalismo y sectores importantes del clero. Estas fuerzas opositoras supieron aprovechar la guerra de 1885, encaminada a derrocar al gobierno de los radicales, para aplastar, al mismo tiempo, el proyecto de escuela laica que se venía construyendo”35
Describe Ramírez Bahamón*36 que “Terminada la guerra de 1885-1886, uno de los primeros actos administrativos en el ramo de la instrucción pública, dictado por el gobernador del recién creado departamento del Tolima, fue el de restablecer las tareas en el colegio de San Simón. En todo el Estado Soberano del Tolima hubo total parálisis en escuelas y colegios, locales que terminaron siendo cuarteles y quedaron en un gran deterioro. El gobernador procedió a reorganizar provisionalmente la instrucción primaria por medio del decreto 225 de 1886, pero pocas arrancaron dada la precaria situación del fisco departamental”. Por aquella época como en las actuales, los recursos por más que se destinen terminan siendo insuficientes. Continúa Jaime Ramírez Bahamón señalando que la “Gran limitación para la reorganización escolar fue igualmente la carencia de personal docente idóneo”.*37 Se advierte que quizá alentados por su juventud, apenas se contaba con ellos armados tan sólo de buena voluntad pero sin otras herramientas que pudieran ofrecer niveles mínimos de calidad. De otro lado su ensayo puntualiza que la indiferencia de la comunidad hacia la escuela parecía generalizada y que inclusive los padres de familia daban órdenes para que no asistieran en un saboteo que iba acorde con su manera de pensar entonces, al tiempo que ni siquiera existían textos escolares.
Entre los datos de Jaime Ramírez, se señala que para 1887 cuando ya había pasado esa guerra, se abre la escuela normal para institutoras e institutores en Ibagué, cada una con 15 alumnos, así como el colegio de San Simón donde permanecieron los hermanos Maristas hasta las postrimerías de 1899 poco antes de comenzar la guerra de Los Mil Días. A aquellos estudiantes de las normales los criticaron porque eran hijos del radicalismo y no se podía confiar a estos maestros la educación, pues en aquellas normales “aprendieron a blasfemar de Dios y burlarse de los que teníamos la dicha de creer”, pero ya en una visita pastoral de 1897, corregían el asunto al decirles que el fin principal de ejercer el oficio de maestro “es el de aprender a respetar los preceptos de Dios”.*38 Ya hacia 1892 se estableció la Escuela de artes y oficios del Guamo y se crearon becas para alumnos tolimenses en el seminario de Bogotá. Para 1896, como lo refiere Hernán Clavijo*39, “llegaron los hermanos maristas y se encargaron de escuelas como las de Ibagué”. El sectarismo llevó a excomulgar profesores y a combatir todo lo que no estuviera dentro de sus normas, pero la población escolar entre 1892 y 1896 estuvo para todo el Tolima, incluyendo el Huila, entre 9.326 y 10.724 repartidos en 181 escuelas, cuando en 1892- cuatro años atrás, era de 132 escuelas y 9.326 estudiantes, en 1893 de 145 con 9.620, en el 95 158 con 7.602.*40 . En cuanto a la educación secundaria*41 el informe citado mencionaba “como únicos establecimientos oficiales la Normal de Señoritas de Ibagué, dirigida por María de Jesús Ortiz, el colegio de San Simón de Ibagué y el Santa Librada de Neiva adonde acudían 115 alumnos”.
Empezando el siglo XX
En medio de los conflictos y avances que manifestaba la educación, los guarismos que arrojan las tasas de alfabetización y escolaridad en el país y por supuesto en el Tolima no son muy halagadores. El censo de población de 1918*42 determina que en el departamento el nivel de alfabetización alcanzaba apenas el 28.7% entre los hombres, el 18.7% entre las mujeres para un total del 28.3%, comportándose más o menos dentro del promedio nacional. Igualmente para 1922*43 dentro de una población total de 328.812 habitantes, los alumnos inscritos fueron 19.099 cuyo promedio sobre el total lo deja en el 5.9%. A pesar de las guerras recientes la mayor parte de personas habitaba el campo donde los docentes ganaban menos que los del sector urbano y sus buenas condiciones de trabajo eran mínimas, al tiempo que su preparación tampoco era la adecuada ni los requisitos para su nombramiento tenían algún rigor. De otra parte la designación se daba particularmente por influencias políticas y los niveles de deserción se presentan altos por cuanto buena parte con el tercero de primaria se iba al trabajo. Para una época de hegemonía conservadora -y la costumbre se siguió casi hasta los años 60 del Siglo XX, la religión con el catecismo del padre Astete era fundamental, continuando una línea establecida desde el Siglo XVII en toda la América Española, sin que faltara la urbanidad de Carreño, el reinado de la memorización y entre la escritura y las 4 operaciones en matemáticas, se conformaba la columna vertebral de la enseñanza. No faltó la práctica del lema “la letra con sangre entra” que inclusive también se prolongó hasta los mismos años 60 referidos. Quizá también desde esos años comenzó a perder el maestro su nivel de privilegio en la escala social y con el pago de salarios atrasado por varios meses que en ocasiones se compensaba con aguardiente de los estancos, el comienzo de un descuido en su misma presentación personal y otros comportamientos inadecuados a su rango, lo fueron desplazando poco a poco. En el Tolima para 1923*44 los colegios oficiales masculinos eran 5, los femeninos 6 para un total de 11, teniendo los primeros 337 alumnos, los segundos 388 para un total de 755. Los privados por su parte eran 30, 14 masculinos y 16 femeninos con un total de 1.196 alumnos entre 586 hombres y 610 mujeres. Todo este panorama representaba tan sólo el 5.8% por población en secundaria. La implantación de las comunidades religiosas en este nivel de enseñanza antes de 1930*45, muestra que en el Tolima se contaba con las Hermanas de la Presentación, Hermanos de las Escuelas Cristianas, padres Salesianos, hermanos Maristas e hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. Inclusive la escuela normal de varones era regida por los Maristas.
Pero si de nuevo la guerra de los Mil Días (1899-1902) dejaba a los niños sin escuela y el nuevo siglo aparece sin presupuesto ni estudiantes ni profesores dispuestos a reorganizarse, sólo quedan los esfuerzos de los curas que institucionalizando los dogmas de la iglesia católica, además de estar con celo en su vigilancia, prevalecen en el poder educativo intensamente hasta 1922.
Siendo Maximiliano Neira y Luis Umaña López los gobernadores de 1905 a 1910, advierte el historiador del Huila (Página 35, Historia General del Huila) que tres características configuran el desarrollo educativo durante este período y es la ausencia de normatividad propia (regional) para el ramo, la relegación de la confrontación entre los proyectos educativos laico y sacro ante la presencia de las orientaciones centralizadoras, la preocupación por la ampliación de cobertura educativa y la creación de mecanismos que aseguraran la asistencia escolar.
La inestabilidad en la duración de los gobernantes desde el mismo Estado Soberano del Tolima (1861-1885) cuyos presidentes en este período fue de 28 empezando por Tomás Cipriano de Mosquera hasta Gabriel González, al igual que ocurre con los gobernadores titulares desde esa época a hoy que es de 82, genera, salvo los mandatarios ganados por elección popular que apenas va en 4 por un período de tres años para cada uno, una poca continuidad en la política educativa, trátese en muchos de los casos de quienes están sometidos a la ley general o en otros de quienes trazaban sus propios lineamientos con el apoyo de sus asambleas cuando esto tuvo lugar.
El Siglo XIX termina entonces en medio de la guerra y así comienza el Siglo XX. Y llegaron los enfrentamientos armados con la misma consecuencia de que las conflagraciones paralizaban la educación y sus estudiantes se iban al combate como lo cuenta Martín Pomala. Todas aquellas personas tuvieron apenas la formación de los hogares y los conocimientos transmitidos de boca a oído desde los tiempos de la infancia ya desde su habitar en el campo o en los pequeños poblados. La guerra de los mil días dejaba generales sin ejército, contabilidad de escaramuzas, odios escondidos y una inestabilidad económica de la cual era necesario sacudirse. Y es el café, principalmente, el que con visos de desarrollarse como industria, comienza a dejar un panorama distinto al de la quiebra. Nuestras tierras, aptas para ello, eran, desde ahora, siguiendo el ejemplo de Antioquia, no únicamente un escenario para el enfrentamiento político sino para el desarrollo económico. Pero en medio de todo, la ley 39 de 1903 dictada por el presidente Marroquín, establece los famosos inspectores del orden nacional, departamental y municipal. Precisamente el consagrado escritor José Eustasio Rivera vendría a Ibagué gracias a ella. Mencionado mandato también dividiría la educación en primaria, secundaria y profesional, determinando la segunda en técnica y clásica, y hace énfasis para que los establecimientos de primera enseñanza preparen a los ciudadanos en las tareas de la agricultura, la industria y el comercio. Establecía, así mismo, con cargo a la nación, la enseñanza normalista para lo cual debía instalarse una escuela Normal en cada capital de departamento, estatuía una junta de vigilancia compuesta por el alcalde, el párroco y vecinos notables y hasta prohibía a los maestros tratar con personas de mala conducta o entrar a tabernas y casas de juego. Esa ley le daría a Ibagué en su primera parte la entrada de su desarrollo, la fundación real de la normal, una especie de municipalización de la educación en algunos sentidos y el establecimiento de un movimiento estudiantil, posibilidades de empleo, y un ambiente cultural que habría de marcarlo.
Ibagué en particular comenzaría un proceso de crecimiento interesante o de urbanización y para sobrevivir, hasta los mismos peones y capataces, obedeciendo a los intereses de sus patronos, empezaban a capacitarse en lo elemental. Al surgir una clase media urbana mediante la educación en la normal, el bachillerato técnico o clásico, y la misma universidad, la oportunidad de un ascenso social estaba en la educación que tuvo una demanda inusitada. Los métodos traídos de Alemania, particularmente, dieron pauta para un movimiento de la denominada Escuela Nueva, como ahora, escuela activa, mejor, que planteaba modificaciones al sistema educativo nacional, a las normales, fundamentalmente, y se urgía la necesidad de tener buenas aulas, restaurantes escolares, bibliotecas, centros de vacaciones y hasta laboratorios de psicología, buscando transformar, esencialmente al maestro, como fundamento del proceso.
Todo ello contribuye a que Ibagué y otras poblaciones tengan un jalonazo particular y que lo denominado por alguien como un país de catedráticos se diera en la ciudad y en lugares como Mariquita y Honda. Son los profesores, entonces, quienes asumen un protagonismo intelectual y cultural, logrando por la aprehensión de conductas una respetabilidad grande en el medio. En la zona rural, por mandato de la ley hacia los años de 1930, se incrementaron las escuelas por cuanto se ordenaba a los propietarios de las haciendas que tuvieran una población de más de veinte niños entre sus arrendatarios o aparceros, el suministro de un local escolar. En forma desafortunada no se alcanzó a su cometido práctico “por falta de la norma de obligatoriedad”*46, como lo afirma Jaime Jaramillo Uribe.
Según el censo de 1918 donde las mujeres eran superiores a los hombres al contabilizarse 162.007 varones y 166.805 mujeres de los 328,812 habitantes existentes, la densidad de la población era de 13 habitantes por kilómetro cuadrado, pero en relación a ese número de habitantes, en el Tolima estaba bien difundida la instrucción. De acuerdo a Eduardo Torres*47 funcionaban entonces 370 escuelas o sea una por cada 900 habitantes y en la capital existían escuelas normales para ambos sexos y colegios oficiales en Villahermosa, Santa Isabel, Chaparral, Alpujarra, Honda, Líbano, Fresno, Espinal y Guamo y colegios particulares en otros municipios. Estos datos nos dejan advertir cómo es en el norte particularmente donde se preocupan por diligenciar su existencia, al tiempo que en Ibagué funcionaban además de San Simón, las escuelas Salesianas de artes y oficios para varones y la de trabajos manuales y artes para mujeres, fuera desde luego del Seminario de la Diócesis, el colegio de la Presentación, la escuela Salesiana de agricultura y el Liceo infantil. De acuerdo al mismo Eduardo Torres*48, la instrucción pública oficial costaba 227 mil oro cada año y concurrían a las escuelas públicas 22.000 alumnos, más o menos el 7% sobre el total de la población.*49 Señala el autor citado que los municipios contaban con locales amplios y cómodos, construyéndose cada día nuevos establecimientos y que en el departamento 85.000 personas sabían leer y escribir, lo que según los datos estadísticos eran el 26% de la población. Resalta que para el mejor servicio de la instrucción pública el departamento contaba con cuatro Círculos Escolares con cabeceras en el Líbano, bajo cuya jurisdicción se encontraban los municipios de Fresno, Soledad, Casabianca y Villahermosa, Lérida, San Lorenzo (después llamado Armero), Santa Ana (hoy Falan), Mariquita y Honda. El segundo Círculo era Ibagué con jurisdicción en San Miguel de Perdomo (luego Espinal), Coello, Piedras, Caldas (Alvarado), Venadillo, Ambalema, Santa Isabel y Briceño. El tercero era el Guamo compuesto por los municipios de Santa Rosa, Melgar, Carmen, Cunday, Icononzo, San Luis, Espinal, Valle y Miraflores. Sigue el de Purificación que lo forman Ortega, San Antonio, Chaparral, Ataco, Coyaima, Natagaima, Alpujarra, Dolores y Prado. Cada uno de ellos estaba a cargo de un inspector. Para entonces sólo había 39 municipios y 50 corregimientos.
Vale señalar el panorama que traza Eduardo Torres sobre Ibagué*50, donde especifica cómo en la ciudad funcionaban en instrucción secundaria San Simón, Escuela Normal de varones, Seminario de la Diócesis, Escuela Normal de Señoritas y el colegio de la Presentación, como ya está escrito, pero refiere tres escuelas para varones, tres para niñas y el Liceo infantil para la instrucción primaria, agregando el Conservatorio de Música, también de enseñanza gratuita, al tiempo que el inventario sobre lo rural lo lleva a establecer 17 escuelas. La suma total de estudiantes es de 1.600 niños en primaria, 600 en secundaria, para un total de 2.200 educandos. Para esa época 9.800 personas sabían leer y escribir, lo que equivale a decir que el 32% de la población era alfabeta. Las rentas municipales a favor de la instrucción pública El presupuesto del municipio alcanzaban anualmente los 3.500 pesos. Curioso resulta el caso de El Líbano donde la inversión es superior a la de Ibagué por cuanto invierte 4.800 pesos, las escuelas rurales son 11 y las urbanas 5 y lo que es más, el 35% de sus habitantes saben leer y escribir, un promedio mayor al de la capital, existiendo en esta población del norte 7.900 alfabetas, que promediando los habitantes es superior a la de Ibagué, si se parte que esta contaba con 30.255 habitantes y El Líbano 22.256.
A pesar de que en 1930 bajo el gobierno de Enrique Olaya Herrera se crea la facultad de Ciencias de la Educación, la crisis económica de esos años afectó al mismo sector educativo, a más de la no existencia de Universidad en el Tolima. Es con la llegada del tolimense Alfonso López Pumarejo, cuando entre 1934 y 1938, se ofrece impulso modernizador, se combate mucho la memorización y se impulsa ampliamente la educación rural. Estos programas están primero bajo la tutela en el Ministerio del maestro Luis López de Mesa, sucedido por Darío Echandía. Él, como complemento a la reforma agraria iniciada con la famosa ley 200 de 1936, lanza en este gobierno la consigna de "Tierra y Cultura". La reforma educativa y la reforma social, concebidas una junto a la otra, ofrecía así positivos resultados. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, el crecimiento de la población no tenía proporcionalidad en un rendimiento y prestación del servicio educativo.
Jaime Jaramillo Uribe refiere cómo, "la taza de analfabetismo de la población mayor de 7 años que hacía 1912 era superior al 70%, en 1938 había bajado al 46,9%, en 1951 al 43,9% y en 1961 al 39,3%”*51. Semejantes cambios se observan si se considera la inversión pública en gastos de educación como proporción de los ingresos fiscales del Estado. Fluctuante entre el 6 y el 8% entre 1912 y 1950, fue inferior al 3% en la época de la gran depresión (1930-1934) y sólo en los años 1940 y 1941 sobrepasó el 9%. Porcentajes mayores sólo se encuentran a partir de 1960, cuando como resultado del plebiscito de 1958, los gobiernos del Frente Nacional aplicaron a la educación el 10% de los ingresos, porcentaje que fue aumentado en los posteriores presupuestos nacionales, “hasta lograr que el sector educativo formal estatal, dispusiera de más del 20% del presupuesto nacional, sin que esos recursos parezcan suficientes".*52
De acuerdo al mismo Dane, tenía el Tolima en 1933 la suma de 27.711 estudiantes, de los cuales todos se encontraban en el nivel oficial, correspondiendo al área urbana 11.633 y al área rural 16.078. Este hecho notable de tener aún la mayor parte de alumnos en el sector rural y sin que bajo ninguna circunstancia la no oficial tuviera cifras significantes, va a cambiar una década después, en 1943. Para ese entonces el incremento fue tan sólo de 4.957 educandos, hallándose 30.328 en el total oficial y ya 2.340 entre los particulares. El área oficial urbana cubrió 15.482, la no oficial 2.340 como ya está dicho, aunque en el sector rural mantuvo su paramento total. En 1953 cuando todavía la violencia se extiende por el país pero en particular por el Tolima, el insospechable aumento de estudiantes respecto a la década anterior se dio en 20.620, partiendo de su población total de alumnos matriculados en 53.288, de los cuales 48.906 estaban en lo oficial y ya 4.382 en lo no oficial, prácticamente doblándose. Respecto al área urbana, la estadística de un total de matriculados que alcanza los 24.434, (20.052 en lo oficial y 4.382 en lo privado), arroja un dato que llama la atención, pues en el área rural se tienen 28.854 sin que lo no oficial intervenga para cumplir 30 años con este índice, conservándose sus estudiantes todavía por encima de la población escolar en el área urbana. La presencia de Gustavo Rojas Pinilla en la presidencia y de Cuellar Velandia en la gobernación, daban en medio de la dictadura un clima que buscaba la armonía no sólo desde las obras públicas sino desde la inversión en materia educativa, generando una confianza en los campesinos luego de la persecución en la violencia, lo que se hace evidente por las estadísticas. Para 1963 cuando gobierna en el Tolima Alfonso Jaramillo Salazar, el caso es lo contrario, puesto que gracias de nuevo a la inseguridad producida por la violencia encabezada por reconocidos bandoleros y guerrilleros desplegando toda su acción, el desplazamiento de hogares enteros con sus infantes y jóvenes termina dando cabida a una mayoría urbana, facilitando la cuantiosa diferencia de 60.499. Sin embargo, a pesar del éxodo cumplido del campo a la ciudad, las medidas de incremento en educación saltan a la vista, pues debe registrarse igualmente que para esa época los escolares se duplican al tener una diferencia con la década anterior de 55.589, dentro de un total de población escolar que llega por vez primera a la estimulante cifra de 108.877 estudiantes matriculados. Si bien es cierto que lo oficial conserva 99.382, ya también lo no oficial en su ritmo ascendente logra 9.495, sobrepasando el último guarismo y reproduciéndose en número de 5.103. Frente a quienes estaban en el campo, se muestra un total de 48.378, aunque apareciendo allí, en forma inaugural, 87 establecimientos no oficiales. Se observa que el vaivén de los acontecimientos del país cubre notoriamente la conducta asumida en el Tolima, desprendiéndose en este territorio un crecimiento notable en el plano educativo y la necesidad de la demanda obliga la creación de centros pedagógicos oficiales y privados. No alcanzan para entonces a cubrir del todo las necesidades de la gente, pero se construye una especie de conciencia colectiva al sentir como urgente la encarnación del proceso mediante la vinculación a la educación. En 1973 en un ritmo de ampliación que no se da porcentualmente inclusive para los años de 2004-2006, la población total de alumnos matriculados llega a 162.461, correspondiendo al nivel oficial 150.681 y al no oficial que aumenta tan sólo en 2.285, obtiene 11.780. El área urbana copa un total de 89.140, siendo los oficiales 77.920 y los que no 11.220, mientras que en el sector rural suman todos 73.321, de los cuales lo oficial alcanza 72.761 y los no oficiales 560. Esta figura irá en aumento en las nuevas décadas y ya la diferencia entre lo urbano y lo rural se tasa en 15.819 estudiantes. Para el período de 1983 el total de alumnos matriculados es de 169.132, (155.059 oficial, 14.073 no oficial), congregándose en el área urbana 97.490, atañendo al sector oficial 84.408 y al no oficial 13.082. Al examinar las cifras del área rural, allí se concentran 71.642. (Oficial 70.651, no oficial 991), pero señalan las estadísticas del Dane que las tasas generales de aprobación, deserción y repitencia entre 1963 y 1983 se dan en promedios de 70%, 25% y 18% respectivamente.
El personal docente por sector y área entre 1933 y 1983 fue creciendo en forma ostensible a lo largo de ese medio siglo. Al recorrer los seis períodos que visualiza el Dane, es fácil examinar su avance: 1933 (471), 1943 (621), 1953 (1.293), 1963 (3.283), 1973 (5.660) y 1983 (9.369). Para esas mismas fechas la relación de los educadores entre los que estaban al servicio oficial y no oficial fue de 89 en el 43, 194 en el 53. 482 en el 63, 631 en el 73 y 594 en el 83. Ya la diferencia de maestros entre el área urbana y la rural se tasa en más o menos 500, lo que consolida de ahí en adelante una disposición mayoritaria en lo urbano.
Si pasada la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, el período de la Junta Militar y la llegada del Frente Nacional otros empiezan a ser los presupuestos, la demanda de maestros y escuelas en Colombia y desde luego en el Tolima, son notorias, pero no tanto en la capital del departamento. Existen estudios sobre este período que ofrecen un panorama de la realidad de la época, donde por ejemplo la promoción, particularmente de bachilleres, aumenta en un 20 y hasta en un 30% en relación a anteriores períodos, así como la cobertura para ingresar a la universidad es amplia. De todos modos, aún en 1966, a pesar de estar creada la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad del Tolima, los licenciados al servicio del departamento eran sólo cinco aunque egresados de la Universidad Nacional, pero por fortuna en 40 años transcurridos, los resultados son más que satisfactorios, dándose el alarmante caso de una producción de licenciados sin posibilidades de ingreso al mundo laboral.
Si para 1918 el Tolima tenía el 28.7% de hombres alfabetizados, un 27.7% de mujeres para un total de 28.2%*53, entre 1918 y 1958 la población escolarizada se mantuvo en Colombia apenas en el 30% con un avance del 10% en la última década, lo que deja por fuera del sistema educativo la gran masa de la población. En 1923 nuestro departamento, con una población de 328.812 habitantes, contaba con 19.926 alumnos inscritos, lo que equivale, sobre su población total, a un 5.9% *54
El nombramiento de los maestros estuvo fuertemente ligado a la política por la no existencia de concursos y en buena parte de los casos al no tener en cuenta los méritos académicos mínimos, se generaba una clientela para cualquiera de los partidos imperantes, uno cada vez o alternados como en el Frente Nacional. Se llegó a tal punto que a los dirigentes de la época fuera común decirles “nómbreme a mi hijo aunque sea de maestro”. El tema tomó ribetes de dramatismo cuando en 1972, Calixto Ortiz, entonces jefe de primaria de la secretaría de educación al recolectar información sobre el nivel escolar de los educadores, encontró que había trece que no sabían leer ni escribir. Para entonces el número de licenciados en el departamento era de cuatro y sólo vino a presentarse inclusive un superávit, al salir las promociones de licenciados en la facultad de educación de la Universidad del Tolima.
Poco a poco la población de docentes fue tomando fuerza entre las mujeres para tenerlas en 1931 representando el 55% en la parte urbana y en 1953 el 68%*55 y hacia los años de 1960, puntualiza la misma ensayista*56, los salarios que venían pobres cayeron (por despreocupación del gobierno) en el nivel de los de la clase obrera.
Como siempre la política y los hechos sociales afectan la educación. La guerra civil de la violencia entre 1946 y 1957, dejó para el Tolima consecuencias imprevisibles. Se refiere que para aquella larga década de desolación, terror y crímenes, el departamento colocó buena parte de los 300 mil muertos que registran las estadísticas. Como consecuencia del asesinato en Bogotá de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, no sólo se afectaba la tranquilidad en toda la república sino ahí caía también en su papel de víctima la educación. La aparente normalidad se conservó tan sólo en los municipios conservadores, mientras que en los liberales, perseguidos por el gobierno, la irregularidad rompió con los horarios, la deserción de profesores y estudiantes fue grande por el forzado desplazamiento y se laboraba sin el necesario rigor. La llegada de Laureano Gómez (1950) generó cambios por cuanto a las secretarías departamentales llegaron sus amigos, ordenándose desde Bogotá la destitución de los liberales e inclusive de los conservadores moderados. Las órdenes venían de Rafael Azula Barrera y Lucio Pabón Núñez, en la cartera, las que en el Tolima se cumplieron aunque no al pie de la letra, siendo gobernador Octavio Laserna Villegas. Todos estos mandatos aterrorizaron aún más a la gente y sobre todo a los que venían de la revolución en marcha proclamada por el tolimense Alfonso López Pumarejo. Como una respuesta a esa época de terror en algunos lugares, la gente de la región votó en 1958 de manera masiva por el expresidente para su figuración en el Senado. Aquellas purgas y venganzas políticas, por fortuna, no se dieron en masa porque en el fondo se oponían a desmantelar un sistema educativo débil. En 1953 con el golpe de estado de Rojas Pinilla, las escuelas y colegios, particularmente los urbanos y a pesar de la atmósfera de violencia, alcanzaron dentro de sus grandes limitaciones su rumbo de regularidad y mucho más desde 1957 por el acuerdo entre liberales y conservadores para repartirse el poder en el Frente Nacional hasta 1974. El mapa del Tolima había cambiado social, laboral y económicamente, por cuanto si en 1938 cerca del 75% de la población activa trabajaba en la agricultura, ya en 1957 no había más del 50%. Según Héctor Villegas57, jefe de estadística y archivo, de las 11.492 defunciones registradas en 1958, 6.570 correspondieron a menores de 15 años, lo que arroja un gran desequilibrio por las pocas medidas de higiene, la falta de atención médica y una adecuada alimentación. De acuerdo al mismo investigador y poeta,58 existían 66.243 alumnos en todas las escuelas públicas del departamento, atendidos exactamente por 1.638 educadores con una población hábil de 173.471 niños, lo que indica cómo quedaban por fuera del sistema escolar la cifra de 107. 228 posibles estudiantes. Ibagué en 1962, con apenas 1.380 teléfonos y 127 del gobierno,*59 tenía 64 escuelas urbanas, 441 maestros, 13.722 alumnos, mientras en la parte rural eran 82 las escuelas, 106 los educadores y 3.750 los estudiantes, La secundaria de la capital del Tolima contaba para ese mismo año de 1962 con 14 establecimientos para bachillerato, 130 profesores y 2.162 alumnos, pero las niñas alcanzaban a ser 1.031, indicándonos no sólo que eran dobladas, sino que su tendencia estaba dirigida a matricularse, de hacerlo, particularmente en las normales, en la educación artística o en establecimientos comerciales, alcanzando el número de cinco por aquella época con 43 profesores que atendían 597 alumnas, logrando los hombres a ser sólo 43. El despertar frente a una nueva posibilidad de trabajo obtuvo en Ibagué una respuesta satisfactoria al existir cinco normales con 35 profesores, 108 alumnos y nada menos que 803 mujeres. La universidad del Tolima, la única existente con sólo cuatro facultades y 14 profesores, atendían 323 estudiantes y 7 mujeres. Se registran igualmente 114 estudiantes en el seminario con 12 profesores para 114 futuros sacerdotes y llama la atención que en la enseñanza artística 43 profesores atendieran 30 alumnos y 54 alumnas.
La migración del campo a las ciudades acabó incluso con los estudios que expedían el título de Normalista Rural ostentado por el 62% % de los docentes y el de Normalista Superior ya era un gran alcance frente a la escasez o inexistencia de los licenciados. Es más, hacia 1972 se intentó crear una Asociación de Normalistas que fue rechazada por el sindicato de maestros porque no querían sufrir públicamente una discriminación académica, mucho más cuando sentían lo que calificaron como la “invasión” de licenciados que ya había empezado a tomar fuerza. Resulta pertinente anotar que cuando ellos intentan llegar a la Junta Directiva del Sindicato de Maestros del Tolima, Simatol, en medio de debates pero también de maquinaria, sólo logran un renglón. El cerco de la gran mayoría habría de imponerse.
La educación en el Tolima entre 1976 a 1981
En educación básica primaria entre 1976 a 1981*60, tuvo pocas variaciones, al arrojar las estadísticas entre 192.712 matriculados en 1976 y 190.104 en 1981, destacándose los años 77, 78 y 79 con cifras que llegaron respectivamente a 194,658, 195.733 y 194.472. En el área urbana se mantuvo más o menos entre 106.018 del año 76 a 106.589 del 81, mientras que en área rural fue de 86.694 en 1976, decreciendo a 83.515 en 1981. El sector oficial cubrió de todos ellos referido a los mismos 6 años, entre 177.163 del año 76 a 175.761 del 81. El sector no oficial se mantuvo para el mismo período entre 15.549 y 14.702, lo que significa cómo, aún, no tenían el empuje que hoy se manifiesta. Respecto a lo oficial urbano y rural, las cifras van para el primero de 91.122 en el 76 y 93.127 en el 81, equilibrándose con los del campo en cifras que indican 86.041 (1976) y 82.634 (1981). Tales datos nos manifiestan de qué manera el desplazamiento de los campesinos no era tan evidente como en este primer quinquenio del siglo XXI y cómo la educación en estas zonas contaba con un auge trascendente. Es más, el no oficial urbano alcanza apenas un promedio de 14 mil estudiantes, mientras que en rural es poco significativo con un promedio de 650 alumnos en todo el territorio.
Referido el personal docente las variaciones son significativas al partir de 7.305 educadores en 1976, 6.613 en el 77, 5.920 en el 78, 6.010 en el 79, 5.928 en el 80 y 5.939 en el 81. En el área urbana se encuentran de 4.200 a 3.306 entre el 76 y el 81, sobresaliendo en el sector rural cifras que estiman en el Dane en 3.105 para el 76 y 2.633 para el 81. En el sector oficial marcan para el año 1976 un total de 6.548 maestros, al tiempo que definen para el no oficial 757 en el mismo año. Los números descienden entre 1977 (5.962) y 1978 (5.355) inclusive para el sector privado que en el mismo tiempo cuentan 661 y 565, cumpliéndose un avance importante a partir de 1979 cuando el incremento empieza a notarse en más de 700 educadores por las nuevas plazas que otorga para el Tolima el ministro Angulo. Los docentes oficiales ubicados en el sector urbano. Los establecimientos educativos eran para entonces 6.548 en 1976, ubicándose en el área urbana apenas 757 y de 1.095 en el área rural.
La educación preescolar
La educación preescolar oficial parece comenzar con auge en el Tolima desde 1974 en la secretaría de Antonio Reyes Umaña, al abrirse desde la Jefatura de Primaria una campaña estimulante en este sentido. Tanta era la diferencia entre lo realizado por el gobierno y los particulares, que en 1975 cuando tan sólo existía un total de 46 establecimientos y 2.007 estudiantes, 562 eran del sector oficial y 1.445 del no oficial, destinándose para esta tarea 81 docentes, 12 del sector oficial y 69 no. Para que el beneficio llegara a la población desprotegida y no fuera sólo un privilegio de los estratos altos, se creó una oficina especializada para su sección en la Secretaría de Educación, buscando instituir una política que llamara la curiosidad de padres de familia señalando su importancia en la construcción de hábitos de los párvulos, así ya la costumbre para que empezaran su primer año en la escuela tuviera fuerza de ley en la tradición y la asumieran como una pérdida de tiempo y como un riesgo innecesario para los infantes. En 1976 con 90 maestros en cuyo conjunto había 16 oficiales para 19 establecimientos de 59 en total, los estudiantes llegaron a 3.055 pero ya con 891 del sector oficial. En 1977 la población alcanzó los 3.475 alumnos, 1.220 oficiales y 2.255 no oficiales, reunidos en 65 establecimientos cuya pertenencia al gobierno llegaba a 20 y 45 particulares, atendidos por 96 docentes. (21 oficiales y 75 no oficial).
Para 1978, la política de la Secretaría de Educación le dio un suceso definitivo y una eficaz dinámica al sector, puesto que se impulsó su incremento al designar seis centenares de nuevos profesores y fundar establecimientos educativos. Su meta llegó hasta el punto que de 21 docentes oficiales frente a 75 no oficiales registrados en 1977, casi se equipara al sector no oficial como lejos pareciera en los años anteriores, al detectarse que de los 147 docentes que tenían la responsabilidad en el Tolima, 69 ya fueron del sector oficial y 78 del no oficial, registrando el Dane 37 centros en el área oficial y 49 en el sector no oficial, ubicándose en el área urbana 75, de los cuales 29 eran oficiales y 46 no. Se subraya su inicio en el sector rural con 11, 8 oficiales y 3 particulares, sumando los estudiantes para entonces 3.850. En 1979 aumentaron los establecimientos en 14 si se parte de la cifra de 102, equilibrándose el 50% para cada uno de los sectores con el guarismo de 4.181 estudiantes atendidos por 153 profesores, 74 oficiales y 79 no oficiales, En 1980 los docentes para preescolar era de 164, 79 oficiales y 85 no oficiales, mientras los estudiantes fueron 4.560. La política trazada por el gobierno de Miguel Merino con Carlos Orlando Pardo como secretario de educación no tuvo reversa y fue imperiosa su continuidad en la administración de Gregorio Rudas con Carlos Alberto Reyes como secretario del ramo. Es así cómo, en 1981, los establecimientos fueron 129, los alumnos 4.921, 2.514 del sector oficial y 2.407 del no oficial, atendidos por 173 educadores, 86 oficiales y 87 no oficiales. Al año siguiente los centros educativos del preescolar fueron 151, 80 oficiales y 71 del sector no oficial, con 204 docentes, 95 del sector oficial y 109 del sector no oficial, para un total de 5.331 estudiantes, 2.543 del sector oficial y 2.788 del no oficial. En 1983 continuaba su adelanto casi imperceptible al sumar 173 establecimientos en total, pero no se estaba lejos del promedio nacional si se parte del número de habitantes por departamento. Bogotá por ejemplo alcanzaba 867, Antioquia 604 y Valle del Cauca 423, encontrándose el Tolima superior a Cundinamarca con 168, Boyacá con 101, Caldas con 137, Huila con 81, Meta con 66, Quindío con 58 y Sucre con 53. En este año los alumnos llegaron a 6.103 bajo la responsabilidad de 246 docentes, 112 oficiales y 134 no.
En 1985 los indicadores de cobertura* establecen que el total de la población en edad escolar para este sector (de 4 a 5 años), llegaba a 28.499 estudiantes en la parte urbana, 27.266 en la rural, de la cual sólo existían matriculados 7.755 en lo urbano y 197 en lo rural, lo que arroja una tasa de escolarización del 27.2 en lo urbano y del 0.72 en lo rural.
Durante los 20 años que siguieron comprendidos entre 1984 y el 2.005, los guarismos ofrecen el resultado de un incremento que va desde los 6.939 alumnos y 272 docentes en la primera fecha, hasta 25.803 estudiantes y 821 profesores en la última, de los cuales en 1984, 104 corresponden al sector oficial y 95 al sector privado en 1984 y en el 2004 los establecimientos educativos son 733 patrocinados por el gobierno y 169 del no oficial, para un total de 902.*61
Una reforma con resultados
En la administración de Carlos Orlando Pardo (1978-1980) se crearon 7 Distritos Educativos buscando desconcentrar los problemas y dando niveles de autonomía para solucionar dificultades, los que tuvieron su sede en Ibagué, Guayabal, (luego de desaparecido Armero) Espinal, Purificación, Chaparral, Venadillo y Rovira. Estas secretarías de educación locales contabilizan para 1986 la suma de 246.050 alumnos en el departamento entre oficiales y no oficiales, urbanos y rurales, reunidos en 2.600 establecimientos y la presencia de 10.311 educadores.*62 Vale señalar que para ese momento casi no existían profesores en el grado 14 del escalafón.
Para ese mismo periodo se estableció el proyecto “Reapertura de escuelas en el sector rural” con su respectiva cuenta regresiva, la erradicación del analfabetismo en el departamento del Tolima y el calendario cafetero. En el caso del campo, la carencia de estímulos económicos, las dificultades de acceso y de transporte hacia las escuelas y las aspiraciones de mejoramiento económico de los profesores, originaban un casi insoportable pedido de traslados con solicitudes que se centraban en aspirar al sector urbano, las que al satisfacerse ocasionaban el cierre temporal de algunas escuelas rurales. Desde luego que otros aspectos influyentes en el cierre partían de la baja demanda de escolaridad, los movimientos migratorios de la población y la calidad de los docentes, a lo que se sumaban pobres contenidos en lo que se enseñaba. Para esa época los normalistas rechazaban los nombramientos hechos hacia el sector rural y así el cierre paulatino en el campo se volvía proverbial, lo que naturalmente marca una incidencia en la expansión cuantitativa, llegándose a presentar cifras preocupantes. En 1976 el total de escuelas era de 1.295 hallándose cerradas 114 para significar un 8.8% con un número de 5.130 posibles alumnos no atendidos. Para 1977 cuando las escuelas ya alcanzaban a ser 1.373, las cerradas llegaron a 162 aumentando en un 11.7%, lo que dejaba fuera del sistema escolar a 5.370. Al iniciarse la administración de Carlos Orlando Pardo, el panorama arrojaba las mismas escuelas pero se encontraban cerradas por el traslado de maestros y los otros fenómenos descritos, la suma de 322 que equivalían a un 23.4%, para una población no atendida de 14.490 estudiantes. La tendencia del crecimiento de la población en edad escolar para primaria (5 a12 años) en la zona rural del Tolima era suficiente, hasta el punto que se calculaba que 40.896 niños se habrían quedado sin escuela, cifra que para 1978 ascendía a 41.045 estudiantes potenciales. Así las cosas, la política estuvo enfocada a lograr el funcionamiento por lo menos de las que habían permanecido cerradas por más de seis meses y se obtuvieron los recursos presupuestales necesarios para cubrirlas con nombramiento de personal no normalista pero con un mínimo de sexto grado en educación media. La capacitación para este personal y la vinculación lograda con el Comité de Cafeteros y el Icce (Instituto Colombiano de Construcciones Escolares) que dirigía nacionalmente un tolimense, contribuyó a mejorar la dotación de mobiliarios, la consecución de ayudas educativas y bienestar y mejoramiento de las vías de acceso a las escuelas. Fue de esta manera que se alcanzó la reapertura del 50% (161) de las escuelas rurales que se hallaban cerradas a fines de 1978 y se logró antes de julio de 1979. El nombramiento de maestros y la implementación de la técnica de la escuela unitaria en 50 de ellos, con cursos para educadores que se prepararon en la administración de más de un grado cumplieron su objetivo, a pesar de no haber coronado el incremento en el presupuesto del Fer para 1979, de lo presentado como prima de bonificación y dotación de ayudas educativas. El novedoso proyecto de establecer un calendario cafetero en el Tolima ideado y liderado por Luis Eduardo Chamorro, a la sazón subsecretario de educación departamental, buscó la retención de los alumnos que desertaban por vincularse a la cosecha. El problema era agudo si se parte de la realidad al ubicarnos como tercer productor de café en Colombia y saber que 37 de los 45 municipios de entonces cultivaban el grano. Ahí surgían 136.266 hectáreas equivalentes a más de 5.390 kilómetros cuadrados de su extensión apta para cultivar, utilizándose en la producción una cifra aproximada a 160 mil personas residentes en las zonas cafeteras. Para establecer el calendario cafetero se tuvo en cuenta la deserción escolar como una variable que medía la eficiencia interna, partiendo del número de estudiantes que se matriculaban y los retirados. Las cifras arrojaron que de 32.982 alumnos que se matricularon en la zona rural en el primer grado en 1973, cinco años después, es decir para 1977, se matricularon en el quinto grado 4.508. La relación del estudio de Chamorro para esa ocasión, afirmaba cómo en términos relativos, de 100 alumnos matriculados en el primer grado en 1973, se matricularon sólo 13 en el quinto grado en 1977. Desafortunadamente y a pesar de la validez de la propuesta cuando los grados de deserción en la zona cafetera llegaba al 36.5% en 13 municipios de baja producción, las otras administraciones no implementaron el proyecto. De todos modos quedó como un gran puntal y como un proyecto que sigue teniendo enorme validez.
Es pertinente señalar que para este época, además de la múltiple creación de colegios y escuelas y el impulso y fomento para la creación del Insor y el Inci, se realiza una intensa y hasta ahora no repetida acción en el campo cultural al crearse los Premios tolimenses de literatura y periodismo, establecer los concursos de cuento y poesía para maestros y se organiza un histórico Encuentro Nacional por la Literatura que convocó a más de 300 escritores de todo el país en jornadas de tres días donde compartieron experiencias con estudiantes y docentes. De igual manera se rompió con el usual incumplimiento en el pago de los salarios a docentes, al tiempo que se ofrecieron cursos a 1.236 educadores e ingreso a seminarios para el ascenso en el escalafón en educación musical, técnicas de administración, planificación y evaluación curricular, por ejemplo, a más de los de interpretación de guías didácticas, ayudas educativas, lenguaje cinematográfico o taller de screen, todo enfocado para el mejoramiento cualitativo de la enseñanza. (Todos estos datos de la época figuran en el Informe del Secretario de educación: 1978-1980, publicado en agosto 12 de 1980)
Las estadísticas educativas entre 1976 y 1981*63, nos muestran que durante esos seis años el comportamiento de la educación básica primaria a pesar del aumento de docentes, mantuvo un promedio de 192.000 estudiantes así: 1976 (192.712), 1977 (194.658), 1979 (194.472), 1980 (191.836) y 1981 (190.104). El área urbana se distribuyó en 106.018 en 1976, 108.675 en 1977, 110.399 en 1978, 109.762 en 1979, 107.892 en 1980 y 105.589 en 1981, mientras que en la rural fue de 86.694 en 1976, 85.893 en 1977, 85.334 en 1978, 84.710 en 1979, 83.944 en 1980 y 83.515 en 1981. Al tiempo que para aquellos años el promedio de alumnos matriculados en el sector oficial conservaron un promedio de 177 mil estudiantes, el del no oficial urbano se mantuvo en más o menos 15 mil educandos. Los guarismos nos indican cómo no es tan grande la distancia entre lo urbano y lo rural señalando una reactivación en el campo y cómo, igualmente, se mantiene en la raya al sector privado. Los docentes desde luego se conservaron en la misma proporción entre lo rural y urbano, señalando eso sí que los establecimientos educativos tuvieron un amplio desarrollo al examinar su creciente avance. Los números no mienten cuando establece el DANE que en 1976 eran 1.460, en 1977 se alcanzan 1.610, en 1978 cierran la cifra 1.758, en 1979 son 1.745, en 1980 son 1.729 y en 1981 se consolidan en 1.723. El haberse creado o abierto más de 280 escuelas en aquella etapa, dice por lo menos mucho del progreso cuantitativo. Frente a la secundaria también existe un adelanto puesto que va de 49.722 alumnos matriculados en 1976 a 57.718 de 1981. Ese incremento de unos 8 mil estudiantes que en el bachillerato académico parten en 1976 de 35,499 y llega a 43.618 en 1981 con un aumento significativo cada año, personifica que es una etapa donde se atraviesa un buen momento. El bachillerato industrial, por el contrario, cuenta un período de retroceso al partir en 1976 de 2.457 estudiantes para terminar en 1981 con 1.975. El bachillerato comercial se mantiene en un promedio de 6.700 discípulos y el pedagógico decrece considerablemente en más de 400 estudiantes, al partir en 1976 con 2.065 alumnos para terminar con 1.647 en 1981. El bachillerato agropecuario, igualmente, muestra una modalidad en repliegue si se parte de los 1.422 de 1976, los 957 de 1980 y los 1.056 de 1981.
En el año de 1993 la población del Tolima ascendió a 1.150.080 habitantes que comparada con el censo de 1985 era de 1.022.458, lo que representa un incremento del 1.24% (127.622 habitantes) y cuya población se ubica 60.7% en el sector urbano y el 39.3% en el sector rural. El documento sobre Política Pública de la Secretaría de Educación*64, señala que la población indígena está en los 48.000 habitantes ubicados en 62 resguardos y que según fuentes de la Red de Solidaridad, para el año 2004 tenía una población desplazada de 60.290 personas. La tasa de analfabetismo en el Tolima en el año 2001 fue de 11.1%, superior al promedio nacional de la época (7,5%), mientras la tasa de analfabetismo para mujeres fue de11, 3 y de 10,8% para los hombres.
Las estadísticas del DANE demuestran un leve aumento de la población en el Tolima, lo que a su vez representa un ligero incremento en la población de educandos. La cobertura escolar del año 2002 al 2005 deja entrever variantes de interés en las que si bien es cierto su avance se comprueba, también lo es que se hace lento al veriticarse que en el 2005 la población no atendida alcanza los 26.413 estudiantes, es decir, frente a los 243.945 en matrícula, apenas hubo 217.532, para significar una ampliación de tan sólo el 0.98%. Claro está que si se mira el año 2002, el crecimiento de la matrícula fue del 0.63% con un total de 207.166 estudiantes en una población escolar de 254.821, dejándose de atender 47.655. En el 2003 el asunto tuvo amplia variación por cuanto su crecimiento alcanzó el 3.46%, lo que rebajó los niveles de población no atendida a 39.089 dentro de un total de 251.201, alcanzando a registrarse una matrícula de 214.611. En el 2004 descendió su crecimiento al 0.82% dejándose de atender 32.139 estudiantes al partir de un total de 247.525 dentro de una población matriculada de 217.532.
Los ministros
Ha tenido el Tolima 9 ministros de educación pero algunos repitieron. Se inicia la sucesión a partir de Miguel Abadía Méndez en el gobierno de Marco Fidel Suárez quien se desempeñó desde 1919 a 1921, Carlos Lozano y Lozano y Darío Echandía en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, el primero en 1934 y el segundo entre 1935 y 1936; Juan Lozano y Lozano en el gobierno de Eduardo Santos en 1941 y tres ministros del ramo en el segundo gobierno de López Pumarejo: Rafael Parga Cortés, Carlos Lozano y Lozano y Antonio Rocha. En el de Mariano Ospina se desempeñó por dos ocasiones Fabio Lozano y Lozano y en el de Julio César Turbay, Guillermo Angulo Gómez.
Miguel Abadía Méndez fue uno de los tres ministros de educación designado por el presidente conservador Marco Fidel Suárez en su período de 1918 a 1921. Ocupó su cargo de 1919 a comienzos de 1921 y alcanzaba esa posición no sólo luego de haber desempeñado varios ministerios en otras ramas, sino de ejercer la docencia que inclusive iría a desempeñar desde su misma dignidad de presidente de la república de 1926 a 1930. Un dato interesante desde su fidelidad a la enseñanza, fue advertirles a quienes lo nombraban en la primera magistratura, que sólo aceptaba si podía continuar con sus alumnos de la Universidad Nacional, lo que finalmente hizo, encontrándose allí, entre sus alumnos, a un tolimense que iría a hacer historia nacional desde su temprana juventud como lo fue Alfonso Palacio Rudas. En el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo encontramos tres tolimenses desempeñándose como ministros de educación. Ellos fueron Carlos Lozano y Lozano quien apenas permaneció seis meses en la cartera, desde el 7 de agosto hasta diciembre 12 de 1934, sucediéndolo Darío Echandía, (antes estuvo Luis López de Mesa), desde el 10 de agosto de 1935 hasta el 27 de enero de 1937, dejando su espacio a Alberto Lleras Camargo. Carlos Lozano y Lozano, quien además fue Designado a la Presidencia en tiempos de López y Ministro de Gobierno, al tener una alta formación académica propendió por abrir una amplia ventana a la lectura enfocándolas hacia la literatura y el arte en un proceso de modernización y apertura democrática. Lo que intentó hacer frente a la cartera lo tenía claro desde 1928 cuando al referirse a la visión nueva de Colombia, escribía entre otras cosas que “Nuestra flaqueza esencial es una instrucción pública retrógrada y una falta absoluta de educación nacional”*65, agregando cómo abrir las puertas de las escuelas era cerrar las de las cárceles y de qué manera “es posible que nuestros bachilleres hayan aprendido mucho, pero han perdido, como diría Lord Avebury, lo que es más importante: el deseo de aprender”66. Definía cómo “educar a nuestras clases pobres es la primera necesidad del país y para lograrlo no implicaría clausurar temporalmente nuestras facultades profesionales.*67 Precisaba cómo “nuestra enseñanza es teórica y dogmática, nada la vivifica, recuerda las aguas estancadas”*68. De 1932 a 1935 en la administración de los tolimenses señalados, se editó la revista pedagógica Educación desde la cual puede medirse la tendencia y la visión de aquellos años.
En el gobierno de Eduardo Santos que va de 1938 a 1942, nombra a Juan Lozano y Lozano quien se desempeña desde el 21 de octubre de 1941 hasta el 12 de enero de 1942, sucedido por Germán Arciniegas con profundas raíces en el Tolima. El segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo que va de 1942 a 1945, designa igualmente, entre otros, a tres tolimenses, tal como lo fueron Rafael Parga Cortés desde el 12 de marzo de 1943 hasta el 22 de agosto del mismo año, sucediéndolo Carlos Lozano y Lozano desde el 23 de agosto de 1943 hasta el 23 de noviembre de ese mismo año. Finalmente nos encontramos con Antonio Rocha posesionado el 19 de noviembre de 1943 hasta el final de su mandato. En el gobierno de Mariano Ospina Pérez que cubre los años de 1946 a 1950, entre los 11 ministros de educación que cubren su periodo, repite por dos oportunidades Fabio Lozano y Lozano. La primera del 7 de agosto de 1947 hasta el 14 de noviembre y la segunda del 10 de abril hasta el 20 de mayo. 33 años después de este período llega Guillermo Angulo Gómez en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, desempeñándose desde mayo de 1980 a marzo de 1981.
El breve tiempo por el que ejercieron la gran mayoría de estos tolimenses y cuyas acciones y memorias en muchos casos generan la eficacia o la intrascendencia de su acaecer por la cartera educativa frente al país o frente a su departamento, valdría la pena considerarlo a futuro como para medir un desempeño o una preocupación en relación al Tolima, lo que en parte queda consignado a lo largo de estas páginas.
Durante los gobiernos liberales entre 1930 y 1946, se produce no sólo un cambio en la concepción política sino educativa. No fue nada fácil al dar término a los 45 años de hegemonía conservadora desafiar el asunto. Al frente tenían para trabajar un campo dramático, por cuanto la tasa de analfabetismo llega a un 63% de la población en edad escolar. Pero no sólo eso por cuanto bien lo señala Jaime Jaramillo Uribe*69, las escuelas normales eran insuficientes y bajo el nivel de preparación del magisterio, los planes de estudio y los métodos de enseñanza inadecuados y rutinarios en todos sus niveles, al tiempo que la escuela rural cubría sectores mínimos de la población campesina y apenas existía la inspección escolar. Los planes nacionales con Olaya Herrera llegaron, al igual que en otros departamentos, con la experiencia de los restaurantes escolares, los programas de distribución de leche y la promoción de huertas escolares. No estuvo ausente el Tolima de los altos niveles de analfabetismo, primitivas condiciones higiénicas y alimenticias, escasez de locales escolares, métodos disciplinarios y pedagógicos anticuados, maestros con precaria preparación. Bajo este panorama se iniciaron reformas. Así se crea la Inspección Nacional Educativa que tan sólo funcionó en primaria, se establece de nuevo el bachillerato clásico de seis años de orientación general humanística y en 1932 se buscan cambios en la calidad de la educación y en las prácticas pedagógicas, capacitando a los maestros y hasta se autorizó el otorgamiento del diploma de bachiller a la mujer con el fin de darle acceso a la universidad.
En 1934 cuando asume el tolimense Alfonso López Pumarejo la presidencia de Colombia, expide la Ley 12 de ese año que ordena dedicar a gastos educativos el 10% del presupuesto nacional, cuadruplicando los dineros en su período. Así mismo se reorganizaron las escuelas normales trazando una nueva política en la formación de maestros, lo mismo que un nuevo régimen para la carrera del magisterio. Igualmente, como lo trae Jaramillo*70, “se daba acceso a la mujer a todos los niveles de educación”. Allí estuvieron entre otros intelectuales nacionales Darío Echandía, Carlos y Juan Lozano y Lozano, quien impulsó las Colonias vacacionales como la de Cajamarca y ofreció para el país como un importante instrumento las famosas cartillas.
En 1935 el ministro Darío Echandía proyectaba crear una escuela industrial en cada capital de departamento, pero su plan no tuvo realización por falta de recursos fiscales. Sin embargo poco a poco fueron adelantándose y en el Líbano, por 1941, se daría la fundación del Instituto Técnico Industrial.
“Darío Echandía, por medio del decreto 2214, promulgó un nuevo plan de estudios para los colegios oficiales y privados introduciendo cambios de significación. El latín, considerado pieza maestra de la llamada orientación humanística, se convertía en materia opcional y era sustituido por las lenguas modernas como el francés y el inglés las matemáticas y las ciencias naturales fueron reforzadas, al tiempo que la literatura y la filosofía incorporaron a los programas nuevos nombres y nuevas tendencias del pensamiento, adquiriendo un sentido más moderno y pluralista. Además el plan incluía la educación sexual, trabajos manuales y deportes como disciplinas obligatorias. En total los colegios tendrían 36 horas semanales de actividad divididas en treinta de enseñanza y seis de actividades llamadas de estudio”71.
Un nuevo tipo de maestro es referido por Darío Echandía en su memoria ministerial de 1936. “El país no ha querido dar al maestro la independencia pecuniaria y el rango social que le corresponden. El cuerpo de enseñanza ha llegado a ser el refugio de campesinos desarraigados y vanidosos en el campo y en las ciudades ha sido dejado a cargo a ciudadanos sin las condiciones de coraje y ambición y sin la preparación que requieren las actividades educativas. En algunos departamentos sin recursos suficientes, el cuerpo de enseñanza parece un servicio de beneficencia. Frente a las escuelas se ponen personas cuyo único mérito es la pobreza, su numerosa familia o la necesidad de mantener una posición que ellas no podrían obtener por otros medios. En cuanto a los que proceden de las escuelas normales profesan ideas pedagógicas completamente superadas y en muchos casos sus títulos han sido concedidos según un criterio de parcialidad política que justificaría que sus titulares fueran suspendidos de sus funciones hasta revalidar los títulos en cuestión”*72. Sostiene Jaramillo que a fines del mismo año, 1936, se ordenaba efectuar exámenes de capacitación de los maestros en todos los departamentos, agregando que “Muchos rehusaron a presentarse al examen por considerarlo degradante, para otros significó la separación del servicio y para otros, inclusive los no diplomados, la continuación de sus funciones. Se pregunta el investigador cómo “es difícil determinar en qué medida la prueba significó una renovación efectiva del cuerpo docente”*73
Antonio Rocha, ministro de educación en la segunda administración de López Pumarejo, 1944, y a pesar del programa iniciado por él mismo en su primero período frente a la fundación de colegios femeninos, continuó con la pausa de la incorporación de la mujer en la vida del país, hasta el punto que, citado por Jaramillo Uribe*74, el chaparraluno consideraba que de no hacer regresar “el campesino a su parcela y la mujer al hogar, la integridad de la nación estaba amenazada”. Sin embargo, citado por Aline Helg*75, la misión pedagógica alemana dejó percibir sus influencias y cuando el mismo Antonio Rocha en 1930 es nombrado gobernador del Tolima, selecciona como director de Instrucción Pública a Arcadio Dulcey, boyacense, “quien se rodeó de un grupo de jóvenes inspectores que organizaron, cada uno en su zona, sociedades de patronato escolar, servicio médico y restaurantes escolares y buscaron interesar a los maestros en la nueva pedagogía”*76
Respecto a Guillermo Angulo Gómez, como ya está consignado en lo relativo a la política, se desempeñó como Ministro de Educación Nacional de mayo de 1980 a marzo de 1981, sucediendo allí a Rodrigo Lloreda Caicedo y fue en su administración donde se desarrolló la Campaña de Alfabetización Nacional Simón Bolívar, cuya iniciativa y desarrollo partió del Tolima en la administración de Miguel Merino Gordillo como gobernador y de Carlos Orlando Pardo como su secretario de educación. Con ella se redujo de manera eficiente una de las graves situaciones que vivía y en parte aún vive el pueblo colombiano. Angulo Gómez en su condición de Ministro ordenó para el Tolima la construcción y dotación del Centro Auxiliar de Servicios Educativos Docentes, C.A.S.D, la construcción y dotación de la Biblioteca Soledad Rengifo, del colegio Manuel Mejía Vallejo del barrio Yuldaima, la creación de los Institutos de Formación y Educación Técnica en Espinal y Honda, a más de construcción de colegios y escuelas en parte de los municipios del Tolima, agregándose como importante el otorgar más de mil plazas de maestros con los que se solucionaron los sobresalientes déficit en este sentido, a más de generar empleo para los profesionales de la docencia.
Impacto de la descentralización en el sector educativo
El boom de la descentralización en todos los órdenes se ocupó de la cosa educativa hasta el punto que en la capital del Tolima, para asumirlo, el paso de Armando Gutiérrez Quintero como primer alcalde popular de Ibagué, creó la Secretaría de Educación Municipal en febrero de 1990. La elección popular de alcaldes a partir del acto legislativo No 1 de 1986, dentro de la óptica oficial que más desconcentra que descentraliza, entregó unos manejos educativos reservándose las políticas en éste sentido para el Ministerio del ramo.
Aquí, como en todo el país, la ley 24 de 1988 y la ley 29 de 1988 junto a sus decretos reglamentarios, constituían el núcleo central de la descentralización educativa que asigna para entonces a los alcaldes y personeros municipales el manejo de las nóminas de los educadores de escuelas y colegios sin que, desafortunadamente, se hubiesen acompañado estas medidas de la transferencia de recursos fiscales a los municipios ni de creación de espacios efectivos para la autogestión educativa, la elaboración de políticas que se acoplaran a las peculiaridades de las culturas y las necesidades locales.
La evolución demográfica de acuerdo al resultado de sus censos, ofrece una concentración en el sector urbano, la lógica disminución en el rural y una población con aumento en el analfabetismo, así la obligatoriedad de la norma para la completa educación primaria exista, así la posibilidad de la secundaria total se amplíe y la cobertura para los estudios universitarios sea optimista. Sin embargo, frente a la evolución social y política, las formas que ella ha tomado, trátese del incremento de la acción comunal y otras organizaciones comunitarias, de la participación amplia del sector privado, ofrecen la perspectiva, (por encima de las bajas condiciones de vida, de la estratificación social de la población proletarizada cada vez más) de asumir con vehemencia el derecho a la educación dentro del clima de violencia que tiene el país y del enfrentamiento de las corrientes ideológicas predominantes.
Económicamente una época de crisis y expansión de ella se acerca a niveles críticos como parte de las características de su desarrollo, donde, desde el punto de vista del gobierno, la evolución de los recursos presupuestales y fiscales no aparecen claros más allá del sostenimiento de la nómina con bajos rubros de inversión, puesto que las fuentes de financiamiento no son debidamente proyectadas.
Desafortunadamente no se dieron como se esperaba una serie de acuerdos del concejo municipal, más las leyes generales, las que serían el paquete jurídico político que incidiera sensiblemente en la educación local. Lejos se estuvo, como se está, de repensar con seriedad el papel de la evolución cultural, lo que ofrecería, finalmente, la necesidad de lo funcional en los complejos culturales y sus instituciones. Pero todo ello coordinando con sus manifestaciones de usos, costumbres, valores, creencias, expresiones artísticas y literarias, tan huérfanas de apoyo, tan abandonadas a la suerte y que en el fondo ha tenido tan sólo el empuje de individuos o grupos que ofrecen el sello distintivo de un qué hacer en la ciudad.
En el presente, la sociedad se encuentra a la espera de grandes políticas educativas para la capital del departamento, a planes de desarrollo educativo con programas y proyectos. La cobertura del sistema, examinadas las tasas de escolaridad, las características de la oferta, la evolución de la matrícula, la cantidad y calidad de los docentes y la misma medida para los planteles por niveles, áreas y sectores, tendrán el resultado de la eficiencia interna y externa del sistema si esto se cumpliera, para saber, al final, el estado de la retención, promoción, repitencia y deserción, pero no únicamente como estadísticas frías sino como camino en la búsqueda de soluciones.
Deberá realizarse, por lo tanto, un estudio urgente para que la evolución curricular marque el desarrollo pedagógico. Porque es tiempo de evaluar los enfoques pedagógicos predominantes, los planes y programas de enseñanza, sus contenidos de aprendizaje, metodología y estrategias y ver, sobre todo, si las tecnologías educativas transferidas al sistema educativo tienen su validez, trátese de los medios didácticos que se emplean a partir por ejemplo del texto escolar y si las formas y estrategias de evaluación tienen sentido verdadero, práctico y contemporáneo. Pero todo lo anterior puede fallar si la administración del sistema educativo no tiene conocimiento y experiencia para ello, estilo eficaz en su dirección por encima de los intereses sectoriales de partido, fuentes de financiación, retenes profesionales en la recepción de los agentes educativos, pero con características que vayan más allá de cubrir la necesidad del empleo y el anhelo de impactar sobre los demás sectores en forma práctica.
Dentro de los ya naturales contrastes que vive la ciudad como reflejo de lo acontecido en Colombia, aún tenemos en el Tolima una taza de analfabetismo que sobrepasa el 11% de la población, por un lado y, por el otro, un notable incremento de centros superiores de enseñanza a través de las once instituciones que ofrecen carreras profesionales. En gran síntesis- y las cifras que siguen fueron realizadas para este estudio de lo aparecido en el año 2.000, Ibagué contaba entre el preescolar, la básica primaria y la básica secundaria y media con 108.043 estudiantes atendidos por 5.103 educadores en 806 establecimientos. La educación básica secundaria y media surge con modalidades en comercial, diversificada, académica, agropecuaria, pedagógica, industrial y otros, distribuidos en 4.770 para la comercial; 18.276 para la diversificada; 20.362 en la académica; 358 en lo agropecuario; 854 en la pedagógica; 209 en la industrial y 2.925 en otras.
Entre el nivel de matrícula y los que aprueban el año, los reprobados y los desertores, alcanzan más del 6% en la básica primaria, mientras que en la básica secundaria y media alcanzan casi el 10%. La proporción del total de la matrícula según el sector, la atiende el nivel oficial en 87% y el no oficial en 13%, significando que, de acuerdo a la zona, el rural cubre el 29% y el urbano el 71%.
Si tomamos las estadísticas del año 2.000 de las once universidades que cuentan con programas en Ibagué, sin describir aquí academias particulares que ofrecen capacitación y cursos en variados renglones, encontramos para entonces el siguiente panorama en el cierre del siglo XX. Universidad Antonio Nariño entre pregrados y postgrados 900; El CREAD de la Universidad Santo Tomás con 160 estudiantes. El Conservatorio del Tolima en su Facultad de educación y artes con 150 estudiantes en todos los semestres del programa. La Universidad Cooperativa de Colombia con 2.028 estudiantes. El Politécnico Central con un total de 1.105 estudiantes. En la Corporación Universitaria de Ibagué, Coruniversitaria, se encuentran matriculados en sus programas académicos 3.479. La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, C.U.N. tiene 1.264 estudiantes La Universidad del Tolima contabiliza entre sus programas de pregrado presencial, educación a distancia y postgrados al año 2000, la suma de 17.033 estudiantes. La Corporación John F. Kennedy tiene en su sede de Ibagué un total de 246 estudiantes. El total de alumnos universitarios de Ibagué para el año 2.000, faltando estadísticas de dos centros superiores que no las ofrecieron, es de 26.965
Podría decirse que todas las sumas nos ofrecen un total de 138 mil estudiantes sin sumar los centros informales señalados al comienzo, lo que nos refleja la tercera parte de la población. Un hecho así, conduce a la obligatoriedad de repensar la ciudad de Ibagué como ciudad educadora y a trazar los lineamientos que el hecho sugiere.
Una campaña masiva de alfabetización
El siete de agosto de 1979, en el parque Manuel Murillo Toro, de Ibagué, se inició una gran Campaña de Alfabetización. Su importancia y trascendencia medida a través de resultados, llegó a convertirse en un ejemplo tan digno y urgente de imitar, que fue asumida como tarea central a nivel nacional. El objetivo dejó en los ciudadanos la meta de hacer del Tolima un "territorio libre de analfabetismo" y en apoyo a esta iniciativa como proyecto de beneficio social, se movilizaron tanto instituciones oficiales y privadas como la comunidad en general. Julio César Turbay Ayala, entonces presidente de Colombia, tomó en Venadillo y Dolores, en junio de 1980, la decisión de que se realizara en el país con el nombre de Simón Bolívar, para lo que, encabezados por el ministro de educación, el tolimense Guillermo Angulo Gómez, convocó a una reunión de secretarios de educación de toda la república en Ibagué. En el gobierno de Belisario Betancourt a pesar de que los mandatarios seccionales o nacionales poco son amigos de continuar con programas de su antecesor, la continuó pero bajo el nombre de Camina.
El censo inicial organizado por la secretaría de educación en el departamento ofreció la sorprendente cifra de 230 mil analfabetas, pero fue tal el impulso en el que participaron diversos sectores, que al año se había combatido en 80 mil ciudadanos. Si bien es cierto se desplazó ampliamente a los más lejanos rincones del Tolima, en Ibagué tuvo su centro de operaciones. Pero no gratuitamente, pues se partió del hecho de observar que un poco más de la tercera parte de la población total de este sector del país reside en su jurisdicción y es el segundo municipio en ensanchamiento después de Chaparral.
En Ibagué, con una extensión de 1.472 K2 y en un área urbana de 30 kilómetros, se encontraba para aquella época el 82% de los habitantes, apreciados en 305.722, lo que la convertía en un blanco para la guerra al analfabetismo, de magnitud más apreciable según se cuantificaba en el censo de población de 1973. En esa fecha, de los 118.040 adultos de 15 años y más, 13.069, es decir un 11%, no sabían leer ni escribir (5.227 hombres y 8.144 mujeres). Resulta interesante señalar que como una temperatura de lo que venía represado, un 10% de ellos era mayor de 50 años. Así se tratara de la capital del departamento, en 1973 los analfabetos jóvenes eran 2.071 (7% sobre la población que tenía esa edad), cifras que sufrieron modificación significativa con el desarrollo de la campaña mencionada a partir de 1979.
Población analfabeta económicamente activa en Ibagué
En el estudio evaluativo de la campaña*77 que iniciara Carlos Orlando Pardo como secretario de Educación bajo el mandato de Miguel Merino Gordillo, gobernador de la época, se advierte cómo “los analfabetos de Ibagué económicamente inactivos eran la mayoría, 57.6% sobre los económicamente activos y entre éstos últimos los desocupados menos del 7% Se subraya cómo el 67.6% ciento de los analfabetos residen en la zona urbana y el resto en la zona rural donde tan sólo habitan un 25% del total de los analfabetos en Ibagué. Se estableció, igualmente, que un 40% de los analfabetos ocupados eran obreros y jornaleros, otro 15% trabajadores independientes y 16.6% empleados domésticos. Tocando lo rural, un 56.2% estaba compuesto por jornaleros asalariados y un 19.2% por pequeños propietarios de sus propias empresas agrícolas, principalmente. Por sexo, los hombres analfabetos de la zona urbana se ocupaban como obreros en un 48.3% y otro 21.1% como trabajadores independientes. Las mujeres, un 59.4% eran empleadas del servicio doméstico”.*25
Aquel eficaz esfuerzo ingresó, con el cambio de política del Estado frente a tamaño problema de factor de marginalidad, en un notable receso. El obstáculo de movilidad social continúa viviéndose en cifras que hasta el momento se cuantifican entre un 11 y 13% de acuerdo a la zona. Valdría la pena adelantar un nuevo estudio y una nueva campaña frente a los ciudadanos que siguen teniendo esta grave limitación para participar activamente en la vida social de la región sin tantas desventajas y que están ubicados en un crudo subdesarrollo, las más de las veces en la pobreza absoluta o por lo menos sin vivienda, sin alimentación adecuada y sin posibilidades de estudio.
Cuando el Dane refiere de su último censo en el 2005 que dentro de una población total de 1.226.093 habitantes enfrentamos el caso de 160.851 tolimenses sin nivel educativo y puntualmente de 146.183 analfabetas en el departamento del Tolima de los cuales 77.563 son hombres y 68.620 son mujeres, tenemos una gran regresión a falta de una política que atienda un tema delicado para un sector importante que además de la pobreza y todos sus males físicos cuenta con esta para menos poder defenderse. Pero si el fenómeno se mira desde los niños o niñas de 5 a 17 años y las cifras arrojan que son 65.661 de quienes no acceden al sector escolar, un manto dramático cubre a la región, por cuanto de la campaña que se hiciera a partir de 1979 el asunto bajó sus proporciones en nada menos que 124.000 habitantes.
El asunto es que los censos de 2005 al referirse al número de personas sin nivel educativo que incluye a la población analfabeta, la que no sabe leer ni escribir, muestra en municipios importantes unos niveles de cuidado intensivo porque sobrepasan en algunos momentos el 25%, lo que dobla las cifras promedio del país. Ahí están por ejemplo municipios como Rioblanco con 5.843 (25.5%) dentro de una población de tres años y más de 22.921; Coyaima con 5.826 (22.6%); Rovira con 4.110 (21.4%) cuando su población de tres años y más es de 19.239; Chaparral con 8.642 (20.3%); Ortega con 5.233 (18.4%); Líbano con 6.776 (17.4%); Fresno con 4.952 (17.2%); Guamo con 4.750 (14.7%); Espinal con 6.866 (10%) e Ibagué con 36.857 (7.1%)
Como bien lo señala Luis Eduardo Chamorro,78las cifras dicen mucho sobre la eficacia del sistema escolar formal y sobre el interés o no de los mandatarios y políticos de los respectivos municipios y del departamento frente al sistema educativo. Y advierte con razón cómo tal ineficacia es indicador del déficit social acumulado por nuestra población a través de muchos años y se muestra claramente un factor de marginalidad, de subdesarrollo y un real obstáculo para la movilidad social.
El panorama en la última década del siglo xx
Luis Eduardo Chamorro en un estudio sobre “La cobertura escolar en Ibagué en la década de los noventa: 1990- 99, fechado en octubre 3 del año 2000”,*79, hace un análisis cuantitativo de la expansión de cobertura escolar en la capital del Tolima, donde concluye en algunos de sus apartes que la expansión en los niveles de educación formal ha tenido un sostenimiento continuado pero más bien inercial, sin sobresaltos, sin grandes cambios cuantitativos, por cuanto desde 1995, aproximadamente, una cuarta parte de la población en edad escolar no accede a las instituciones educativas, seguramente porque hay un déficit considerable entre la oferta y la demanda del servicio educativo. Es preciso Chamorro al afirmar que hubo cambios durante la década del noventa porque entró en vigencia una nueva Constitución Política en 1991, la ley 60 de 1993 que estableció transferencias de recursos financieros para los departamentos y los municipios, a fin de garantizar los gastos de funcionamiento e inversión en el sector educativo, al tiempo que entró en vigencia la Ley General de Educación, la 115 de 1994.
Advierte el ensayista que la crisis económica, las manifestaciones de recesión, el desempleo, la pobreza y la violencia, se acentuaron a partir de 1996 y tuvieron un alto impacto sobre la demanda de educación. Así mismo subraya que creció significativamente el número de docentes en un 40% de 1990-99, frente a un incremento del 14% en la matrícula, al establecer la relación entre los dos años. Concluye que en la década se produjo crisis de rendimiento cuantitativo de la matrícula en la educación formal. Finalmente señala que el nivel de educación preescolar logró el mayor incremento de la matrícula de un 65.4% en 1999, en relación con la de 1990, pero que a partir de 1997, la participación porcentual del sector oficial pasó a ser mayor que el del privado.
Frente a otros aspectos analizados por Chamorro en cuanto a las tasas de escolarización en la década de los noventa, advierte que en 1990 la tasa bruta en este sentido para todos los niveles educativos del sector formal era del 82.2% y en 1999 había bajado a un 75.1%. Otro dato alarmante lo ofrece al referir que en 1993, al realizarse el censo de población, esa tasa de escolarización bajó a un 71.5% y que las más altas fueron logradas en el nivel de primaria, mientras que en secundaria y media se produjo una disminución paulatina, ya que en 1990 era del 91.4% y en 1999 del 77.5%. De otra parte, concluye que el crecimiento continuo y acelerado de docentes no produjo un efecto significativo sobre el crecimiento de la matrícula y que la variación fue negativa, porque de 5.244 docentes que tuvo Ibagué en 1997, un 10% era de vinculación temporal o transitoria, pagados con recursos del municipio y del departamento en el número de 251 profesores.
Afirma cómo ya, Ibagué, es una ciudad que tiene entre noventa y cien mil estudiantes, concentrándose en esta capital un poco más de la tercera parte de la población estudiantil del departamento en los niveles de educación pre-escolar, primaria y secundaria, sin contar en su estudio las referidas a la Universidad del Tolima, la Corporación Universitaria de Ibagué o Coruniversitaria, Conservatorio del Tolima, la Corporación Unificada Nacional de Educación, C.U.N, la Corporación John F. Kennedy y otras subsedes como las Universidades Antonio Nariño, Javeriana, Católica, Santo Tomás o Cread, Universidad del Sur, Unisur, Universidad Cooperativa, por ejemplo, con centros amplios y coordinadores y rectores en este lugar.
De la población total de Ibagué, más del 35% son estudiantes de los niveles referidos, pero sin que establezca su estudio los de centros de capacitación no formal, donde un caudal humano, bastante considerable, se desplaza a recibir clases de modistería, belleza, computadores, comercio y contabilidad, ventas o construcción y los establecidos por instituciones como el SENA.
Una mirada a lo actual
Una visión que cuantifica lo sucedido entre los años 2001-2006, lo determina el informe interno de la Unidad Pedagógica de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Tolima en cuyo documento nos basamos para la mayor parte de las cifras*80. El estudio declara que en el Tolima el 33% de los niños que ingresa al sistema no termina la primaria, el 37% no finaliza la secundaria y 18% no logra culminar la educación media. Frente a todo este grave conflicto, resulta alarmante que por ejemplo en el presupuesto del 2006, apenas el departamento para el funcionamiento de la secretaría en mejoramiento de la calidad invierta el 1% sobre lo aportado por el SGP y la distribución de recursos propios en relación a todo lo demás, tan sólo llegue al 4%. Lo delicado igualmente se establece al examinar comparativamente lo que ocurre con otros departamentos cuando su inversión en el mismo sentido quintuplica la del departamento.
Si en nuestro país sólo el 37% de los niños en edad del preescolar alcanzan este nivel y la atención básica primaria no supera el 90%, aquí persiste todavía un buen número de niños que no accede al nivel de preescolar (27.72%), aunque el sector oficial representa el (99%) del total de la matrícula de los municipios no certificados. Sumados en Colombia el sector oficial y privado, la cobertura en Educación Básica Secundaria es apenas del 60% y del 40% en Educación Media de acuerdo a datos oficiales, los que también definen que en el país apenas 5 de cada 100 jóvenes tienen acceso a la Universidad Pública.
Respecto al Tolima confirman que la matrícula de la zona urbana representa el 56% y esta disminuye de manera importante en el sector rural al avanzar los grados y que la tasa de escolarización neta en el ciclo primaria en los 46 municipios del Departamento está en el 98.86%, el ciclo secundaria en el 55.78% y la Educación Media 23.92%, cifras que están por debajo del promedio nacional. Si se toman las referencias del cuadro frente a la población escolar, se observa que ella ha decrecido en casi 15 mil estudiantes durante los años comprendidos entre el 2001 y el 2005, por cuanto se parte de 258.431 y se llega a 243.945, respectivamente, de los cuales la matrícula oficial arroja como resultado la cifra de 205.421
Advierte el documento que el fenómenode la repitencia en las instituciones educativas oficiales ha bajado,pero aquí debe tenerse en cuenta que es más por eldecreto que obliga o no permite que ella se cause en un términono mayor al 5%. Así las cosas, entre el 2001 y el 2004 pasandel 10.1% al 4.9%, al tiempo que los desertores van del 10.5% al10.9% y si sumamos los repitentes que se encuentran entre el 6.8% al4.7%, la adición ofrece el 20.5%. Esa evolución de laeficiencia interna dejaría una pérdida aconsiderar, aunque si se miran los aprobados pasan del 79.4% del año 2004
Al detenernos en el problema del no acceso al nivel preescolar que como está visto llega al 27.72%, es pertinente observar que al prejardin y jardín, niños de 3 y 4 años, no están ingresando a las instituciones educativas oficiales a pesar de ser un mandato constitucional, puesto que la Ley 715 no reconoce en la capitación o pago por estudiante a este rango de edad, inspeccionándolos sólo a partir del grado de transición, o sea de los 5 años. Toda esta población abandonada que requiere como pocas una atención en su proceso formativo, queda absurdamente por fuera de las oportunidades y aún no se ha legislado para remediar tal injusticia. El asunto comienza porque a la educación se le mide por el grado de oferta y demanda y los recursos asignados para las entidades territoriales se hacen con base en la matrícula a partir de los 5 años.
La matrícula del primer grado entre el 2004 y 2005 oscila entre 20 y 30 mil niños, y va decreciendo abruptamente a medida que aumenta el grado de escolaridad, hasta tal punto que la matrícula del grado 11 no alcanza a ser una tercera parte de los matriculados en el grado 1º. Semejante resultado obliga a pensar que se realiza una gran inversión en dinero y esfuerzo humano para terminar en una especie de quiebra.
De otra parte y en cumplimiento del decreto 3011 donde se autoriza que pueden cursarse dos grados en un año, se ha generado una conducta bien particular, puesto que los estudiantes de bachillerato ya no se someten a la normalidad sino recurren a cursarlo por ciclos, matrícula esta que en los últimos años viene aumentando en un 100%, pero obteniéndose los peores resultados en el Icfes.
Los datos del año 2005, frente a la calidad, determinan que de las 198 instituciones que tiene el departamento, más las 57 de Ibagué, (municipio certificado), para un total de 255, sólo 2 logran el rango de muy superior (San Bonifacio y Champagnan), y 5 alcanzan la categoría superior: 2 del departamento y 3 de Ibagué (Instituto Técnico Industrial del Líbano e Institución Educativa Luis Felipe Pinto de Melgar. Las de la capital son Santa Teresa de Jesús regido por religiosas con su tradicional disciplina y la Institución educativa Amina Melendro de Pulecio con el rigor de quienes estudian música, agregando la jornada de la mañana del otrora glorioso San Simón).
De las calificadas como altas suman 34 en todo el departamento*81, destacándose casos como la Institución Educativa La Voz de la Tierra de Roncesvalles, municipio víctima de la lejanía y la violencia, la que alcanza a tener emisora propia y permanencia de los estudiantes a pesar de que por sus corredores se pasea con regularidad la guerrilla. Igualmente se señala a Herveo con su Institución Educativa Juan XXIII ubicada en Padua y la Marco Fidel Suárez del sector urbano. No puede decirse menos de la institución educativa de Villarrica que a pesar de la distancia, alcanza gracias a la acción de sus directivas, profesores y estudiantes esta calificación, superando el clima de violencia que tradicionalmente ha soportado.
En cuanto a la calidad educativa de las pruebas del Tolima frente al Icfes, de 198 instituciones en el departamento sólo 18 se encuentran ubicadas en el nivel alto, apenas el 16% están por encima del nivel medio y las terceras jornadas o jornadas nocturnas reportan los más bajos resultados en ellas. Para completar el paisaje, el informe citado puntualiza que más del 50% de las instituciones están por debajo del nivel medio, lo que indica cómo las instituciones educativas muestran serias dificultades en la sostenibilidad de los buenos resultados en las pruebas ICFES.
Para el año 2006 la situación mejoró notablemente, puesto que no sólo hubo dos tolimenses entre los 50 mejores Icfes del país, sino que ya hubo diez colegios en categoría muy superior y 33 en superior.82 De todos modos si bien es un repunte alentador, el Tolima ocupa el puesto 20 entre los 32 departamentos y el Distrito capital según estos exámenes de Estado ocurridos en septiembre de 2006. Ya no son entonces dos colegios privados que lo repitieron como el San Bonifacio y Champagnat, sino que se suman cuatro en esta misma categoría a los mencionados en el resumen. De los diez en categoría muy superior se subraya cómo ocho están ubicados en Ibagué y tres son instituciones educativas oficiales como el Amina Melendro de Pulecio, Santa Teresa de Jesús y Santa Ana, esta última de Mariquita. Es notorio igualmente el incremento en el número de colegios de categoría superior que pasaron de 14 a 33 entre el año 2005 y el 2006 en el total departamental, señalando que Ibagué duplicó la cifra al pasar de nueve a 18 en esta categoría. Es significativo así mismo el incremento en Ibagué cuando se pasa del 23% al 53% entre los 122 establecimientos educativos oficiales y privados que se presentaron a la prueba Icfes concentrándose en las categorías altas, superior y muy superior. Como bien lo analiza Luis Eduardo Chamorro,83”sólo 69 establecimientos educativos se clasifican en categoría baja frente a 132 del año 2005, en categoría inferior 10 este año, frente a 35 del año pasado y ninguno en categoría muy inferior”.
En virtud al desarrollo de la Ley 715 de 2001 que traza una reorganización educativa, el informe señala que “se estableció el procedimiento para la conformación de las Instituciones y Centros Educativos del departamento, ejercicio que permitió la organización en la prestación del servicio, mediante la constitución de las Instituciones y Centros Educativos que son aquellos establecimientos o grupo de establecimientos, geográfica y culturalmente próximos, que se integran con el fin de garantizar a los estudiantes la continuidad en el sistema, hasta la culminación de la Educación Básica por lo menos. De 1670 establecimientos educativos existentes en el 2002, quedaron convertidos en 198 Instituciones Educativas y 52 Centros Educativos, los cuales lograron estructurar su oferta desde el grado preescolar (Transición) hasta el grado 11º (79.2%) y un (20.8%) hasta grado 9º. Cada Institución y/o Centro Educativo, está conformado por varias sedes dentro de la cuales existe una sede principal; organizadas administrativamente, dirigidas por un Rector o Director Rural y orientadas por un mismo Proyecto Educativo Institucional -PEI-, con la fusión e integración de las instituciones. A partir del año 2003 se ha ido desarrollando la integración con las diferentes sedes, consolidándose el proceso en la medida en que los estamentos han reconocido su importancia y beneficios al actuar en forma solidaria y compartiendo la visión, misión y estructuración del PEI. Sin embargo, se considera dentro del área de gestión directiva la necesidad de mejorar el clima institucional a fin de de lograr mayor eficiencia y eficacia en dicha gestión”.
Otros datos del informe clarifican respecto a los docentes y directivos docentes, que “El servicio educativo en el Departamento tiene una planta global para el 2005 de 7.538 docentes, 675 directivos-docentes y 735 administrativos a cargo del Sistema General de Participaciones de los cuales el 63.0% se encuentra ubicado en la zona urbana y el restante 37.0% en la zona rural. Respecto a su nivel de formación académica, predomina el nivel profesional y de especialización, los cuales representan el 87% del total. Por sectores los docentes corresponden el 89.1% al sector oficial y el 10.9% al no oficial. El municipio de Ibagué, certificado, comprende el 31.0% del total del departamento en el sector oficial, y en el sector no oficial el 45.7%.” Los indicadores sobre la relación de estudiantes por docente y estudiantes por administrativo, se ubican alrededor de 25 y 280 respectivamente. Para el caso del primero de estos, se observa que está por debajo del índice esperado por el MEN, 32 estudiantes por docente. El dato está alejado de la realidad en buena parte de los establecimientos oficiales y esto cuenta para los privados, aunque no todos. La situación se puede explicar parcialmente, por lo que se presenta en las áreas rurales del resto del departamento, donde el promedio en mención se reduce a 23.5 estudiantes por docente; para el caso de áreas urbanas este indicador se ubica alrededor de 29.7”. Informe U.T.
Frente a la edad de los directivos docentes en el Tolima, el informe demuestra que el 94.4% oscila en una edad comprendida entre los 41 y 60 años y sólo el 1.8% se encuentra entre los 31 y 40 años de edad, mientras que la edad de los docentes en el departamento de 19 a 30 años (855) cubre el 11.5%, de 31 a 40 (2.252) el 30.3%, de 41 a 50 (2.642), el 35.5% y de 51 a 60 (1.592) para un 21.4%, sin que de 61 en adelante no dejen de existir (98) representando el 1.3%.
Para dentro de pocos años, más o menos una década, existirá un relevo en los educadores en un 58.2%, lo que dará una mirada diferente al quedar por fuera la experiencia, entrega, devoción y mística de una generación de educadores con marcada responsabilidad, frente a una descendencia que en términos generales no ha mostrado sino el estricto cumplimiento de lo consecuente respecto a la instrucción y los horarios, pero no en lo que tiene que ver con la formación humana. Sin embargo, por la juventud y la recepción y habilidades en lo tecnológico, pueden contribuir a un paso importante en el cambio de usos y costumbres y en lo relativo a su gestión.
De acuerdo a un informe de la Universidad del Tolima en el proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de los directivos docentes en el departamento, observan que tienen severas restricciones en el uso de la tecnología informática sin haber logrado incorporar esta poderosa herramienta para mejorar la calidad educativa, aunque en la actualidad se implementa con el proyecto de “Hacia un sistema de formación tecnológica”.
El informe de la Universidad advierte que “El departamento del Tolima no ha definido su misión ni su visión en el campo educativo, ni ha identificado el perfil del tolimense que debe formar para el futuro en una sociedad globalizada”, pero por fortuna ya su plan de acción acelera procesos de mejoramiento en 252 instituciones educativas.
Frente a todo el proceso del rendimiento educativo los maestros se encuentran con graves problemas sociales que influyen y restan labor a su eficacia, y uno de ellos se detecta en el informe sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud que para el 2005 realizara Profamilia, donde la tasa de desnutrición crónica que se registra para los niños del Tolima es del 19%, retrasando el crecimiento en el 13% frente a los niños entre 5 y 9 años y en los jóvenes de 10 a 17 años del 18.7%, todo ello superando la tasa media nacional. No es fácil avanzar académicamente frente a una significativa cifra de coterráneos que aguantan hambre y los otros carezcan de una nutrición sana y balanceada que se mide en un 56%. Las condiciones de pobreza y miseria que vive el Tolima no han sido debidamente atendidas y está sin la debida atención la inversión social en este campo. Sin embargo, se adelantan programas “En cuanto el beneficio sobre alimentación escolar, pues se tiene que para el año 2004, más de veintisiete mil estudiantes, 11.4% con relación al total de matriculados en el departamento, lo reciben con recursos del Sistema General de Participaciones. Adicionalmente, durante el periodo 2002 –2004, entre el 30% y 32% de los estudiantes matriculados, gozan de este mismo incentivo, financiado con recursos del ICBF.
Las conclusiones a las que llega la Secretaría de Educación en el estudio donde traza las estrategias de su política pública adelantada por Amparo Betancur como secretaria de educación, son alarmantes, pero de seguirse con su propósito encontraríamos una salida para transformar el actual panorama. Y el retrato al frente es delicado porque vale reiterar que en el departamento el 33% de los niños que ingresa al sistema no termina la primaria, el 37% no finaliza la secundaria y 18% no logra culminar la educación media.
Igualmente frente a lo tratado de los esfuerzos que desarrollara el departamento entre 1979 y 1982 para reducir ostensiblemente los niveles de analfabetismo, la no continuidad de esa política arroja hoy por hoy el resultado de que la tasa de analfabetismo en el Tolima en el año 2001 fue de 11.1%, superior al promedio nacional de la época (7,5%), al tiempo que la tasa de analfabetismo para mujeres fue de 11,3 y de 10,8% para los hombres. Para el departamento del Tolima, se afirma en el estudio, la tasa de aprobación anual en el 2001 fue del 82%, por debajo del promedio nacional (84%), mientras que la tasa de reprobación anual fue del 9%, igual al promedio nacional (9%) pero gracias al decreto ya comentado. Finalmente, destacan que el índice de deserción interanual fue del 9%, superior a la media nacional (7%) y que la mayor deserción corresponde a la zona rural (12,5%), lo mismo que el promedio departamental fue de 9,74%. Y desde luego, lo ya afirmado como un problema vigente al existir 26.413 niñ@s y jóvenes por fuera del sistema escolar.
Para concluir se observa que mientras las instituciones privadas capacitan con rigor y sistemáticamente a sus docentes invirtiendo partidas importantes en el proceso, el sector oficial la recibe de manera esporádica y no siempre con visiones que en verdad sirvan a su construcción por la medianía de sus instructores. Los maestros se habilitan en especializaciones y postgrados bajo su cuenta y riesgo con alto sacrificio en tiempo y dinero en relación a sus salarios, no tanto para ascender como requisito en el escalafón sino como una disciplina intelectual y laboral que se trazan obedeciendo a su responsabilidad y deseo. Las llamadas comisiones de estudio son excepcionales, así los educadores por su grado en el escalafón ocupen el tercer lugar entre los departamentos intermedios.
Según el último dato del Dane para el año 2005 y de acuerdo a su último censo, “el 37,2% de la población residente en Colombia, ha alcanzado el nivel básica primaria y el 31,7% secundaria; el 7,0% ha alcanzado el nivel profesional y el 1,3% ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 10,5%. El 50,3% de la población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo formal; el 90,7% de la población de 6 a 10 años y el 79,9% de la población de 11 a 17 años. El 88,3% de la población de 5 años y más de Colombia sabe leer y escribir”. (Dane)
Frente a calamidades como las señaladas antes de los datos nacionales, por fortuna se impulsa, tal como lo decide el documento señalado desde un comienzo, “Un compromiso asumido en el Plan de Desarrollo 2006 -2007 “Tolima solidario”, presidido por el Gobernador Fernando Osorio Cuenca, su secretaria de educación Amparo Betancur y su equipo de gobierno, en correspondencia directa con todos los sectores y estamentos de la comunidad tolimense, en la construcción participativa de una “Política Pública en Educación” que permita conocer quiénes somos, qué tenemos en materia educativa, cuáles son nuestras potencialidades, dónde invertir y cuál debe ser la visión de la educación tolimense y así orientar todos los planes, programas y proyectos que en esta materia tenga la administración local, departamental y nacional.
“Un componente básico del Plan de Desarrollo es el “Desarrollo Humano para el Progreso Social” y en su eje “Educación con sentido solidario” se ha propuesto prioritariamente el mejoramiento de la calidad educativa, la cobertura escolar y el fortalecimiento institucional”.
“El Tolima requiere de una Política Pública en Educación, que contribuya a la construcción de un departamento moderno, humano e incluyente, que se proponga garantizar el derecho a la educación, como una responsabilidad compartida por la familia, la sociedad y el estado, que cualifique y mejore su calidad, que fortalezca la participación democrática y consolide una democracia basada en el reconocimiento y la diversidad, que genere dinámicas incluyentes y que contribuya a la reducción de la pobreza y a una mayor equidad social, que integre el desarrollo sostenible en todos los niveles de enseñanza escolar y nos prepare a afrontar los retos que trae consigo los procesos de globalización en el campo de la ciencia, la educación, la tecnología, la cultura, la economía y el nuevo panorama geopolítico mundial”.
El tener claro una Política Pública de Educación en esas condiciones, debe servir para impulsar una educación solidaria que contribuya a una correcta percepción de su entorno, que genere actitudes y comportamientos responsables y prepare para la toma de decisiones fundamentales dirigidas al logro de un desarrollo culturalmente plural y físicamente sostenible. Es en síntesis tener un norte de lo que debe ser nuestra educación en el departamento que nos permita formular un Proyecto de Desarrollo Educativo plural, democrático, solidario y ambiental”.
Pareciera que no se están alejando de la tendencia en el país, pues dentro de las cuatro estrategias para combatir la pobreza y la desigualdad, se encontró que educar es el eje contra ella. “Que todos los colombianos puedan estudiar desde el preescolar hasta terminar el bachillerato y facilitar el acceso de los pobres a la educación superior, con énfasis en carreras técnicas y tecnológicas, es una de las cuatro estrategias planteadas al gobierno por la Misión para la Reducción de la Pobreza y la desigualdad.”84
En el estudio Visión Tolima 2025 elaborado por Alfonso Reyes Alvarado, Gustavo Pedraza Camargo y Eduardo Aldana Valdés85, se refiere, en particular las declaraciones de Aldana, a que “el objetivo para lograr un mejor futuro está donde la ciencia y la tecnología sean los principales motores de desarrollo y la clave de él será el conocimiento”, estableciendo que entre los factores para despegar se encuentra la educación.
Ojalá que todas estas expectativas no encuentren su ruptura en una nueva administración y por ahora resta que todos los sectores que integran la sociedad tolimense asuman el decisivo compromiso de trabajar por la educación y entiendan que es este un compromiso colectivo.
Ibagué, Rincón Santo, septiembre 2 de 2006
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1 Clavijo Ocampo, Hernán, Educación, Política y Modernización en el Tolima, El centenario Saleciano en la ciudad Musical de Colombia, 1904-2004, Universidad del Tolima, 50 años, 287 páginas, 2004
2 Informe sobre el sector educativo, Procuraduría General de la Nación, mayo de 2006
3 Jaramillo Uribe, Jaime, La educación durante los gobiernos liberales, 1930-1946, en Nueva Historia de Colombia, Editorial Planeta, 1989, Pág. 89
4. Pardo Rodríguez, Carlos Orlando y otros, Protagonistas del Tolima Siglo XX, Pijao Editores, 1995
5 .Entrevistas a supervisores, archivo personal Carlos Orlando Pardo
6 Velandia, Roberto, La Villa de San Bartolomé de Honda, Tomo I, Épocas de la conquista y la Colonia, Cámara de Comercio de Honda, 1989, páginas 138 y 218
8 Ídem, página 106
9 Ídem, página 107
10 Ídem, página 107
11 Ídem, obra citada
12 Ídem, obra citada
13 Ídem, obra citada
14 Ídem, obra citada
15 Ídem, obra citada
16 Ídem, obra citada
17 Ídem, obra citada
18 Ídem, obra citada
19 Ídem, obra citada
20 Ídem, obra citada
22 Ídem, obra citada, página 18
23 Jaramillo Uribe, Jaime, en Manual de Historia de Colombia, Tomo III, Colcultura, 1980, La República, las reformas de Santander, página 255.
24 Helg, Aline, obra citada, página 20
25 Jaramillo Uribe, Jaime, en Manual de Historia de Colombia, Tomo III, Colcultura, 1980, El Proceso de la Educación, del Virreinato a la época contemporánea.
26 Ídem, obra citada, página 255
27 Ídem, obra citada, página 256
28Ídem, obra citada, página 258
29Ídem, obra citada, página 260
30 Ídem, obra citada, página 264
32 Ídem, obra citada, página 67
33 Pomala, Martín, Sangre y otros poemas, Imprenta departamental, Ibagué, 1941
34 Ramírez Bahamón, Jairo, Historia General del Huila, volumen 4, Academia Huilense de Historia, 1996, páginas 15 a 97,
35 Ídem, obra citada
36 Ídem, página 16
37 Ídem, obra citada, página 16
38 Ídem, página 29
39 Clavijo Ocampo, Hernán, Educación, política y modernización en el Tolima, El centenario Saleciano en la ciudad musical, 1904-2004 Universidad del Tolima 50 años, 2004
40 Informe del Secretario de Educación Pública del Tolima, año de 1898, páginas 28-29. citado por Jaime Ramírez.
42 Contraloría General, Censo de Población de 1918, Bogotá, 1927, página 407
44 Ídem, op citada.
46 Jaramillo Uribe, Jaime, obra citada.
47 Torres, Eduardo, Geografía del departamento del Tolima, 1ª edición, 1923, Imprenta departamental, página 9
48 Ídem
49 Ídem, página 10
50 Ídem, pgs 32-33
51 Jaramillo Uribe, Jaime, obra citada
52 Dane, 50 años de Estadísticas educativas, 1985
53 Censo de población de 1918, Contraloría General, Bogotá, 1922, pp. 406-407
55 Helg, Aline, obra citada Plaza y Janés, página 254
56 Ibidem, página 255
57 Villegas, Héctor, Anuario estadístico histórico-geográfico de los municipios del Tolima, 1958, Imprenta departamental, página 10
58 Ídem, op cit, página 11
59 Anuario Estadístico Histórico de los Municipios del Tolima, 4ª edición 1962, Contraloría del Tolima, Imprenta Departamental, página 80
60 Dane, estadísticas Educativas, educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional, 1976-1981
61 Estadísticas educativas años 1984-1994 y 2005, nivel preescolar, Secretaría de educación del Tolima, oficina de Planeación.
62 Estadísticas educativas del Tolima,1983-1986, Gobernación del Tolima, Secretaría de Educación, Planeamiento Educativo, Grupo de Estadística, 1986
63 Dane, Estadísticas Educativas, educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional, 1976-1981
64 Agenda de Educación y Cultura para el Tolima 2020, Socio construcción de la Política Pública, documentos interno, propuesta para el equipo de apoyo, Secretaría de Educación y Cultura, abril de 2006
65 Revista Universidad, septiembre 22 de 1928, Nº 100
66 Idem op cit
67 Idem op cit
68 Ídem op cit
70 Ídem, op cit, página 94
72 Ídem, op cit página 102
73 Ídem, op cit, página 102
74 Ídem, op cit, página 105
75 Helg, Aline, página 124, op cit
76 Ídem, op cit, página 124
77 Chamorro, Luis Eduardo, Estudio evaluativo Campaña de Alfabetización en el Tolima, 1982, Secretaría de Educación, oficina de Planeamiento Educativo
78 Chamorro, Luis Eduardo, El escalafón del analfabetismo en el Tolima, El Nuevo Día, noviembre 19 de 2006, página 3B
79 Chamorro, Luis Eduardo, La cobertura escolar en Ibagué en la década de los 90: 1990-1999, octubre 3 de 2000, documento inédito, archivo personal de Carlos Orlando Pardo
80 Agenda de Educación y Cultura para el año 20020, Socio construcción de la política pública, documento interno, propuesta para el equipo de apoyo, Secretaría de Educación y Cultura, abril de 2006.
81 Entre ellas también se encuentran Medalla Milagrosa. Soledad Medina, Ntra. Sra. del Rosario, Félix Tiberio Guzmán, Mª Auxiliadora, Niña Mª., Lourdes.- Palacio Rudas, Núñez Pedroso, Santa Ana – Claret (P), Gabriela Mistral, Sumapáz - Luís F. Pinto, .F.Hurtado – Pineda
82 En muy superior San Bonifacio, Champagnat, la Presentación, Eucarístico María del Refugio, Inglés, Tolimense y Campestre, este último en Melgar. En categoría superior Liceo nacional, jornadas mañana y tarde, San Isidro, Leonidas Rubio, jornadas mañana y tarde, Exalumnas de la Presentación, San Simón, jornada de la tarde, Germán Pardo García, jornada de la mañana, Nuestra Señora de Fátima y Carlos Lleras Restrepo, jornada de la mañana. De los colegios privados en Ibagué en esta categoría se registran Americano, Adventista, Cisneros, Gimnasio campestre, Hermann Gmeiner, SOS, Militar Inocencio Chincá, Liceo San Isidro y el seminario conciliar. En otros municipios clasificados como categoría superior se encuentran Medalla Milagrosa y Sagrado Corazón de Chaparral; San Isidoro, Nuestra Señora del Rosario y Liceo infantil y juvenil del Espinal; Técnico comercial niña María del Fresno; Técnico bilingüe de la Corporación del norte y Alfonso Palacio Rudas de Honda; Jorge Eliécer Gaitán, jornada de la mañana; Técnico industrial, jornada tarde del Líbano; Instituto Luis Felipe Pinto y Santa Rosa de Lima, jornada tarde de Melgar; Alfonso Reyes Echandía de natagaima y Agropecuario Voz de la Tierra de Roncesvalles.
83 Chamorro, Luis Eduardo, El Nuevo Día, domingo 5 de noviembre de 2006, página 3B
84 Diario El Tiempo, miércoles 18 de octubre, Económicas, páginas 2-11.
85 Tolima 7 días del 6 al 9 de octubre, páginas 4 y 5.
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