LA CUESTIÓN AGRARIA EN EL TOLIMA (SIGLOS XV – XXI)

Por: Antonio Villegas Valero

El problema agrario se entroniza en la estructura social y económica de Colombia desde la llegada de los españoles y en el transcurrir histórico de nuestra nación se va configurando y reconfigurando para generar uno de los fenómenos que han producido más conflicto y desigualdad. Se trata entonces de hacer el seguimiento histórico del problema en cuestión para dar cuenta de sus diversas facetas en el ámbito nacional y en el regional, el caso del Tolima.

“Los Tolima, en términos generales el mismo de esta sección del país, comprendía desde las estribaciones de la Cordillera Central y las vertientes que caen al Magdalena a partir de Garzón (Huila) al sur, hasta el municipio del Líbano (Tolima) y el río la miel departamento de Caldas, al norte. Su influencia abarca también las zonas cálidas del departamento de Cundinamarca sobre las riberas del río Magdalena y partes altas sobre las últimas laderas de la Cordillera Oriental que encañona el cálido y seco Valle del Magdalena”.¹ Poblaron este territorio, Panches, Pijaos, Pantágoras, entre otros, configurándose naturalmente en los dueños de este territorio que luego del despojo violento de los conquistadores españoles y de la recomposición arbitraria de la propiedad de la tierra, conformaron así la estructura agraria del Tolima. Tenemos pues 23.562 kms² en la actual división político administrativa, para 1.300.000 habitantes aproximadamente, de los cuales un 4% de la población tiene el 75% de la tierra.

Se trata de “No seguir instrumentalizando a los derrotados, a los desposeídos y a los destripados de todos los tiempos, sumiéndolos en el silencio y ocultando su visión y la versión de sus derrotas”²

Un siglo, el XVI, bastó a los conquistadores españoles para imponer a sangre y fuego su discriminación política y militar destruyendo la organización de los indígenas, creando una nueva organización socio – económica. Se desarrollaron el monopolio de las tierras y excedentes agrícolas durante este período de la conquista.

Germán Colmenares explica el origen de la propiedad territorial en Colombia en el siglo XVI, como producto de dos mecanismos jurídicos y que resume Afranio Ortiz: “Los comisionarios no solamente disponían de mano de obra indígena, sino que, al disponer también de tributos de las tierras por medio de los cabildos y los gobernadores, buscaban por todos los medios el control de la Economía Agraria. Así mismo impedían la presencia de pequeños propietarios españoles y mestizos ya que representaban un peligro de competencia sobre el mercado y la utilización de mano de obra indígena”³

Durante los siglos XVII y XVIII por la política colonial de la Corona que favoreció a españoles, criollos, comunidades religiosas.- Jesuitas, Agustinos, Dominicos – en el Tolima -, se consolida el latifundio, como en el resto del país. Este proceso del latifundio en el Tolima es explicado de manera rigurosa por Hernán Clavijo Ocampo así:

“Ni los cambios en la zona agraria ni la decadencia del resguardo contribuyeron tan decisivamente como el efecto socioeconómico del creciente mestizaje, la formación del campesino inestable y, sobre todo, el ciclo minero, para propiciar la inversión de cuadrillas de esclavos para la expansión y consolidación de la hacienda en la zona de Mariquita y Tocaima. Con exclusión de las cuadrillas de negros, el fenómeno tendió a ser más nítido al sur de esas jurisdicciones en la de Ibagué y en la zona comprendida entre el río Saldaña y Purificación donde, a diferencia del hato–trapiche, hubo un neto predominio del latifundio ganadero, consolidado en la primera mitad del siglo XVII, especialmente después de la guerra contra los Pijaos”⁴ “Dicho latifundio, especialmente al Sur del Río Coello, se abasteció de indios concertados provenientes de los resguardos y pueblos de Natagaima y Coyaima. También de mestizos e indios de otras regiones dada la alta movilidad de esta clase de gentes”.⁵

“La temprana consolidación del latifundio ganadero fue el resultado de una serie de condiciones geográficas, político militares, culturales y económicas. Las apropiadas características topográficas y climáticas del Valle del Magdalena, la baja densidad demográfica, la resistencia de los pijaos, la tradición pastoril e hidalga de los colonos españoles asentados en estas jurisdicciones, el diferencial de rentabilidad y del prestigio de esta actividad con respecto a la agricultura, y la proximidad de estas tierras a Santafé y los minas de Mariquita y Antioquia influyeron decisivamente”⁶. “La excesiva concentración de la propiedad y la ganadería en el primer tercio del siglo XVII, particularmente en la jurisdicción de Ibagué, y el control patrimonial de su cabildo por dos familias, impidieron en ese período el poblamiento por nuevos colonos. Sin embargo, a raíz de la crisis nueva que se vivió desde finales de la década de 1630, dicho exceso de tierras en un caso, y el empobrecimiento de familias de pequeños hacendados y de estancieros en otro, fue aprovechado por la comunidad de Jesús para invertir en la compra de buena cantidad de estancias y de ganados con base en los cuales formarían las más grandes y valiosas haciendas que tuvo en el Nuevo Reino de Granada”⁷

El problema agrario nacional, sin solución hasta hoy, ha tenido la constante histórica del conflicto que siempre va en desmedro de los sectores marginados de campesinos, indígenas y negros. “De los frecuentes pleitos por tierra en la sociedad. Colonial – prolongados y costosos – se suma otro, algo menos frecuente, cual fue el uso combinado de la autoridad política y el terror, las amenazas de grupos no indígenas e indígenas armados y espontáneos para la solución de los litigios, con obvio desmedro de los procedimientos estrictamente legales”⁸

No sólo en el período colonial, sino en el siglo XVIII, la propiedad de la tierra constituía símbolo de prestigio y las élites dominantes perpetuaron con ella su dominio a través de las haciendas. El profesor Hermes Tovar, afirma: “Que el siglo XVIII neogranadino abrió con grandes cambios en la estructura agraria, especialmente con la incorporación de vastas fronteras a la propiedad particular y a la actividad productiva”⁹

Antes de que se produjera la rebelión de Tupac Amarú y el movimiento comunero, en 1770 se produjo la sublevación de los indios Coyaimas en defensa de las tierras de su resguardo. Los indígenas incendiaron la casa del terrateniente, lo eliminaron, apresaron al corregidor y desacataron al cura del pueblo. Gracias al Virrey, los indígenas tuvieron un fallo favorable para que su resguardo volviese a sus verdaderos dueños.

Posteriormente se sublevaron los esclavos de las antiguas haciendas de los Jesuitas y los indígenas “del resguardo de Ambalema con los cosecheros de tabaco construyendo palenques en la parte alta del Río Cucuana”¹⁰

La privatización y el proceso de desamortización generaron inestabilidad en esta región tolimense acentuando la importancia de la ganadería en menoscabo de la agricultura de tipo comercial.

Se produce en el siglo XIX la articulación del Tolima al mercado internacional con la exportación del tabaco, puesto que desde la segunda década de 1830 “se aunaron los comerciantes de Honda y otras regiones a invertir en la compra de tierras y haciendas depreciadas a raíz de los efectos de la guerra de independencia. Las principales transacciones fueron hechas por Rafael y José María Samper, Camilo Palomares, Antonio Larchundi y por agentes de los empresarios antioqueños a quienes se les concedió el estanco del tabaco en la década de 1840”.¹¹.

“A partir de 1870, después que la crisis provocara la concentración monopolística del cultivo y el comercio por los grandes propietarios y exportadores, la inversión de empresas extranjeras en el sector agrario de la región se desplaza hacia otros sectores productivos y geográficos. En este último sentido se ubicó la zona de Honda, incluyendo la vertiente oriental de la Cordillera Central entre Guayabal y Fresno. La inversión tiende a hacerse en la minería, el cultivo de café y de pastos artificiales y alcanza porcentajes significativos entre 1870–1889 y entre 1900–1919”¹²

Se aumentó pues el mercado de la gran propiedad a partir de 1870 y la expansión de la hacienda de las zonas de colonización. “La magnitud del mercado de tierras y de haciendas en la subregión durante la segunda mitad del siglo XIX fue de 3.075 transacciones por valor de 9.2 millones de pesos.”¹³

Después de 1879, el centro del desarrollo regional pasa de Honda a Ibagué; “El ritmo de constitución de nuevas sociedades aumenta extraordinariamente en toda la región a partir de 1880, es decir que, una vez se produce la crisis final de los ciclos agro exportadores (tabaco, añil, quina), se amplía socialmente el espíritu asociativo y, como se verá, se multiplica en una proporción sin precedentes la inversión económica de la minería, el comercio, la ganadería y los cultivos comerciales. En las dos últimas décadas del siglo XIX se forman 197 sociedades, casi el 100% más de las formadas en las tres décadas anteriores. Sin embargo, a raíz de la guerra de los mil días ese incremento desapareció en la misma proporción en la primera década del siglo XX”¹⁴ Jorge Aníbal Villegas Arango fue pionero en los trabajos sobre los baldíos y posteriormente Catherine Legrand, quienes plantearon cómo los colonos fueron utilizados por los terratenientes que luego de dejarlos trabajar las tierras, los desalojaron con artimañas jurídicas o por la vía de la fuerza aprovechando sus relaciones con el poder estatal para legalizar las tierras con títulos “legales”.

Catherine Legrand agrega: “en los cien años entre 1830–1930, el gobierno colombiano aprobó unas cinco mil quinientas concesiones de tierras públicas para un total de tres millones trescientas mil hectáreas. En el Tolima se adjudicaron el 10% de esas tierras.”¹⁵

La compra de bonos de deuda pública pagaderos en tierras preferentemente pobladas fue un mecanismo de concentración de tierras por parte de los sectores adinerados e interesados en este vehículo de poder y prestigio social.

Miremos los ejemplos que tipifican estos procedimientos en el Tolima. “Parra Agudelo, Arango y Cía., con sede en el Líbano, obtuvieron la adjudicación de 9.996 hectáreas de baldíos en 1886, de los cuales 4.918 estuvieron cultivadas en caucho; la compañía Central, o Nieto, Rocha y Cía., una sociedad por acciones, integrada por tres sociedades familiares propietarios de importantes haciendas en la región: Pombo, Nieto y Rocha Castilla Hermanos, constituida en 1884; a comienzos de 1880 fue constituida otra sociedad colonizadora, Rebolledo – Barrios y Cía., con un capital de 40.000 pesos. Aparece esta sociedad con propiedades en La Yuca (Líbano) y en las tierras de Toche y Chilí. Dichas Haciendas serían vendidas a Martín Restrepo y el General Casablanca, personajes de la vida empresarial y política del Tolima”¹⁶

Se produce en el departamento una reestructuración de la propiedad que afecta todo el norte del Tolima comprendiendo aproximadamente 1.800 kms² de extensión de los actuales municipios, producto de este proceso de migración interna: Fresno, Líbano, Villahermosa, Santa Isabel, Anzoátegui, Cajamarca.

Se trata de mirar el desarrollo, el cambio social y la articula­ción de la colonización antioqueña, en el siglo XIX teniendo en cuenta la economía antioqueña del período colonial, la presen­cia y evolución de una clase social que, a pesar de carecer de recursos de capital y de tierras, encontró y aprovechó opor­tunidades de subsistencia económica en actividades indepen­dientes relacionadas con la búsqueda de oro, acciones que llegaron a representar una producción muy elevada en la provincia de Antioquia y ofrecieron una alternativa de ocupación diferente a la de peón o agregado en una hacienda o en la minería de cuadrillas, para una fracción significativa de la población económicamente activa.¹⁷

Este grupo social influenció el sistema económico, cuyos recursos empresariales y laborales mantenían un alto grado de especialización en la extracción aurífera, lo que indujo a la formación paulatina de una clase mercantil, cuya doble función consistía en rescatar una producción metálica dispersa, y abas­tecer un mercado no cautivo de consumidores de víveres, ves­tidos y otros géneros. Este desfase generó un desequilibrio entre el sector minero y el agrícola, desplazándose el poder político y económico de la clase latifundista a la comerciante.¹⁸ Tales circunstancias motivaron un fuerte movimiento colonizador, totalizado por la aceleración demográfica, el robuste­cimiento del sector mercantil y el sector de la alta burguesía de Medellín que controlaba el sector gubernamental y empresarial de Antioquia, lo cual elevó el nivel de vida de la población antioqueña en relación con los otros lugares del país.¹⁹

Desde los inicios de la explotación minera, la mita fue un recurso despiadado de la explotación de los recursos humanos. En Antioquia ocasionó el desgaste de la mano de obra indígena y sólo se abolió 60 años después de las leyes expedidas por la Corona. Los negros, aunque tuvieron una productividad más alta en el trabajo, fueron víctimas también de epidemias, de hambre y mal trato por parte de los amos, la que produjo hacia 1.600 una serie de levantamientos, de los cuales quedó un residuo de población negra fugitiva y liberada de la esclavitud. Esto incide para que en Antioquia se presente el fenómeno del minero pequeño, del barequero, del mazamorrero, del zam­bullidor y del guaquero.²⁰-²¹

La presencia del minero libre causa en Antioquia la escasez de la mano de obra disponible para la explotación del latifundio, con lo cual se crearon las bases materiales de la hacienda. A esto se agrega que la Iglesia en Antioquia era dependiente de la diócesis de Popayán y Cartagena, dificultando el florecimiento de los latifundios eclesiásticos. ²²-²³

De aquí se concluye que la movilidad social, el debilita­miento del latifundio y la dispersión demográfica facilitaron la diversificación independiente, con un poblamiento en torno a centros integrados a ricos yacimientos de oro, características propias de Antioquia.

Durante el último período colonial, los comerciantes antioqueños controlaban prácticamente todo el oro producido en la región y las autoridades cobraban el impuesto sobre la cabeza de estos comerciantes.²⁴ Es de anotar que los comerciantes adquirieron capacidad de control sobre la administración pública, pues con la com­pensación pecuniaria, los cargos eran dados a sus amigos y parientes, con lo cual lograban impulsar sus negocios y ac­tividades aún más. Antioquia comienza a salir de la crisis económica y social a raíz de la visita del oidor Antonio Monn y Velarde, quien hace estudios y reformas que apuntan hacia la minería indepen­diente.

De estas formas de trabajo, el más beneficiado fue el grupo de comerciantes que, mediante los instrumentos de la compra­venta, logró reducir el nivel de vida del minero al mínimo de subsistencia, excluyendo de su producción de oro un conside­rable excedente de ganancia comercial,²⁵ pues al subir la pro­ducción de oro ofrecido en trueque a los comerciantes por parte de los mineros autónomos, el precio de los bienes de subsisten­cia subía, con lo cual los comerciantes ampliaban su tendencia a la ganancia, aprovechándose del trabajo familiar que se invertía en esta actividad.

Estos hechos y el impulso dado por el enérgico oidor Monn y Velarde, permitieron el primer movimiento espontáneo de un grupo de aventureros marinillos, quienes invadieron los predios de la célebre concesión Villegas, fundaron Sonsón y una colonia en la que se equilibraron las actividades mineras y agrícolas.

En 1808 fundaron Abejorral, esta vez con el consentimiento de los latifundistas e instauraron un modelo de colonización basado en un régimen agrario de auténtica funcionalidad económica, la que permitiría la emigración a Armenia, Aguadas, Pácora, Salamina, Aranzazu, Manizales, Pereira, Quindío y Norte del Tolima.²⁶

Podemos decir, pues, que en el siglo XIX a nivel de la colonización antioqueña y en relación a la tenencia de la tierra, se dan tres tendencias:

I. Concesiones Realengas

II. Colonizaciones Capitalistas

III. Baldíos

Todas estas modalidades en el siglo XIX en Antioquia explican por qué el caso antioqueño es un ejemplo de innova­ción, democratización y consolidación de una clase rural.²⁷

Mencionado proceso nos revela la ausencia de una clase monolítica y aristocrática con un pleno control del orden institucional y la diversidad de desarrollos regionales según haya sido la forma de tenencia de la tierra asumida en la región.²⁸

Es importante resaltar las formas comunitarias de coloni­zación que perduran hasta 1880, que son propias de este movimiento y que tenían tres mecanismos fundamentales:

I. El premio social a la fundación de un nuevo pueblo: el nombramiento de los funcionarios recaía en los fundadores, además de mucha estima y privilegios.

II. El darles lotes proporcionales a sus familias; lotes muy bien ubicados.

III. Estos lotes sólo se podían negociar luego de 4 años de explotarlos.²⁹

Tales reglas de juego sobre la colonización comunitaria cambian con la Ley de 1874 sobre la colonización individual, la que tendrá una benéfica incidencia al iniciarse la explotación cafetera³⁰.

Sobre la dinámica económica de la colonización podríamos decir:

A) Los emigrantes de mayores recursos lograron más fácilmente construir mejores colonias, reservarse mejores tierras y obtener mayores privilegios legislativos.

B) Parsons comprueba con un documento censal que el número de familias egresadas era triple de aquellas dueñas de pose­sión. ³¹

C) En núcleos donde se distribuía la tierra comunitariamente, subsistían vastos espacios en poder de los terratenientes, cuya explotación renovaría las relaciones entre patronos y peones, en detrimento de la posición del labriego indepen­diente.³²

D) La economía en los centros colonizadores era embotellada y sólo se logran buenos rendimientos para el labriego y optimización en sus recursos con la industria cafetera. Parsons señala excepciones en Sonsón y Medellín con el maíz y con los cerdos en Manizales y Quindío.³³

Sobre la colonización inciden también: las luchas políticas, las luchas entre colonos y propietarios, el ánimo de vida independiente que había forjado la brega minera, los intereses políticos de la clase gobernante, la búsqueda del oro, de sepul­turas indígenas, etc.³⁴-³⁵

Marco Palacio ha desmitificado y desvirtuado el supuesto carácter democrático de la colonización Antioqueña: “Así, el medio millón de hectáreas de baldíos que, según los registros oficiales, pasó a los particulares entre 1871 y 1905, sólo el 10% se dio a colonias agrarias, poniéndose de relieve el carácter eminentemente individualista que para entonces había tomado el movimiento migratorio. El 59% se dio a individuos con titulaciones de menos de 1.000 hectáreas y el 31% a los que contaban con titulaciones de más de 1.000 hectáreas.

Los promedios de las concesiones de más de 1.000 hectáreas fue de 3.400, y de los menos, 416. Esto sin contar la posibilidad de que muchos individuos obtuviesen más de una concesión. Si se considera de cerca esta distribución, se percibe mejor el desigual reparto de los baldíos. No hay que olvidar que millones de campesinos ocuparon la tierra sin llenar los procedimientos administrativos para titularla, creándose conflictos que causarían las violencias del siglo XX”³⁶

Tenemos pues en Colombia y en particular en el Tolima al finalizar el siglo XIX, la guerra de los Mil Días que es el resultado de las otras ocho guerras civiles del siglo XIX, de los enfrentamientos entre los caudillos de la guerra de Independencia enriquecidos con las tierras adjudicadas por el Estado, y el poder central; de las disputas políticas de los partidos tradicionales. La Iglesia tomó partido – y se convirtió para este momento en una de las mayores poseedoras de tierras, las permanentes reformas constitucionales que producían más inestabilidad económica y política. En fin, la conformación de una sociedad manejada por una oligarquía – liberal – conservadora-, que ya había consolidado la pirámide invertida de la propiedad, unos pocos con la gran extensión de las tierras y los indios, negros y campesinos, sectores mayoritarios de la sociedad con unas pocas hectáreas. Será este cuadro el que hará del siglo XX colombiano escenario de la agudización del problema agrario y del conflicto político y económico que parece no terminar.

El siglo veinte colombiano fue escenario de guerra puesto que comenzó con la de los mil días, bien cruenta por cierto, y de luchas indígenas y campesinas que agudizaron el conflicto agrario y social.

El país seguía siendo eminentemente agrario, tanto por el peso demográfico de sus habitantes rurales, como por la importancia económica de las actividades que se desarrollan en el campo. En 1918 la población rural era de 4.625.000 habitantes, equivalentes al 79% por ciento del total de habitantes del país, y la urbana era de 1.231.000 personas que sólo representaban el 21% por ciento. Hacia 1930 las cosas habían cambiado en mínima proporción desde el punto de vista cuantitativo, puesto que la población urbana había ascendido a 1.934.000 personas y la rural a 5.419.000, pero ahora esta última correspondía al 76% por ciento del total de habitantes del país. En un lapso de un poco más de 10 años, la población urbana había pasado del 21% al 24% por ciento”³⁷

“En 1928, de un total de 2.645.000 personas que formaban la población económicamente activa (PEA), 1.776.000 (el 67.2% por ciento) comprendía la fuerza de trabajo rural, mientras que la no agropecuaria involucraba 6.869.000 personas (32.8% por ciento”³⁸ “En términos más directos, esto significaba que el grueso de la PEA se encontraba en el campo, lo que no implicaba que todos los habitantes del agro estuvieran sometidos a formas de sujeción personal, puesto que en 1928 los 40.000 nuevos trabajadores incorporadotes a las obras públicas constituían el 1% por ciento del total de la fuerza de trabajo móvil existente en el agro, algo así como unos 500 mil trabajadores libres”³⁹

Esta estructura agraria era muy diversa y compleja, representada por latifundios ganaderos en la Costa Atlántica y en algunos lugares de los Llanos Orientales, por las haciendas cafeteras en diversos sitios del país (Tolima, Cundinamarca, Santander, Antioquia y Caldas), por pequeña propiedad en Boyacá, Cundinamarca y Nariño y por las zonas de colonización que se habían abierto desde el siglo XIX”.⁴⁰

La gente y la población del Tolima estaba organizada así: “Para 1870 la población era predominantemente rural y la urbana estaba conformada minoritariamente por artesanos, comerciantes y por los propietarios de haciendas. Según el censo de esta época, de los 2.713.000 habitantes con los que contaba Colombia, 231.000 habitaban el departamento del Tolima. El crecimiento del 1.5% del Tolima era similar al del país y superior al de países como Francia, Inglaterra o Italia en esos años. En cuanto a la estructura ocupacional de la población, 52.9% estaba dedicada a la agricultura, seguida en un 32.7% de la artesanía. Los hombres en un 69.1% estaban dedicados a la agricultura y las mujeres en un 43.5% al oficio de artesanas.

Para 1898, la población del país era de 4.262.000 habitantes y la departamental de 380.000 habitantes, es decir, la población casi se duplica a fines del siglo.”⁴¹. “Población del Tolima 1905, 210.000; 1912, 282.000; 1918, 325.000, 1938, 548.000.”⁴²

“La gran Hacienda cafetera del Tolima, se había consolidado durante la segunda mitad del siglo XIX. En Cundinamarca y el Oriente del Tolima existían haciendas de arrendatarios – jornaleros, en los cuales se pagaba una renta de trabajo en las plantaciones de su parcela a la hacienda y se le prohibía sembrar café.”⁴³

“En algunos lugares del Tolima, las haciendas cafeteras tenían unas características similares a las de Cundinamarca. En Chaparral había haciendas como La Providencia, propiedad de la familia Rocha, que producía café para el mercado exterior”.⁴⁴

“En el Líbano, La Aurora, con una extensión de unas 10.000 hectáreas, estaba dedicada a la producción de café para expresarlo al mercado mundial. Los trabajadores de la hacienda eran colonos procedentes de algunas zonas del Tolima, Cundinamarca y Boyacá y estaban vinculados a la hacienda bajo tres modalidades: jornaleo, explotación arrendataria y minifundio”⁴⁵

Aparecen así una serie de conflictos en el Tolima en respuesta al orden de cosas planteado por la apropiación desigual de la tierra y su manejo laboral. Quintín Lame, José Gonzalo Sánchez, Raúl Mahecha, originario del Guamo; el Partido Socialista, la UNIR, el partido comunista, los colonos, campesinos, indígenas, estarán confrontando a los Latifundistas o terratenientes y a sus agentes: (abogados – curas, alcaldes, etc.)

Una de las principales protestas fue realizada por los trabajadores de la Hacienda Santo Domingo, en Armero, cuando en 1916 los arrendatarios de ellos pretendieron alegar que las tierras que cultivaban eran baldías. El gobierno departamental y nacional rechazó categóricamente esta demanda favoreciendo a sus propietarios y dejando a los campesinos sin argumentos.⁴⁶

“Habían de pasar 15 años, para que los campesinos lograran entrar en la escena de la justicia social agraria que defendieron por entonces. En 1932 el gobierno nacional ordenó la parcelación de aquella hacienda y los campesinos tolimenses lograron así uno de los primeros grandes triunfos por el derecho a la tierra”.⁴⁷

“En 1911 empezó otra agitada lucha social, otra vez liderado por el campesino Pioquinto Rubio, quien exigía la titulación de los medios ocupados por los colonos, alegando que ellos estaban en tierras baldías. Viendo perdida toda la cordillera, el pertinaz general González empleó a fondo influencias, amistades y parentescos ante el gobierno nacional, hasta lograr que la conflictiva Santo Domingo fuera adquirida por la nación. Gracias a las acciones de políticos y a las promovidas por protouniristas y socialistas, como Fermín López Giraldo y Uribe Márquez, se inició la titulación de los predios el 2 de agosto de 1934 a 18 campesinos que dieron auge y progreso al corregimiento de San Pedro”⁴⁸

“En el Tolima, en el año de 1919 se presentaron grandes disturbios cuando los agentes de los dueños de las tierras organizaron y llevaron a cabo una asonada contra las masas campesinas que empezaron a organizarse en Icononzo”⁴⁹ Durante la década de 1920 se presentó una transformación acelerada del siervo sin tierra de las haciendas a <<proletario rural>> o urbano, lo que puso en cuestión la aparente solidez de la hacienda, cuya crisis estaba ligada directamente a la transformación de la economía nacional, durante este mismo período. En efecto, el auge en la construcción de obras públicas y la ampliación de la planta industrial existente o el montaje de nuevas industrias requirieron gran cantidad de fuerza de trabajo, demanda que la población existente en las unidades no estaba en capacidad de satisfacer. Para el país, en promedio, el salario industrial era de 1.25 y el salario agrícola de 1.16, mientras que en el Tolima de 1.41 y 1.25 respectivamente”.⁵⁰

“En unidades se estaba constituyendo un mercado de trabajo de tipo salarial que resultaba atrayente para muchos campesinos. La diferenciación salarial y la organización de un mercado laboral fueron claves en la migración laboral y en la formación del proletariado moderno. Así mismo, esos dos elementos proporcionaron el cuestionamiento de las condiciones de trabajo vigentes de las haciendas. Esto no significa que la diferencia salarial hubiera sido un factor desencadenante por sí solo, sino que estaba inscrito en un contexto de aceleración del desarrollo del capitalismo, sobre todo en el quinquenio 1925 – 1929”⁵¹

Las propuestas de los terratenientes mostraban la forma como ellos consideraban el orden y la propiedad. Las acciones y reglamentaciones jurídicas apuntaban a mantener sus privilegios y contener la protesta rural. Ya desde 1918 la sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) había llamado a proteger los intereses de los hacendados ante las protestas de algunos colonos y arrendatarios por las tierras baldías”.⁵²

Se deben tener en cuenta algunos antecedentes que nos ayudarán a sopesar el alcance de la protesta social en el campo colombiano, la que se dibuja desde la segunda mitad de la década de 1920. Según datos oficiales, recogidos por la Oficina General del Trabajo, entre 1925 y 1930 se registraron un total de 71 conflictos rurales entre haciendas de 12 municipios, de los cuales, 36 haciendas cafeteras se encontraban en las regiones del Tequendama y Sumapaz. De esos conflictos, 53 fueron resueltos por mediación de la Oficina General del Trabajo y 41 haciendas resultaron parceladas”⁵³ “En el Tolima, en la región de Chaparral, participaron en esta lucha agraria unos 18.000 campesinos”.⁵⁴

“La gran depresión y la agitación socialista de la década de 1920, generó un evidente impacto en el curso y sentido de las luchas agrarias en las regiones de Sumapaz y del Tequendama. El primer efecto de la Gran Depresión fue el caso del crédito externo, lo que ocasionó toda una reacción en cadena sobre el conjunto de la economía colombiana. El repentino uso de los capitales extranjeros puso fin a la <<fiesta>> de la Prosperidad al Debe. La parálisis de las obras públicas no se hizo esperar, lo que generó una alarmante racha de desempleo. Muchos de los desocupados, originarios del campo, regresaron a sus lugares de procedencia, contribuyendo conscientemente a erosionar el ya resquebrajado sistema de hacienda. Los trabajadores que retornaban tenían una buena dosis de experiencia organizativa y política, hecho que acentuaría las luchas agrarias a comienzos de la década de 1930”⁵⁵

El segundo efecto importante tuvo que ver con la caída de los precios del café a nivel internacional, situación que agravó aún más la situación económica de la nación, efecto apenas comprensible en un país todavía monoexportador. Tras un período de 5 años de altos precios, la cotización en el mercado internacional empezó a caer de manera gradual. Mientras que en enero de 1928 la libra de café en el mercado neoyorquino se cotizaba a 29.24 centavos de dólar la letra, en noviembre de 1929 su precio había descendido a 18.72 centavos de dólar”.

Esto incidió en las haciendas de Cundinamarca y Tolima, donde los trabajadores mejor formados no iban a aceptar el trato que les habían dado los patronos, y mucho menos dejarían caer sobre sus luchas el peso de la crisis. Por la influencia ideológica y política de las fuerzas socialistas, las luchas agrarias estaban articuladas con ellos y los dirigentes del partido socialista revolucionario y los sectores radicales del partido liberal, tenían influencia sobre las querellas y los dirigentes”. En el segundo Congreso Obrero Colombiano, realizado en Bogotá en agosto de 1925, estaban como dirigentes luchadores de la causa indígena como Quintín Lame, José Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timoté, quienes se vincularon activamente al socialismo y a las luchas obreras, se incorporaron primero al partido socialista y luego al partido comunista, e intentaron articular la lucha de los indígenas con sectores campesinos y obreros”.⁵⁶

La insurrección Bolchevique de julio de 1929, es un claro ejemplo de este ambiente político y de enfrentamiento con los sectores conservadores en el poder. El partido socialista revolucionario contaba con la presencia de dirigentes populares de la talla de: Tomás Uribe Márquez, Ignacio Torres Giraldo, María Cano y Raúl Eduardo Mahecha que facilitó la labor organizativa a escala nacional, particularmente entre los campesinos de Viotá y las riberas del Magdalena, entre los artesanos del Líbano, entre los trabajadores de los enclaves y hasta en ciertos reductos indígenas”⁵⁷

“La confluencia de las concepciones insurreccionales de los socialistas con las de los liberales no era solamente coyuntural, sino que debido al carácter antidemocrático y clerical del régimen conservador, los viejos radicales pensaban que la única forma de derrocar la hegemonía era por la vía armada, y razones no les faltaban en la medida en que el fraude electoral se había convertido en una constante rutina. Pero estos viejos liberales, veteranos de la última gran guerra, la de los Mil Días, sabían que en el seno del liberalismo oficial no encontrarían eco sus tendencias insurreccionales y por eso eran en el PSR, una posibilidad de llevar a cabo sus planes de derrocar por la fuerza al régimen conservador”.⁵⁸

El gobierno tenía información del plan de los Bolcheviques que fue aplazado en varias ocasiones y que en la fecha del 29 de julio su cancelación no llegó oportunamente a algunas poblaciones de Santander y Tolima, destacándose los casos de el Líbano, San Vicente de Chucurí y La Gómez”⁵⁹

Existen varios comunicados internos del gobierno de Abadía en donde se señalaba cómo se realizaría el levantamiento, en dónde y quiénes estaban involucrados. Incluso el plan del levantamiento en Cundinamarca le fue encontrado a Tomás Uribe Márquez. A manera de ejemplo tomemos el informe del 27 de abril de 1927, del Ministerio de Gobierno. “Se hablaba de una insurrección que se estaba preparando en la que estaban participando de manera muy activa jefes liberales en alianza con el obrerismo y en la que estaban comprometidos los hacendados liberales de los alrededores de Girardot, entre otros el general Bustamante. Con alarma se señalaba que de Girardot y las poblaciones aledañas participarían <<miles de hombres>>. Así mismo, se indicaban los municipios en los cuales había influencia laboral y obrera, sobresaliendo Honda, Ambalema, Líbano, Chaparral, Natagaima y Flandes”.⁶⁰ Se hace necesario mirar aspectos de fondo, relacionados con el entramado político y cultural de los poblados donde se levantaron los <<Bolcheviques>>.

En 1929, para entender el carácter de este movimiento sui generis en la historia de Colombia, y al parecer de América Latina,⁶¹ presentaremos un bosquejo general del contexto y circunstancias locales en los cuales discurrieron los intentos insurreccionales, en el municipio del Líbano, Tolima, a finales del mes de julio de 1929”⁶² El Líbano, un pueblo cafetero enclavado en las montañas de la Cordillera Central, era el resultado de la colonización antioqueña de mediados del siglo XIX”⁶³. Por sus condiciones topográficas se produjo un desarrollo contradictorio, pues al mismo tiempo que se consolidaron grandes haciendas cafeteras que lo vincularon al mercado mundial, era un sitio incomunicado del resto del departamento del Tolima y el país. Se trataba de la primera región productora de café del departamento y el tercer municipio en la producción nacional tras Fredonia (Antioquia) y Rionegro (Santander). Desde el punto de vista económico era un sitio próspero y atractivo para el capital extranjero, el cual invirtió en las labores de beneficio y comercialización del café”.⁶⁴

Precisamente el aislamiento geográfico contribuyó a darle un peso relativo a la producción artesanal interna y a la pequeña manufactura, complementarios a la explotación de café, tales como trilladoras, fundiciones, trapiches, despulpadoras, fábricas de chocolate, de jabón y harina de trigo. Esta base artesanal e industrial en ciernes tenía una protección natural debido al aislamiento, puesto que las mercancías venidas de fuera eran muy costosas por las dificultades de transporte. Sin embargo, el más importante volumen de empleo lo presentaban las fincas cafeteras en las cuales se ocupaban unos 600 recogedores en 1928”.⁶⁵

“Así como en la estructura urbana del Líbano predominaban los artesanos, éstos también habían desarrollado una cultura singular, bastante influida por el radicalismo y la vinculación de la región al mercado mundial permitió la circulación de diversas expresiones de la cultura europea.”⁶⁶

“Las sociedades gremiales forzosamente eran clandestinas, teniendo en cuenta el carácter policivo de la hegemonía conservadora, pero también los antecedentes semisecretos de las organizaciones teosóficas y las logias masónicas que desde el siglo XIX habían sentado sus reales en el Líbano, las cuales se convirtieron en medios idóneos de transmisión de propaganda, apoyándose en las experiencias previas y en el hecho que las sociedades teosóficas servían para encubrir propaganda socialista. Estas prácticas se correspondían con las tradiciones asumidas por los artesanos y que condujeron a la construcción de un cementerio laico, como forma de demostrar el rechazo al dominio clerical de las jerarquías católicas y una clara muestra del influjo radical”.⁶⁷

“Esta propaganda adquiría adicionalmente fuerza con la edición local de periódicos socialistas, el Moscovita, como órgano del sindicato de braceros fluviales, ferroviarios y campesinos que era editado en el Líbano, pero que cobijaba a la región de Ambalema y Beltrán. Se agrega igualmente Avance, cuyos directores eran, Jorge García y Arturo Sanín, respectivamente.”.⁶⁸ “En la región surgieron dirigentes socialistas de la talla de Julio Ocampo Vázquez y de Pedro Narváez. El primero miembro del CCCC y desempeñaba las labores de periodista con las de agitación y organización. El segundo era zapatero, dueño de un pequeño taller, que en 1927 había formado parte del Presidiun nacional del PRS. Durante la insurrección fue el dirigente más importante del movimiento”⁶⁹

El día 28 de julio a la media noche, comenzó la insurrección cuando por los cuatro costados avanzaron hacia la cabecera municipal del Líbano, cientos de campesinos armados. El contingente que dirigía Narváez constaba de 300 hombres, armado con coraginos, escopetas, machetes, diversos instrumentos de trabajo y bombas que habían sido elaboradas en los días previos. En otros sitios como, Murillo, los rebeldes enarbolaban banderas rojas con los tres ochos. En Dosquebradas hubo un violento choque, con saldo de 6 muertos, entre ellos el importante dirigente Iginio Forero y murió también el propietario de Versalles, una de las grandes haciendas cafeteras. El 31 se trabó un combate en que fueron derrotados los revolucionarios. Las cárceles del Líbano e Ibagué se colmaron con los obreros, artesanos y campesinos presos, cuya cifra sobrepasaba el millar. Días después fueron capturados los principales dirigentes, entre ellos, Pedro Narváez”.⁷⁰

“Finaliza pues en 1930 la hegemonía conservadora, a la cual contribuyeron entre otras cosas la gran depresión, la ley heroica, la masacre de las bananeras, las jornadas de junio en Bogotá, la división conservadora, la tragicómica – intervención del clero en la escogencia del candidato conservador, etc.”⁷¹. Estas son las causas coyunturales, pero durante los treinta años de la hegemonía conservadora se gestaron las contradicciones estructurales que condujeron a su fin.

En 1930 llega al poder Enrique Olaya Herrera, a quien Jorge Aníbal Villegas Arango, en su libro: “Petróleo ganancia gringa”, había señalado como agente de las compañías petroleras americanas y quien interpuso sus buenos oficios para favorecer los intereses norteamericanos en Colombia.

“Todos los que durante las últimas administraciones conservadoras combatieron la entrega del petróleo, del banano, de los minerales, no se imaginaban que durante el gobierno de Olaya, eso se iba a realizar sin reparos para el país, y desconociendo la fuerza motriz que impulsó la derrota de la hegemonía: los obreros de las huelgas <<heroicas>>, los campesinos que se enfrentaron al poder de los hacendados, los indígenas que defendían sus resguardos y se organizaban contra los caciques y gamonales, en fin, los estudiantes que en forma tímida se levantaban contra la educación confesional y contra el sectarismo de las altas jerarquías católicas”.⁷²

“Para que el moderno imperialismo entrara a reinar en la escena política, económica y social de nuestro país no tuvo necesidad, como en República Dominicana, Nicaragua, Cuba y las Repúblicas Bananeras de fraguar intervenciones armadas ni golpes de Estado. Para hacerlo se sirvió del glorioso partido liberal, y andando el tiempo también del conservador”.⁷³

“En 1936 se había salido de la crisis, aun cuando es más acertado escribir que se estaba haciendo lo posible por remediar sus efectos. La industrialización continuaba a un ritmo relativamente lento, pero existía ya en las ciudades una clase obrera que empezaba a adquirir conciencia de su propio papel en la vida nacional. La población campesina tendía a disminuir para engrosar la población urbana, particularmente en los sectores proletarios; y, ante el avance de la gran industria, se hacía sentir la ruina creciente de una clase media productora de actividad artesanal y dueña de propiedades medianas en los campos”.⁷⁴

“Si es cierto que la producción agrícola aumentó más rápidamente que la población en el período 1925 a 1934, de este año al 44 se desenvolvió casi a la misma rata de la población. La razón de ello está quizás en la baja inversión total de la década del treinta. El coeficiente promedio de inversión total fue de 21.0% de 1925 a 1929, pero el de la agricultura fue para esos años sólo de 68; de 1930 a 1934, el coeficiente promedio de inversión total fue de 9.3 y el de agricultura del 4.0, cifra que permaneció invariable del 35 al 39, cuando el promedio de inversión total fue de 13.1. Ello puede ponernos sobre el camino de comprender determinadas resistencias y ciertos descontentos de los terratenientes ante el gobierno del doctor López Pumarejo, que, además, les puso encima una reforma tributaria que descansaba sus viejos privilegios. La estructura de la propiedad agraria permaneció intacta, lo que indirectamente, vino a agravar la crisis política, puesto que los dueños de grandes fincas lanzaron a la contienda todo el peso de su poder real. La lucha de clases llegaba a alta tensión en el campo, pero las masas de peones, colonos y aparceros, a veces en combate armado, no lograron conquistas de importancia considerable y permanente debido, antes que nada, a las fallas ideológicas y tácticas de su dirección política que, entre otras cosas, no supo, en ningún momento, fijar la alianza del movimiento agrario con el proletariado militante de las ciudades”.⁷⁵

“El gobierno nacional se inclinó cada vez más hacia la desidia entre 1938 y 1946. El proceso empujó a la suspensión de la reforma y luego a la recesión misma de las leyes agrarias y laborales de principios y mediados de la década de los 30. Así, mientras la famosa ley de reforma agraria (Ley 200 de 1936) dictada durante el gobierno reformista de Alfonso López Pumajero, buscaba apaciguar a los trabajadores rurales insurgentes a través de la legalización del status quo en el campo y prometiendo una importante redistribución de los grandes latifundios no utilizados o deficientemente desarrollados dentro de diez años, la ley agraria dictada durante su segunda administración (Ley 100 de 1944) no sólo ignoró su promesa, sino que buscó fortalecer el poder de los grandes terratenientes en sus relaciones con los arrendatarios y moradores de sus tierras”.⁷⁶

Jesús Antonio Bejarano señaló como uno de los resultados más importantes de la Ley 200 de 1936, la expulsión masiva de arrendatarios, aparceros y colonos, particularmente en las zonas cafeteras de Cundinamarca y Tolima, donde la conflictividad y organización de ese sector de campesinos era mayor que en otras regiones”.⁷⁷ Además, afirmándose al proceso de parcelación de haciendas y latifundios en el país en la década de 1930, cita a Palacios, quien afirma: <<Las propiedades afectadas entre 1936 – 1937 y 1940 fueron respectivamente 62, 102 y 240 con superficies que comenzaron con 42.439 hectáreas en el 32, 62.607 hectáreas en el 37 y 223.137 hectáreas en 1940”⁷⁸

En el gobierno de Mariano Ospina Pérez, la pauperización de la clase obrera fue absoluta, y era la condición para el enriquecimiento de la clase rica. Hubo empresas de transformación con utilidades que llegaban a más del ciento por ciento del capital pagado, antes de pagar impuestos. Cinco empresas con un capital de 54 millones de pesos obtuvieron utilidades de 123 millones durante 3 años, o sea de 226% sobre el capital pagado. La Compañía Nacional de Tabaco logró un porcentaje de utilidades de 360% y Fabricato de 289%. Baquero anota que “la recuperación media del capital resulta del 75% al año, nivel que seguramente no conocen los industriales más rapaces de otros países”.⁷⁹

Miremos cómo se fortaleció la “élite del poder.” En 1948 había en Colombia aproximadamente 3.815.000 personas económicamente activas; de este número, sólo 101.817 presentaban declaración de renta. Ello indica que 3.700.000, sus ingresos eran trabajos que no se hallaban obligados a denunciarlos. Y entre los declarantes, más de la mitad perciben sumas inferiores a 2.000 al año, cifra que representa apenas un ingreso de 170.000 al mes. Solamente el 1.1% de la población activa tiene entradas superiores a esa suma. Pero por encima de esa masa de trabajadores explotados, en la cima de la pirámide social hay 256 personas que reciben mas de $ 100.000 al año y que constituyen un grupo para el cual trabaja el pueblo colombiano”⁸⁰

“El 8 de junio de 1947, 78 de los 108 parlamentarios liberales aprobaron el plan Gaitán, y Guillermo Hernández Rodríguez, Antonio García y Antonio Ordóñez Ceballos sus redactores. A pesar de su carácter bastante autoritario y de sus preocupaciones coyunturales (víveres caros y escasos en las ciudades), el plan fue la tentativa más elaborada para resolver el problema agrario colombiano: la ley 200 peca por juridicismo y la ley 100 por reaccionaria, concluyendo que los autores quieren tanto lucha contra el minifundio, como contra el latifundio al proponer la construcción de unidades agrarias, lotes sobre los cuales se mantendrán prácticas colectivas de trabajo. Un Instituto adquiriría las tierras que no responden a una función social, en particular, en la periferia de las grandes ciudades. La unidad agraria que se construiría con ellos constaría de una granja piloto estatal y de fincas campesinas (pagaderas en 20 años a partir del segundo año siguiente a la adquisición). Se formarían cooperativas, y la producción respondería a un plan. El asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948 revela el fin de las esperanzas de una modificación pacífica de las relaciones agrarias.”⁸¹

“De modo que cuando Laureano Gómez llegó al gobierno, el país no sólo nadaba en sangre, sino estaba en una etapa de ascenso vigoroso del capitalismo. Las instituciones existentes no alcanzaban a conformarse ya a la expansión inusitada, y a una clase dirigente medrosa de un pueblo a la ofensiva, que había combatido el 9 de abril y estaba sublevado en los campos; no podía concebir un perfeccionamiento real del sistema democrático. La combatibidad de la clase trabajadora, por otra parte, de haber contado con una atmósfera democrática hubiera determinado más una orientación distinta del Estado.⁸² Estado que llevará a la democratización de la sociedad y ello era incompatible, no sólo con las ganancias de la burguesía, sino también con los intereses estratégicos, políticos y económicos de los grupos monopolistas que controlaban la política de los Estados Unidos en Colombia. De 1945 a 1950 habían dejado al país cien millones de dólares, el 50% de los cuales fueron invertidos el petróleo, en condiciones que un régimen de veras democrático no podía tolerar.⁸³

“La Dictadura del General Rojas Pinilla al servicio de los dos partidos se consolida y el ejército entraría a los campos arrasando pueblos, persiguiendo y asesinando campesinos. La resistencia campesina se desenvuelve y reacciona y se entra a la etapa de bandas armadas de bandoleros. El dictador Rojas Pinilla tratará de escoger al control de la burguesía liberal – conservadora afianzándose en el poder, pero es reemplazado el 10 de mayo de 1957 por una junta militar de cinco generales que entregan el poder a los civiles en 1958, cuando se inicia el Frente Nacional”.⁸⁴

“A pesar de todo, los años 50, los de la violencia, habían amparado cierto auge de la producción agrícola, por lo menos la de un sector moderno, en expansión, protegido por el gobierno, tanto la caña del Valle del Cauca, como el arroz del Tolima y del Huila, y el algodón en la Costa y el Tolima”⁸⁵

Finalmente, los sociólogos Germán Guzmán Campos y Orlando Fals Borda calcularon entre 200.000 y 300.000 los muertos por la violencia en este período y es el Tolima el departamento donde se pudieron cuantificar los daños del fenómeno: “Propiedades Rurales abandonadas hasta 1957. 93 – 882 casas incendiadas en el campo: 34.000 por un valor de $100.000.000 de pesos. Ingreso medio perdido por los propietarios 17.188.520. Daño emergente: robo de semovientes: bovinos, equinos, porcinos, aves, otros, 191.982.018. Pérdidas en fincas arrendadas: 78.886.006. Depósitos y otras edificaciones incendiadas hasta 1957 (13.42) por un valor de 15.752.880. Herramientas destruidas: 47.934.342. Lucro cesante: 529.263.419. Total $970.200.015 de pesos. Cifras equivalentes al presupuesto nacional de 1955”.⁸⁶

Además de estos mil millones de pérdidas materiales en el departamento del Tolima, socialmente hay que analizar los efectos que produjo. En el municipio del Líbano, epicentro de la violencia en el norte del Tolima, numerosas familias campesinas se vieron obligadas a buscar refugio en las barriadas del Líbano. Desalojados de sus tierras, sin trabajos ni medios para conseguirlo, se presentó para ellos una grave situación económica y social cuyos efectos externos se reflejan en la mendicidad, la vagancia, la pequeña ratería, la prostitución, etc. El 59% de los emigrados llegaron a la ciudad en referencia como consecuencia de la violencia. El mismo fenómeno se presenta a nivel nacional.⁸⁷

El Frente Nacional es el realineamiento de la clase dominante para reestructurar el manejo de la sociedad colombiana, precisamente ante la inestabilidad que habían causado con la violencia y con los nombramientos de los militares en el gobierno. Resuelven pues alternarse al poder durante los diez y seis años siguientes: (1958 – 1974).

La violencia sigue durante los primeros gobiernos del Frente Nacional y aparece una nueva violencia contra el poder establecido con el ejemplo de la revolución cubana en los años sesenta. La producción tuvo un cierto auge en estos años, por lo menos en el sector de la caña de azúcar del Valle del Cauca, el arroz en el Tolima y Huila y el algodón en la Costa y el Tolima.

“La agricultura, la ganadería, los bosques de propiedad privada ocupaban entonces la cuarta parte del territorio nacional. Sobre estas 27.337.000 hectáreas, los cultivos son calculados, según el censo agropecuario de 1960, en 3.530.000 hectáreas: los pastos, 14.605.000 hectáreas, los bosques 6.387.000 hectáreas y el resto los terrenos de rastrojo. La existencia de un complejo latifundio – minifundio, así como lo que es más específico de Colombia, la presencia de importantes capas medias aun cuando heterogéneas: pequeñas productoras de café, campesinos pobres o medianos, agricultores capitalistas. De 1209.672 explotaciones (lo que no quiere decir explotantes), 410.155 corresponden entre 5 y 100 hectáreas y poseen el 30% de las tierras explotadas; 40.151, entre 100 y 1000 hectáreas, ocupan el 30.5% de las tierras, y el resto representa el minifundio⁸⁸. Las formas indirectas de tenencia en los cuales predominan relaciones precapitalistas de producción, son las de 282.000 explotaciones que se extienden sobre 2.000.000 de hectáreas. La superficie de estas fincas, manejadas por arrendatarios, aparceros, etc., es significativa porque, por lo general, son tierras dedicadas a la agricultura propiamente dicha. El nivel técnico de dicha agricultura era bajo. Aun en 1968, después de 10 años de Frente Nacional, tan sólo el 3.6% de las explotaciones declaraban usar maquinaria, (la mitad en el Valle y el Tolima, donde más se desarrolló la agricultura capitalista). En 1965, el 16% de los cultivos anuales habían sido abonados⁸⁹

“En el censo de 1964, la población total era de 17.482.000 habitantes con una tasa de crecimiento de 3.2% al año, que desde entonces se redujo considerablemente. En este censo se clasificaba como rurales un 47.9% de colombianos que vivían en el campo en centros menores de 1.500 habitantes. La importancia de la agricultura en la vida nacional queda testimoniada por su proporción con el Producto Interno Bruto de 31.7% en 1960. Los productos agrícolas representan lo esencial de las exportaciones del país, en primer lugar el café, más de la mitad de las exportaciones en la década de los 60, pero también los bananos, el algodón, el tabaco, la carne. El 70% de los campesinos sólo recibía el 26% del ingreso del sector, el 5% superior – ya no eran campesinos- recibía el 43% de dicho ingreso”⁹⁰ Alberto Lleras impulsó la necesidad de una reforma agraria en el mensaje al Congreso en julio de 1959 apoyado por el jefe del partido liberal, Carlos Lleras Restrepo y la jerarquía católica. Ante la oposición del diario conservador El Siglo, por la SAC y por la Federación de Cafeteros, “luego de encarnizados debates, el Senado aprobó la reforma agraria, el 9 de junio de 1961 y antes de pasarla a la Cámara estallaron varios conflictos, bandolerismo social en el norte y centro del Tolima, en Caldas y Norte del Valle, donde aparece el movimiento guerrillero de nuevo tipo. El Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (MOEC), ocupaciones de tierras en varios lugares del país, en Cunday el sindicato desde finales de 1960, pedía parcelación de varias haciendas como el Revés, y a comienzos del año, empezó a invadir fincas ganaderas y cafeteras de la familia Uribe – Holguín (Guabinal, El Rodeo, Varsovia, Patecüinde). Este episodio que cubrió tres municipios del oriente del Tolima, fue visto como el preludio de una grave agitación agraria”⁹¹

Se aprueba pues la ley 135 de 1961, luego de innumerables modificaciones en su trámite ante el Congreso y su implementación se encarga al INCORA, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, con representación de múltiples sectores y el gerente nombrado por el presidente de la República. “En febrero de 1962 se constituyeron consejos de reforma agraria en varios departamentos: Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Huila y Valle, que en realidad tuvieron poca vida. En abril, después de un estudio en el que participó el padre y sociólogo Camilo Torres Restrepo, se creó el primer proyecto de parcelación en Cunday, Villarrica e Icononzo y un mes más tarde, en el sur del departamento del Atlántico (Manatí) a pesar de la oposición de los parlamentarios de los dos partidos tradicionales. Con la elección del presidente Guillermo León Valencia, indiferente, serio, hostil a la reforma agraria, el INCORA iba a tener que esperar cuatro años a que su principal promotor, Carlos Lleras, fuera Presidente de la República”.⁹²

“La organización de los campesinos en asociaciones de usuarios prevista por la Ley 135 y reglamentados por el decreto 755 del 2 de mayo de 1967, iba a dar otra cosa a las luchas campesinas, que el presidente Carlos Lleras quería orientar para el servicio de su proyecto de reforma agraria”⁹³

En 10 años, el INCORA recuperó por extinción de dominio 1.958.682 hectáreas de tierra, y por sesión voluntaria (en particular de empresas extranjeras, bananeras o petroleras) 131.872 hectáreas. En parte, estas tierras no estaban totalmente disponibles, ya que muchas de ellas estaban invadidas por colonos pequeños, medianos o grandes. El INCORA compró 2.294 explotaciones con una superficie de 196.544 hectáreas, expropió 27 explotaciones con 81.312 hectáreas y realizó 275 explotaciones con 107.958 hectáreas para el programa de aparceros y arrendatarios impulsado por Carlos Lleras”⁹⁴

“El Incora, de 1962 a 1971, tituló 3.662.082 hectáreas de baldíos, muy a menudo a campesinos o agricultores ya instalados con título precario sobre esos baldíos. Fue así que ingresaron 3957 títulos para 54.443 hectáreas y 4.722 contratos provisionales de asignación para 78.946 hectáreas en tierras compradas o expropiadas. Sobre las tierras cedidas entregó 3.548 títulos sobre 81.312 hectáreas y 170 contratos de asignación sobre 5.629 hectáreas; frecuentemente también se trataba de la legalización, útil, de autoridad, asentamientos. Anotemos además que buena parte de los resultados del período siguiente de Misael Pastrana se deben a proyectos emprendidos en el gobierno del mandatario liberal”⁹⁵

El decreto 2420 de septiembre de 1969, al reorganizar los servicios agrícolas del Estado, preveía la representación de los usuarios en todos los organismos. A comienzos de 1969, se reunieron organismos departamentales de los usuarios: la primera reunión en febrero, en Sucre, se celebró en presencia de Carlos Lleras y los representantes de los campesinos emplearon un lenguaje extremadamente radical. En diciembre, un seminario de ciento diez dirigentes campesinos, destinado a preparar el primer Congreso Nacional, participó de este radicalismo y atacó duramente la legislación de la reforma agraria. En marzo de 1970, en Sucre y en mayo, en el Huila se acusó a los usuarios de fomentar ocupaciones de tierras”.⁹⁶

“La SAC y FEDEGAN consiguieron del presidente el nombramiento de un comité encargado de evaluar los resultados de la reforme, este comité publicó su informe a comienzos de febrero de 1971 con muchas críticas al INCORA. Un grupo de ganaderos (Luis Robledo, Carlos Reyes Patria, Martín Vargas, el general Navas Poveda, etc.) creó el Movimiento Nacional pro – renovación de la agricultura y la ganadería para defender la propiedad contra el proselitismo extremista.”⁹⁷

En 1972 el gobierno de Pastrana inició el desmonte de la Reforma y de la asociación

de usuarios campesinos que se debatían en pugnas internas por el sectarismo de todas las corrientes de izquierda, quienes trataban de copiar los esquemas de la revolución agraria en los centros de los cuales dependían ideológicamente y de las mismas acusaciones que se hacían sobre el mal manejo de los dineros llegados de la cooperación holandesa y europea. Mientras tanto, el gobierno se alió con los sectores del conservatismo y el liberalismo representados por el senador costeño Evaristo Surdís, adoptando el Estado como políticas de gobierno cuatro estrategias y entre ellas el plan de Lauchin Currie, el que auspiciaba la agricultura de tipo empresarial y no la repartición de la tierra, como lo siguen practicando los gobiernos posteriores hasta hoy. Pero la contraofensiva definitiva se dio en Chicoral (Tolima) en 1972, donde se decidió modificar la legislación agraria con el fin de detener lo que se consideraba un proceso demagógico. Esta determinación vino a concretarse en la ley 5ª y 4ª de 1973. La ley 5ª completaba el dispositivo de financiación al agro mediante el Fondo Financiero Agropecuario que reemplazó al Fondo Financiero Agrario, creado por Carlos Lleras. Fomentaron entonces la producción comercial y la Ley 4ª modificó la Ley 135 cambiando las condiciones de indemnización de las fincas mediante una compleja, y en la práctica inaplicable, catalogación de las tierras y de su potencial productivo, al definir como adecuadamente explotadas las tierras que superaron los mínimos de productividad por hectárea, región o cultivo fijados por el Ministerio de Agricultura, al tiempo que se aumentó la cuantía a pagar en efectivo por las tierras adquiridas y se redujeron a cinco años los plazos de indemnización”.⁹⁸

“En 1975, ya bajo la presidencia de Alfonso López Michelsen, este dispositivo fue completado con la ley 6ª sobre aparcería que permitió, con la intención de aumentar la producción alimentaria, un contrato de trabajo por un tiempo determinado. El propietario se comprometía a suministrar elementos y herramientas para la producción, además de un avance sobre las utilidades calculadas. Establecía la ley 6ª el pequeño arriendo hasta tres hectáreas, por tres años como mínimo. En las fincas de más de doscientas hectáreas el dueño debía suministrar una parcela de media hectárea a sus peones, destinada a los cultivos de pan coger”.⁹⁹

Después de Chicoral, la represión a las invasiones se hizo más dura y fue encomendada al ejército nacional; se vio un ejemplo de ello cuando la ANUC quiso promover una marcha campesina en septiembre de 1973. En noviembre de 1972 en el sonado Congreso de la ANUC, este se dividió entre la línea Armería, a favor de la moderación y el Estado, y la línea Sincelejo, radical y contestataria, sería el golpe definitivo de esta forma organizativa del campesinado”.¹⁰⁰

“Entre 1976 y 1984, el DRI atendió a 98.000 familias y financió 355.000 hectáreas, construyó 1.200 kilómetros de vías e instaló 45.000 conexiones eléctricas en el campo; también construyó 402 acueductos, edificó o remodeló 246 puestos de salud, y 52 hospitales. Entregó 444 millones de pesos para créditos de comercialización; estas actividades se extendieron poco a poco hasta afectar, a 275 municipios de 18 departamentos organizados en 33 distritos. Los recursos son de un 60% nacional y el resto proviene de créditos externos. Entre 1973 y 1983 la ejecución financiera fue de 35.000 millones de pesos para el DRI y 9615 para el asociado programa para (Plan de Alimentación Nacional)¹⁰¹.

Las negociaciones de paz con Belisario Betancur permitieron de nuevo discutir el problema agrario pero no se resolvió nada en concreto. “La última ley de reforma agraria (Ley 160 de 1994) puede entenderse como la adecuación de la intervención del Estado para regular la estructura de la propiedad en un esquema de economía mas abierta e internacionalizada. El cambio fundamental consiste en sustituir la intervención directa del Estado por la operación del mercado asistido de tierras, creando algunos incentivos a los agentes privados para que participen en él. La intervención directa se deja sólo para casos muy particulares de conflicto o ubicación de desplazados por la violencia”.¹⁰²

“Hace más de 35 años, Colombia está haciendo tímidos y débiles intentos para reformar la tenencia de la tierra, sin éxito, tales intentos no han logrado una transformación significativa en la estructura de la propiedad, no han creado condiciones para transformar la base productiva y defender la tecnología y las articulaciones eficientes en el mercado. La razón ha sido la falta de voluntad de los dirigentes, de los políticos y de las clases propietarias para tanto procesos pacíficos de cambio y de adecuación de la estructura agraria a las necesidades de las sociedades rurales, en convergencia con el desarrollo económico y social del país”.¹⁰³

“Si a mediados de la década de los ochenta la gran propiedad había perdido empuje, la situación cambió en la década siguiente (1985 – 1995) debido al auge de compras de tierras por parte de narcotraficantes y capitales provenientes de la explotación de esmeraldas, y a la recomposición de la gran propiedad que acompañó el avance del paramilitarismo en el decenio del noventa. Estos hechos, infortunadamente, no se reflejan en las estadísticas catastrales, aunque las tendencias en algunas regiones comprueban la hipótesis. Las compras se destinaron a una ganadería extensiva de gran propiedad como expresión de dominio territorial, y los capitales y procesos ilícitos facilitaron el englobe de propiedades medianas en grandes fundos, constituyendo un neolatifundio dominado por los narcotraficantes en algunas regiones del país, en tanto que la pequeña propiedad continuó su fragmentación y la mediana perdió posiciones.”¹⁰⁴ Todo este dominio no sólo ejercido por narcotraficantes y paramilitares que como se ha visto están interrelacionados en la mayoría de las veces, sino que su separación práctica se hace muy complicado.

Los últimos gobiernos de Andrés Pastrana, Ernesto Samper y Álvaro Uribe Vélez, bajo el manto del nefasto modelo neoliberal, ven a la “Cuestión Agraria” como un asunto de: “competitividad y de excesiva intervención estatal. Esta visión deja a un lado los asuntos de equidad, de diferenciación, de marginalidad y de escaso ascenso social. La agricultura se pone de igualdad en condiciones con el resto de los sectores de la economía, desconociendo la naturaleza de sus interrelaciones con el sector urbano – industrial y las asimetrías en el comercio internacional. Además, la visión neoliberal pretende reducir todos los actores y subsectores de la economía agrícola a un sólo patrón de crecimiento económico”.¹⁰⁵

Llegamos pues al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, un notable y grande hacendado ganadero, elegido por una coalición de la derecha liberal y del conservatismo, quien liquidó y eliminó al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y abandonó todo el proyecto agrario de redistribución de la tierra”.¹⁰⁶

Mientras tanto, el narcotráfico adquirió gran parte de las mejores tierras colombianas de todos los tamaños y luego los grupos paramilitares organizados por varios gobiernos nacionales se han ido apoderando de las tierras de los campesinos, al punto que a mediados de 2004 hay mas de tres millones de campesinos desplazados de los campos y poblaciones menores”¹⁰⁷

En el Tolima, Ibagué, su capital, se ha convertido en la ciudad con más desempleados, y en el departamento el número de familias individualmente expulsadas durante los últimos años es de 7.562 correspondientes a 34.029 personas que representa el 4.2% de las familias afectadas por esa problemática en el ámbito nacional, lo cual ubica al departamento en el 10º lugar. Frente al desplazamiento masivo, afectó a 1.346 hogares, para un total de 6.057 personas que se traduce en el 2% de lo registrado nacionalmente para un total de 8.908 familias y 40.086 personas”.¹⁰⁸ “Además del fenómeno del desplazamiento producido por los cultivos ilícitos, se presenta la agudización del conflicto armado, por los actores que participan en este tipo de actividades. Las imposiciones que se les hace a los amapoleros y cocaleros no dejan de ser humillantes”.¹⁰⁹

El final de su primer periodo presidencial, el reelecto gobernante Álvaro Uribe Vélez aceptó el tratado de libre comercio (TLC) de Colombia con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, presidido por Busch.¹¹⁰ Estamos los colombianos ante el reto de un tratado que lesiona los intereses nacionales y que se suma entre otros al desmonte de la Reforma Agraria, que tendrá como resultado el atraso y la miseria. “El siglo XXI no será para Colombia el de los grandes avances científicos, económicos, políticos, y sociales, como está ocurriendo en casi todo el mundo; sino el de reiteración y continuación del atraso, la pobreza, la miseria y la pérdida de soberanía de los colombianos”¹¹¹

Según los argumentos del senador Robledo: “El primer gran damnificado en el agro será el sector de los cereales, certeza que suelen compartir por lo menos en privado hasta los criollos partidarios del TLC, pero no hay ninguna posibilidad de resistirles a las productividades gringas y a sus enormes subsidios. En el caso del maíz (amarillo y blanco), el TLC también busca hacer irresistibles las importaciones, que hoy llegan a 1.800.000 toneladas, cuando en 1990 eran de apenas 17.000 y aumentar esas compras en por lo menos otro millón en un plazo brevísimo. La carne de pollo quedará totalmente desprotegida en 17 años, pero ese plazo es más demagógico que efectivo por cuanto, según ha explicado Fenade, la agremiación de los avicultores, el arancel para los cuartos traseros (perniles, rabadillas) sazonados, queda en apenas el 70 por ciento, cuando la tonelada cuesta en Estados Unidos 506 dólares y en Colombia 1650, en razón de que, como es sabido, los estadounidenses consideran como desechos a esas partes de las aves”.¹¹²

Finalmente, debemos mirar el “Estatuto de Desarrollo rural”, propuesta del gobierno Uribe. El procurador general de la nación, Edgardo Maya, planteaba reparos al articulado del proyecto y advertía que la norma legalizaba predios ilegítimamente adquiridos por grupos armados ilegales y que esto podría prestarse para el lavado de activos. Aunque las disposiciones de la norma se enmarcan dentro de los proyectos productivos de paz, se desconocen los derechos de las víctimas, desplazados por los grupos paramilitares, a la verdad, la justicia y la reparación”¹¹³ “Por otra parte, la senadora Piedad Córdoba dijo en el Senado que el proyecto sólo parecía beneficiar a los terratenientes”.¹¹⁴

Hecho este balance histórico desde la llegada de los conquistadores españoles, hoy podemos decir con mi maestro de economía agraria, Antonio García: “El modelo político colombiano es el mismo que caracteriza a la República Señorial”. Estricta hegemonía política de las clases privilegiadas y sofisticada desarticulación al Estado liberal de derecho, concentración articulada del poder económico y del poder político, resolviendo la antinomia creada en los ciclos de república liberal y populista; predominio de ideologías de apaciguamiento social con el fin de aplazar el estallido de las tensiones o conflictos y eludir históricamente los cambios estructurales; aplicación de medidas de dirección táctica orientadas hacia la retención de población campesina de ciertas zonas rurales o hacia la conducción de las corrientes migratorias a zonas de colonización periférica. Las líneas ideológicas de este modelo se insertan en la concepción tradicional que identifica desarrollo nacional con simple modernización de las condiciones del crecimiento agrícola, medida en términos de producto por habitante”¹¹⁵

Las nuevas fuerzas comprometidas en un verdadero cambio de la sociedad colombiana para resolver de manera estructural el problema agrario, deben “Iniciar una operación estratégica de cambio estructural. Esta operación tiene una serie de implicaciones. 1. Demolición total o parcial de la estructura o estructuras latifundistas; 2) La alteración radical de las reglas institucionales de juego y 3) La sustitución parcial o total de las estructuras vigentes por otra capaz de responder a las exigencias articuladas del desarrollo económico y social. La reforma agraria es una operación estratégica de innovación profunda o de sustitución radical de la estructura latifundista; de lo contrario carecería de sentido y de objeto. Los tipos de pequeñas reformas agrarias – de carácter simplemente ejemplar o de alcances estructuralmente paliativos – desordenan la antigua estructura sin crear las fuerzas generadoras de una nueva dinámica económica y social”. ¹¹⁶

A manera de conclusión podemos agregar que el “problema agrario” tiene que ver con una visión integral, puesto que lo rural y lo urbano deben estar articulados en una sola visión del desarrollo nacional. De otra parte debe resaltarse que la corrupción es otro elemento que debe ser tenido en cuenta al establecerse que se compran tierras no aptas a elevados precios para favorecer a los terratenientes, siendo funcionarios del INCORA y del INCOTER los ejecutores del ilícito. Igualmente en el campo se sufre más que en otros sectores ante el radical enfrentamiento entre la política de seguridad y la lucha contrainsurgente, agregando que el problema paramilitar y del narcotráfico se han vuelto incontrolables: No será fácil crear una nueva sociedad en Colombia con las soluciones ofrecidas hasta hoy.

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